La abogada Kim Hunter recibió este mes una carta de autoridades inmigratorias en la que le informaron que le prohibían la entrada a un centro de detención de familias en el sur de Texas por haber exigido de manera "beligerante" la liberación de sus clientes una noche a fines de julio.
Andrew Free se enteró el 3 de agosto que también le prohibieron la entrada a la mayor instalación de su tipo en el país después que el abogado entró en un juzgado móvil 10 días antes para preguntar por qué funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) se reunían con sus clientes sin su conocimiento. La agencia afirma que los dos violaron las normas de visitas, pero una coalición de abogados de inmigración sostiene que las prohibiciones no tienen precedente y luchan por rescindirlas como parte de sus esfuerzos por mejorar el acceso a las madres inmigrantes y sus niños que están en el país sin autorización y que son retenidos en ese centro.
"Nunca había encontrado tanta cantidad de modos de interferir con el acceso", dijo Hunter, que llegó a fines de julio de St. Paul, Minnesota, para desempeñarse pro bono.
Ella es una de 500 abogados de todo el país que han ofrecido voluntariamente una semana por vez para trabajar con alojados en el centro de Dilley, que tiene 2,400 camas pero que actualmente alberga a unos 1,000 inmigrantes.
El centro ha enfrentado una intensa oposición política y legal después que el gobierno estadounidense lo abrió junto a otro en Texas en reacción a la llegada de decenas de miles de mujeres y niños centroamericanos el año pasado. El viernes, un juez federal ordenó la pronta liberación de los niños, junto a sus madres de ser posible, lo que los abogados de Seguridad Nacional objetan y pueden apelar.
Los abogados voluntarios explican que su representación es vital para ayudar a las mujeres a aprobar las entrevistas que son el primer obstáculo en la búsqueda de asilo.
