El PVEM señaló que promoverán reformas a las leyes 'para terminar con el inequitativo sistema de spotización actual que solo beneficia a algunos partidos y no contribuye al debate democrático de las ideas y propuestas pero si ha perjudicado a los concesionarios'. (Archivo)
El PVEM promovió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado mexicano por considerar que las sanciones que le han sido impuestas, y el modelo de comunicación política que prohibió a los partidos comprar espacios en radio y televisión viola los derechos humanos de acceso a la información.
El vocero de ese partido y senador Carlos Puente argumentó que ese modelo beneficia la spotización y "ha perjudicado a los concesionarios de la radio y televisión con una doble tributación impuesta injustamente" por lo que el caso de las sanciones del Verde abre la oportunidad de que sea revisado.
Por ello de manera paralela promoverán reformas a las leyes "para terminar con el inequitativo sistema de spotización actual que solo beneficia a algunos partidos y no contribuye al debate democrático de las ideas y propuestas pero si ha perjudicado a los concesionarios".
La dirigencia nacional del Verde acudió hoy a la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) a unas horas de que, en su sesión extraordinaria, se discuta y eventualmente se apruebe una multa por 329 millones 295 mil pesos por recibir aportaciones indebidas.
Puente, el vocero nacional y coordinador de los diputados del PVEM, Arturo Escobar y Vega, el coordinador de los senadores Pablo Escudero, así como diputados y senadores defendieron la legalidad de los informes legislativos pues -sostuvieron- fueron en ejercicio de sus obligaciones y para garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir reportes.
Así, advirtieron que se pretende sancionar al PVEM de manera retroactiva "violentando el principio de certeza jurídica por una supuesta sobreexposición, una violación inexistente a la normatividad electoral".
Ese cambio de reglas "vuelve absurdo cualquier rendición de cuentas" y afecta la libertad de expresión, la obligación de los servidores públicos a informar y de los ciudadanos a ser informados, expuso Puente.
