Riesgo. Pretenden que el estado de Guerrero mejore sus condiciones de violencia que complica la vida de los ciudadanos.
El Gobierno mexicano debería poner en manos de un fiscal especial apoyado por una comisión investigadora internacional la ardua tarea de enfrentar la "terrorífica" situación creada en el estado sureño de Guerrero por el hecho de que no haya diferencias entre autoridades, políticos y delincuentes.
La recomendación forma parte de informe "Desaparecidos: la justicia denegada en el estado mexicano de Guerrero", en el que la organización independiente International Crisis Group insta a la comunidad internacional, y a Estados Unidos en especial, a cooperar con México para desactivar una "tragedia".
Según el estudio publicado ayer, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el pueblo de Ayotzinapa hace más de un año, presuntamente a manos de policías aliados con narcotraficantes, "no es una anomalía" ni "un incidente aislado" en Guerrero, un estado donde se han borrado las líneas que separan a "la política, el gobierno y la delincuencia".
ICG agrega que los errores y omisiones detectados en la investigación de esos y otros hechos han generado tal desconfianza en las autoridades que ahora se requiere "la credibilidad de expertos internacionales".
Para la organización con sede regional en Bogotá, la "gravedad de la violencia y la corrupción" en Guerrero hacen necesario que el Gobierno de Enrique Peña Nieto vaya más allá de su decisión de nombrar nuevos fiscales para el caso Ayotzinapa y de ponerlos a trabajar en coordinación con expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"El gobierno federal debe poner en manos de un fiscal especial independiente, apoyado por una comisión investigadora internacional con poder para participar activamente en los procedimientos, la investigación de las desapariciones no resueltas y otras importantes violaciones de los derechos humanos" en Guerrero, señala.
Preguntado si ICG promueve para México algo parecido a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Javier Ciurlizza, responsable para América Latina de la organización, dijo ayer que "la experiencia de la CICIG puede ser útil al momento de diseñar una comisión que acompañe las investigaciones sobre estos casos en México".
"Pero probablemente no se requiera una comisión totalmente foránea y México tiene recursos y capacidades para complementar una presencia internacional".
El nuevo fiscal para Guerrero que ICG propone debería proceder de fuera del Gobierno, tener experiencia en litigios de derechos humanos y libertad para abrir nuevas líneas de investigación.
Sus investigaciones deberían contar con asistencia y supervisión de una comisión internacional formada por expertos en derecho penal y derechos humanos y auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y/o la Organización de Naciones Unidas.
Esa comisión, con un mandato renovable de dos años, dice el informe, debe tener autoridad para participar en procedimientos penales y acceder plenamente a pruebas y testigos, así como para trabajar con grupos de víctimas y activistas de los derechos humanos con vistas a reunir información y tramitar reparaciones.
ICG cree que las autoridades pueden empezar a recuperar la confianza perdida poniendo al descubierto a funcionarios "ineptos, cómplices y corruptos", para después avanzar en la reforma del sistema de justicia y en la depuración y profesionalización de las fuerzas policiales federales, regionales y locales.
Uno de los objetivos centrales de la reforma judicial debe ser el fin de la impunidad en los casos graves de violaciones de los derechos humanos, como la desaparición forzada de personas.
ICG dice que "las desapariciones proyectan una larga sombra sobre el sistema de justicia de México", país donde hay mas de 26,000 casos sin resolver de personas desaparecidas, según datos oficiales.
Además, en Guerrero, el principal estado productor de heroína de México, las tasas de homicidios fueron las más altas del país en 2014 y en la primera mitad de 2015, a pesar del despliegue de más policías federales, las muertes violentas aumentaron un 20 % respecto al mismo período de 2014.
"La impunidad, incluso cuando se trata de homicidios, es la norma", dice International Crisis Group.
El informe contiene un mensaje especial para Estados Unidos, el principal destino de la heroína elaborada en Guerrero y también de parte de la riqueza que obtienen los que comercian con esa droga.
"La tragedia de Guerrero es más que un fracaso de las instituciones mexicanas" y "a Estados Unidos claramente le interesa que se refuerce la ley y la justicia en un estado que suministra mucha de la heroína que alimenta una epidemia creciente" de adicción al norte de la frontera, dice ICG.
Por eso, pide al Gobierno estadounidense que apoye con "dinero y asistencia técnica" a "fiscales fuertes e independientes" en México.
