La seguridad pública sigue siendo la principal preocupación de un amplio sector de la ciudadanía torreonense. Así lo reflejan los resultados de la encuesta realizada en noviembre pasado por el Barómetro de Opinión Pública de México Avanza. De acuerdo con el reporte, el 53 por ciento de los entrevistados en Torreón considera que la inseguridad, ya sea por delincuencia organizada o común, es el principal problema de la ciudad. Pese al discurso oficial, los ciudadanos siguen percibiendo a La Laguna como una región insegura. Según el estudio de opinión pública, el 87 por ciento de los entrevistados declaró sentirse inseguro en su ciudad. ¿Cómo leer este desfase entre la percepción ciudadana y las cifras que presentan las autoridades?
Es cierto que los índices delictivos han disminuido en el último año en comparación con los registrados en años anteriores. Por ejemplo, en 2012 se cometían en promedio tres homicidios al día en la zona metropolitana; en 2013 bajó a casi dos diarios, y en 2014 a menos de uno al día. Sin embargo, el área conurbada de Torreón sigue figurando entre las 50 zonas más violentas del mundo y entre las 10 con mayor tasa de homicidios en el país, de acuerdo con el Consejo para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Al respecto, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna si bien reconoció en fecha reciente los esfuerzos de las autoridades para enfrentar el fenómeno, advirtió que las tasas de delitos en la comarca continúan por encima de las observadas a nivel nacional. El Consejo hizo hincapié en que el problema de la violencia debe enfrentarse con una perspectiva metropolitana. Y en este sentido, criticó la labor de las corporaciones estatales y municipales en Gómez Palacio y Lerdo, en donde los índices delictivos registrados han aumentado los promedios de toda la región.
Frente a los cuestionamientos y la percepción de la ciudadanía, las autoridades mantienen el discurso de que en materia de seguridad van por buen camino. Los gobiernos de Rubén Moreira, en Coahuila, y de Jorge Herrera, en Durango, han negado que exista un repunte de los hechos delictivos y de la actividad del crimen organizado en la región. Por su parte, el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, ha dicho que la región estaba peor, mientras que su homólogo de Gómez Palacio, José Miguel Campillo, negó que su municipio sea el que esté elevando los índices de inseguridad regional.
En medio de esta guerra de datos, discursos y percepciones sobre la violencia en La Laguna, es necesario tomar en cuenta algunos aspectos del fenómeno. En primer lugar se puede decir que si bien los niveles de delitos en general han disminuido en comparación con los años más violentos (2011 y 2012), aún se está lejos de llegar a los niveles que se registraban antes de la peor crisis de seguridad por la que ha atravesado la comarca en su historia reciente. Además, aunque la tendencia en los homicidios ha ido a la baja desde 2013, en algunos meses se han registrado repuntes, como el que se vive en enero, con 24 homicidios en sólo 25 días.
En segundo lugar, aunque la actividad de los grupos del crimen organizado ha bajado, existen claros indicios de que continúan operando en varios sectores de la ciudad. Uno de ellos son los mensajes intimidatorios que bandas rivales han dejado en algunos de los cuerpos que han aparecido con huellas de violencia en varios puntos de la ciudad. La reciente detención del líder de un cártel en la región lagunera de Durango revela que el hampa organizada "no se ha ido" aunque el perfil con el que se mueve es más bajo que el observado entre 2009 y 2013.
En tercer lugar, aún no queda claro si la disminución de la actividad delincuencial se debe a la estrategia de choque emprendida por las corporaciones policiacas o por el desgaste que sufrieron en su disputa por el control del territorio. Pero más allá de esto, el esfuerzo y los recursos de las autoridades se han concentrado hasta ahora en la labor de contención de la violencia, lo cual si bien es necesario, no es suficiente. Hace falta trabajar en mejorar la eficiencia de las instituciones de procuración de justicia y en combatir los factores de riesgo que propician la actividad del hampa, como lo son la pobreza, la descomposición social, la falta de oportunidades para los jóvenes, la desigualdad económica, la corrupción y la ausencia de controles para evitar el lavado de dinero.
En cuarto lugar, se observa que los esfuerzos distan mucho de ser iguales en toda la región y la visión metropolitana aún no se ha establecido en todas las corporaciones. Al respecto, llama la atención el rezago que todavía se tiene en Gómez Palacio y Lerdo para consolidar una policía municipal cuando menos funcional y las diferencias que existen en los protocolos de acción y conteo. También, por ejemplo, el Consejo Cívico señaló que en Durango la Fiscalía está reportando un número de homicidios menor al real. Además, no sabe en qué quedó la Policía Metropolitana que ambos gobernadores prometieron y a la que se le destinaron recursos. Sus resultados se desconocen.
Por último, entre tantas corporaciones que operan en la región (Ejército, Policía Federal, Estatal Operativa, Investigadora, Acreditable, Municipal y GATE) se ha perdido la certeza de cuáles son sus responsabilidades y facultades, lo cual propicia confusión y abusos en contra de la ciudadanía.
En suma, más allá del discurso oficial, La Laguna no ha logrado superar esta etapa crítica de su historia. Tan sensato es reconocer que hoy no estamos como hace dos o tres años como admitir que falta mucho para alcanzar la añorada tranquilidad. El riesgo de que la llegada de un nuevo cártel o el refuerzo de uno ya establecido desate los niveles de violencia que ya padecimos, sigue latente. Más nos vale que no perdamos de vista esa realidad y ese riesgo.
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