El recorte al Subsidio para la Seguridad de Estados y Municipios decretado por el Gobierno Federal afecta a Torreón y otras ciudades del Estado de Coahuila, sin que las autoridades de ninguno de los tres niveles de gobierno expliquen a los ciudadano los criterios utilizados para la aplicación de la medida.
En rigor no se trata de un recorte presupuestal porque como es sabido, el presupuesto de la federación tiene su origen en una ley expedida por el Congreso de la Unión que en la especie corresponde al ejercicio del año dos mil quince, por lo que para su modificación tendría que haber una reforma a la ley y como en el caso tal reforma no exista, el recorte se presenta como un vulgar incumplimiento de las obligaciones que son a cargo de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación, que se limitan a expresar: Debo no niego, pago no tengo.
El caso es que el llamado recorte afecta a unos municipios sí y a otros no, por lo que lo mínimo que los ciudadanos esperan es que se haga del conocimiento del público cuáles fueron los criterios generales y los motivos específicos para aplicar la omisión en el pago, que de acuerdo a las reglas de operación del Subsemun sólo puede justificarse en el caso de que los municipios destinatarios del subsidio no acrediten la aplicación en tiempo y forma de recursos recibidos con anterioridad en este mismo rubro.
Por ello no es suficiente que en el caso de Torreón el alcalde Miguel Riquelme lamente lo ocurrido, como si se tratara de un huracán que en de manera fortuita e inevitable hubiera dañado a la ciudad, ya que de Riquelme se espera que haga valer en la vía jurídica los derechos de los que es titular la comunidad torreonense, de recibir los recursos de que se trata.
Ante la falta de una explicación al respecto, resulta lógico suponer que la retención de los recursos mencionados es un castigo de la Federación por la falta de transparencia con la que suelen conducirse las autoridades estatales de Coahuila y de Torreón en específico, que junto a la quiebra económica derivada de la megadeuda generada durante el moreirato, ofrecen un motivo legal suficiente a la Federación para escatimar la entrega de los dineros mencionados.
Otra parte de la explicación la ofrece la negativa de las autoridades de Coahuila de caminar hacia la unificación de los cuerpos de policía como marca la agenda de la Federación, lo que se traduce en el mantenimiento de numerosas instituciones policiacas que operan en el día a día de manera inconexa y fuera de control institucional, lo que es fuente de inseguridad porque propicia la permanencia de elementos policiacos no acreditados, porque no cumplen los requisitos de capacitación ni aprueban las pruebas de confianza que exige el Sistema Nacional de Seguridad.
La hipótesis sentada con antelación se confirma por el hecho de que como consecuencia inmediata del citado recorte, Riquelme anuncie la integración de la llamada "Fuerza Metropolitana Laguna" que viene a ser un nuevo intento de coordinación policiaca, que hasta el momento ha resultado un fracaso en la región.
Lo cierto es que nuestras autoridades son incapaces de hablar con la verdad pero en todo caso, queda de manifiesto que además de la obligación que tienen de dar las explicaciones referidas con anterioridad, el reto de dar cumplimiento a los compromisos económicos contraídos con los proveedores y con los propios agentes en materia de seguridad, haciendo más con menos recursos, exige un plan de austeridad económica y una rectificación a fondo del manejo de las finanzas del Municipio de Torreón.
Es indispensable emprender un manejo racional de los recursos públicos que acabe con la nómina de servicios personales abultada y opaca que oculta el sostenimiento de la estructura electoral del partido en el poder; los excesivos gastos de mantenimiento de las oficinas burocráticas que sobrepasan al monto de la partida de obra pública, y el dispendio en materia de espectáculos y bailongos que suelen presentarse en nuestra ciudad para recreación de la clientela electoral del PRI.
