Prohibido prohibir

Weldon Angelos, un estadounidense de 24 años con dos hijos pequeños, fue detenido en 2002 en Utah por vender, en posesión de una pistola, tres dosis de marihuana a unos agentes encubiertos. Las dosis fueron consideradas por el fiscal como tres casos distintos, lo cual convirtió a Angelos en "reincidente" de un solo golpe. La posesión del arma, si bien no es un delito en Estados Unidos, se consideró como agravante. Todo esto llevó a que, en razón de las leyes de sentencia obligatoria, Angelos fuera condenado a 55 años de cárcel sin posibilidad de liberación temprana.

Para el juez era y es evidente que el joven Angelos, que estaba iniciando una carrera como productor musical con su propia empresa, no era un peligro para la sociedad. Las transacciones comerciales por las cuales se le condenó eran consensuadas entre adultos y tenían un valor de menos de mil dólares. Aun así las reglas vigentes obligaron al juez a imponerle una sentencia muy superior a la que habría tenido con delitos mucho peores, incluso el homicidio.

En un reciente reportaje del programa de televisión Nightiline de ABC, el juez Paul Cassel se lamentaba. "No era lo correcto. El sistema me forzó a hacerlo." Hoy retirado y dedicado a una cátedra de derecho en la Universidad de Utah, Cassell apunta: "Si [Angelos] hubiese sido un secuestrador aéreo, se le habría sentenciado a 24 años de cárcel. Si hubiera sido un terrorista, se le habrían dado 20 años. Si hubiese violado a un niño, habría recibido 11 años." Pero la ley de sentencias mínimas obligó al juez a imponerle 55 años de cárcel sin posibilidad de liberación temprana.

Si llega a sobrevivir esta sentencia, Angelos saldrá de la cárcel a los 79 años en 2057. Sus hijos, ya adolescentes, han tratado de mantenerse en contacto con él y han peleado para que se revise la sentencia. Pero el sistema se mantiene firme en su decisión.

Además del costo humano hay también una factura económica para la sociedad por esta pena carcelaria. Los 55 años de cárcel Angelos tendrán un costo para los contribuyentes de 1.5 millones de dólares. Sin duda la sociedad estadounidense tiene mejores usos para ese dinero que mantener en la cárcel a una persona que no representa un peligro para nadie.

La guerra contra las drogas ha generado tragedias humanas que rebasan con mucho el daño que pudiera causar el consumo de estas sustancias. En México el esfuerzo por impedir el comercio y consumo de las drogas ha dejado cientos de miles de muertos, entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ni en el peor de los escenarios el consumo de drogas habría dejado una cifra siquiera cercana al 1 por ciento de esta mortandad. De hecho, no hay un solo caso registrado de muerte por sobredosis de marihuana, una de las drogas que más detenciones ha generado en Estados Unidos y México y la que llevó a la cárcel a Angelos.

Tanto el alcohol como el tabaco son sustancias más dañinas a la salud que la marihuana y, sin embargo, se venden sin problemas en buena parte del mundo. La caída en el consumo de tabaco en los países desarrollados ha demostrado que es más fácil reducir el consumo de un producto reglamentado que el de uno prohibido. La paradoja del tema es que hoy en varios estados de la Unión Americana ya es legal el consumo de marihuana, mientras que en Estados Unidos sigue habiendo reos condenados a larguísimas penas carcelarias por venderla. En México seguimos sufriendo violencia como consecuencia de una insensata guerra contra el narco.

Si hubiera una sustancia que causara tantas muertes, tanto sufrimiento y tanto costo a la sociedad hace ya mucho tiempo que habría sido prohibida. Por eso hoy es tan importante prohibir la prohibición.

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