Limitados. El caso Tlatlaya comienza a cerrar algunos de sus frentes abiertos luego de más de un año.
La Administración estatal publicó en la Gaceta del Gobierno las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos.
Esto es un requisito indispensable para que las tres mujeres testigos de la matanza de 22 civiles en Tlatlaya inicien con su trámite de indemnización como lo solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Fondo es un monto económico para reparación de daños a aquel que sufra de vejaciones de algún servidor público mexiquense, por lo que podrá reclamar ayuda, asistencia e indemnización.
En semanas pasadas, el procurador mexiquense, Alejandro Gómez, dijo que éste contaba con un presupuesto de 40 millones de pesos para atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos para el presente año, entre ellas las tres mujeres del caso Tlatlaya.
Las reglas de operación señalan que es necesaria la creación de un Comité Directivo que administrará los recursos y valorará y responderá las solicitudes de las víctimas.
Éstas deberán acudir al Instituto de Atención de Víctimas del Estado de México, ubicado en el Valle de Toluca, para que sean orientadas sobre el proceso.
