Respaldo. El Presidente estuvo rodeado de la plana mayor de la política mexicana.
En un país descreído con los políticos y la política en general, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información fue publicada ayer para ofrecer a los mexicanos la posibilidad de consultar datos sobre servidores públicos e instituciones, y hacerles rendir cuentas.
Esta nueva ley establece los principios de transparencia comunes para todo el país, obliga a organismos públicos y privados a entregar información, con excepción de la Suprema Corte, y hace autónomo al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que también gana facultades.
Prevé la creación de un Sistema Nacional de Transparencia que contará con una plataforma en internet para que los ciudadanos puedan consultar toda la información pública disponible, que deberá ser aportada por organismos públicos, entidades autónomas del Estado, sindicatos, partidos y otros sujetos obligados.
La norma, aprobada en la Cámara de Diputados en 2013 y por el Senado en marzo pasado, entrará en vigor mañana y, según aseguró hoy el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, "con esta nueva ley se cierran espacios de opacidad y discrecionalidad y se abre una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en todo el país".
Y es que la transparencia, apuntó el mandatario en el acto de promulgación celebrado en el Palacio Nacional, "fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público", ayuda "a prevenir y a combatir la corrupción", "promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión publica" y "empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan cuentas".
En el acto estuvieron presentes diversos miembros del gabinete presidencial y funcionarios públicos, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, quien dijo que la transparencia es "un valor fundamental" del Estado democrático de derecho.
Destacó la importancia de "contar con estrategias vanguardistas de comunicación con la ciudadanía por un lado, y de poner en práctica la rendición de cuentas a través de mecanismos e instrumentos al alcance de toda la población".
En su intervención, Peña Nieto recordó los principales puntos de esta norma, entre los que está la obligación de hacer transparente la información que posean las autoridades, entidades y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
También estarán sometidos los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
La Ley, además, "fortalece los medios de defensa de los particulares que solicitan información y es rigurosa contra quienes incumplan sus obligaciones de transparencia".
En este sentido, se incorporan 15 nuevas causas para sancionar a los servidores públicos que oculten, inutilicen o nieguen deliberadamente información pública.
Peña Nieto señaló que "los gobiernos abiertos son la nueva frontera de nuestra democracia" y "son un nuevo modelo colaborativo que está transformando la manera en la que interactúan ciudadanos y autoridades".
Los mexicanos, agregó el presidente, "tienen derecho a conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos" y a "a saber qué hacen sus autoridades, y cuáles son sus resultados".
"La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia", abundó.
Con esta ley prevalecerá el principio de máxima publicidad y toda la información deberá dar certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.
El documento señala que no se podrá clasificar como reservada "aquella información que está relacionada con la investigación de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad", a excepción de la que "por razones de interés público y seguridad nacional" podrán reservarse "temporalmente".
