Aunque el ejercicio de los recursos públicos ocupa un lugar privilegiado en el debate del círculo rojo, en realidad muy poco se ha avanzado para alcanzar mayores niveles de eficiencia, disminuir los riesgos de la malversación e incrementar la utilidad e impacto de los mismos. La transparencia pregonada por los distintos niveles de gobierno no ha sido acompañada hasta ahora de la rendición de cuentas y de la participación ciudadana en la construcción de los presupuestos y la supervisión de su aplicación. Sin estos dos elementos, la democratización de la administración pública, supuesta aspiración de la República, será una tarea incompleta y la visión patrimonialista del manejo del erario, un vicio recurrente de quienes gobiernan.
La reciente controversia desatada en torno al manejo de los recursos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) se inserta en una realidad que, con matices, aqueja a la mayor parte de la República: la concentración en unas cuantas manos de la decisión sobre el uso del dinero del erario. La discusión sobre el impuesto que cobra el Estado de Coahuila se da precisamente en los días en que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, es decir, el gasto que se ejercerá el próximo año en las 32 entidades federativas. No es un asunto menor cuestionar cómo es que se decide a dónde se destinan los pesos y centavos recaudados por el gobierno a través de los impuestos, y mucho menos vigilar la forma en la que se ejercen. ¿Qué tanta participación tiene la ciudadanía en estas decisiones y en la supervisión de dicho ejercicio?
El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), organismo que asume la representación de varias cámaras y empresas de la región, solicita que la bolsa del ISN sea manejada a nivel municipal en vez de que sea el Estado quien la administre. El argumento de la petición es que el gobierno de Coahuila ha dejado de aportar el dinero convenido a razón de peso por peso para contar con recursos mayores para invertirlos en obras de infraestructura vial que repercutan en la competitividad regional, tal y como fue el objetivo original del ISN. Además, el CLIP ve una falta de interés por parte del ejecutivo estatal en generar un consenso a la hora de decidir los proyectos, y prueba de ello es la inconstancia en la realización de las reuniones en donde se discuten las propuestas. El resultado: el gobierno estatal, respaldado por el municipal, es el que termina por imponer su agenda.
A esta postura del CLIP se adhirieron ayer doce asociaciones civiles, entre las que se encuentra Participación Ciudadana 29, que desde su formación ha mantenido una postura crítica hacia el desempeño de los gobiernos de Coahuila y de Torreón. En un desplegado publicado el domingo y firmado por Ricardo Segura, asociado a PC29, las organizaciones respaldan la propuesta del CLIP de que sea el ayuntamiento de Torreón el que maneje directamente los recursos del ISN sin la necesidad de que sean "triangulados" por el gobierno de Coahuila; o, de lo contrario, que los empresarios dejen de pagar el impuesto. La reacción del alcalde priista de Torreón, Miguel Riquelme, fue la de descalificar al responsable de la publicación acusándolo de responder a los intereses del PAN para golpear al ayuntamiento con fines meramente políticos, de engañar a los organismos firmantes, entre otras cosas. Además defendió el actual esquema de coordinación entre los gobiernos municipal y estatal para la ejecución de obra pública, la cual, dijo, corre a cargo del gobierno de la ciudad en un 70 por ciento.
Más allá de la polémica, los señalamientos y descalificaciones, es necesario centrar el debate, no sólo del manejo del ISN sino de todos los recursos del erario, en un punto: cómo se construye la decisión de qué hacer con los dineros públicos, acción que termina convertida en una política pública, un programa o una obra. ¿Quién dice que se debe construir un puente en cierto bulevar en vez de invertir en mejorar las banquetas o el transporte público? ¿Quién dicta que la mayor parte del presupuesto se debe aplicar en mejorar la movilidad de un sector privilegiado de la sociedad y no la calidad de vida de la mayoría? ¿Por qué se decide construir primero un edificio burocrático que crear un espacio público o mejorar los ya existentes? En este sentido, la propuesta del CLIP, si bien positiva, es acotada. A su ver, ya no sólo sería el gobierno estatal quien asuma la decisión, sino también la iniciativa privada. Pero, ¿y el resto de la ciudadanía?
Una mayor participación de la ciudadanía, bajo esquemas confiables y efectivos, pudiera incidir en disminuir la discrecionalidad en el manejo del dinero de todos. Pensar que sin la democratización en este nivel de toma de decisiones, de la noche a la mañana las obras públicas tendrán costos reales, los programas sociales no irán destinados a tejer redes de clientelas electorales, las políticas públicas se construirán pensando en el beneficio de la mayoría y los presupuestos se discutirán bajo una lógica de las necesidades ciudadanas, es un acto de suma ingenuidad. En cuanto al gobierno, ofrecerlo en su discurso es demagogia pura. Pero difícil que haya participación si no existe interés y no puede haber interés si no hay información. Y es por ello que la información tampoco puede ser manejada como un patrimonio de los funcionarios y debe llegar a la mayor audiencia posible. En este contexto, la vigilancia y la crítica son necesarias, mientras que las descalificaciones personales salen sobrando.
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