Juramento. La nueva procuradora decidió jurar su nuevo cargo sin pronunciar discurso alguno.
El Senado mexicano decidió ayer dejar de lado la relación familiar de Arely Gómez con el vicepresidente de Televisa y ratificó el polémico nombramiento hecho por el presidente Enrique Peña Nieto para que sea la nueva fiscal general.
En la votación, 104 senadores dieron el sí al nombramiento, otros cinco se opusieron y uno más se abstuvo. Tras conocerse los resultados, Gómez entró en la Cámara alta y juró su cargo con un rotundo "sí protesto".
En sus diversas intervenciones, los senadores aludieron a un posible conflicto de interés por el hecho de que la nominada por Peña Nieto sea hermana del vicepresidente de Televisa, Leopoldo Gómez.
En este sentido se pronunció el senador Manuel Bartlett, del izquierdista Partido del Trabajo, quien dijo que su grupo parlamentario votó en contra al considerar que hay "parcialidad" en su designación, cuando el fiscal debería ser "independiente".
Gómez, quien hoy no pronunció un discurso al asumir el cargo, el lunes explicó a una comisión del Senado que su hermano "ha trabajado en diversos lugares, algunos en el sector público, y siempre lo ha hecho con la misma autonomía" que ella. "Nuestras trayectorias no tienen vinculación alguna", aseveró.
El mandatario propuso el viernes paso a Gómez para suceder a Jesús Murillo, quien ese día asumió su nuevo puesto como secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
Al igual que la entrada de Gómez, la salida de Murillo de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) fue polémica dado que dejó sin resolver el caso sobre la desaparición de 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala.
En este sentido, la nueva procuradora dijo el lunes que no va a dar "carpetazo" al caso y que hoy se reunirá con un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes están en México para revisar la investigación oficial.
Sus objetivos principales, aseguró, serán rediseñar el área de transparencia de la institución y atender las observaciones de organismos de derechos humanos.
Aunque la mayoría de los senadores respaldó el nombramiento, todos coincidieron en lo complicado del momento actual, con desafíos como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o las ejecuciones extrajudiciales registradas a mediados del año pasado en Tlatlaya.
"No la encontrará fácil, asume una responsabilidad muy compleja, en una situación muy complicada, que tiene que tomar medidas realmente trascendentales", dijo la senadora del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña.
El Senado será "el contrapeso real" para "verificar" que el cumplimiento de su deber "sea realmente el que estamos esperando", apuntó.
