A penas el 9 de junio el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que no debe haber confusiones en torno a la evaluación educativa: "Las reformas estructurales alcanzadas son mandato de ley. Sólo tenemos una obligación: cumplirlas. De aquí que no quepan confusiones, ya que no está en la decisión del gobierno decidir si van o no van, o si se llevan a cabo o no."
Pero yo me confieso confundido. La ley ordena que no se paguen los sueldos de los maestros de escuelas públicas que no se presenten a trabajar y su destitución si tienen más de tres faltas sin causa justificada.
Por eso ahora estoy completamente hecho bolas. ¿De qué sirve que el presidente afirme que el gobierno tiene obligación de cumplir el mandato de ley si a la primera amenaza se echa para atrás y actúa como si la ley no existiera?
Ayer por la madrugada la Secretaría de Educación Pública depositó el dinero de la primera quincena de junio de los maestros de la sección 22 pese a que éstos abierta y públicamente no se presentaron a trabajar desde el primer día del mes. Se trata de 380 millones de pesos de los contribuyentes pagados de manera ilegal.
La sección 22, acostumbrada a poner de rodillas al gobierno de Oaxaca, estaba buscando probar el temple del régimen federal y ha demostrado su debilidad. Supongo que en dos o tres semanas saldrán funcionarios a regañarnos a los ciudadanos por estar confundidos y reiterarán que en México el gobierno siempre se atiene a lo que dice la ley. Ya lo hizo el presidente Peña Nieto.
Sin embargo, cada vez es más difícil justificar el pago de salarios a maestros que simplemente no se presentan a las aulas, especialmente cuando la legislación educativa se modificó expresamente para evitarlo. Si la autoridad se iba a echar para atrás de una manera tan ignominiosa mejor habría sido no incluir en la Reforma Educativa las disposiciones que tienen que ver con las faltas de los maestros. Estas reglas, por otra parte, no son distintas de las que establecen las leyes laborales generales o las que rigen el servicio público.
Un día antes de que se hiciera el pago de la nómina, el 15 de junio, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, afirmó en el Club de Industriales que "llueva o truene habrá evaluaciones. Seguirá habiendo evaluación en México porque quien piense lo contrario ofende al presidente Peña que desde su discurso inicial señaló: no más plazas espurias, no más plazas vendidas, no más plazas heredadas".
Yo no sabía que quienes ponemos en duda la capacidad o la voluntad del Estado mexicano de sostener la Reforma Educativa estamos ofendiendo al presidente. Más bien pienso que un gobierno que no se atreve a aplicar la ley ofende a los ciudadanos y los deja en la indefensión.
El secretario de educación afirmó también el lunes que el gobierno federal no tiene las facultades para sancionar a los maestros faltistas pues son los gobiernos de los estados los que reportan la nómina de maestros y, hasta ahora, ¡el gobierno de Oaxaca no ha reportado ninguna falta de maestros!
Ante estas declaraciones yo me confieso absolutamente confundido. No es que quiera ofender a nadie. La ley dice que los contribuyentes no tenemos que pagar los sueldos de maestros que no se presentan a trabajar y añade que si éstos acumulan más de tres faltas sin causa justificada serán destituidos. Pero la SEP y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca parecen haber sido cómplices en la omisión de la aplicación de la ley.
Yo me pregunto, ¿qué va a hacer la Auditoría Superior de la Federación ante esta omisión? ¿Permitirá que por miedo a la CNTE los funcionarios sigan malversando el dinero del erario, porque eso representa pagar lo que no se debe cubrir? ¿O acaso hacer esta pregunta es ofender al secretario y al presidente?
DEBILIDAD
Si el gobierno federal piensa que por haberse rendido ante la sección 22 ésta será más dócil en el futuro, habrá que advertirle que está equivocado. La CNTE no toma las concesiones como signo de flexibilidad sino de debilidad.
Twitter: @SergioSarmiento
