La designación de Eduardo Olmos Castro como representante del Gobierno de Coahuila en la Capital de la República, es un acto de congruencia del gobernador Rubén Moreira, en tanto que representante y representado, son de la misma especie y calidad.
En efecto, la naturaleza de la representación que hoy se le confiere a Olmos, no implica ni al Estado de Coahuila como entidad política, ni a los coahuilenses como conglomerado social sino al gobierno que encabeza Moreira Valdez. No obstante, a importantes sectores de la sociedad coahuilense les parece una afrenta la designación que es objeto de comentario, sobre todo en la Región de La Laguna, en donde a una sola voz han lamentado el nombramiento.
Si bien la incursión en política de Olmos Castro inició desde los días de Rogelio Montemayor, tuvo su mayor desarrollo hasta el punto de adquirir sello de identidad en tiempos de Humberto Moreira, habiendo participado primero como candidato fallido del PRI a la alcaldía de Torreón en el año 2004 y ya durante la gestión de Humberto, como Secretario de Urbanismo a nivel Estatal, Secretario de Desarrollo Regional en la Comarca Lagunera, como efímero diputado local y como Alcalde de 2010 a 2013.
Durante su Gestión de Secretario de Desarrollo Regional, Olmos fue pieza importante empleada por Humberto Moreira para socavar el gobierno del panista José Ángel Pérez, como paso previo a la toma de nuestra ciudad por el Moreirato. La entonces Fiscalía de Justicia cerró sus ojos y cruzó de brazos frente al avance de la delincuencia del orden común que entre otras cosas, arrasó con elementos de infraestructura urbana desde el cableado eléctrico hasta el material metálico de los monumentos.
Es cierto que la ominosa época de la que hablamos coincidió con la guerra emprendida por el crimen organizado en contra del Gobierno Federal y la Sociedad Mexicana, pero también es evidente que el abandono de nuestra ciudad por parte del gobierno de Moreira implicó todos los renglones, comenzando con la seguridad pública y en seguida con la falta de apoyo al sector productivo y a la promoción del empleo.
El régimen de Olmos se caracterizó desde un principio por una sumisión abyecta del alcalde al proyecto de moreirista, que incluye la renuncia al ejercicio del gobierno municipal bajo los principios constitucionales del Municipio Libre, hasta convertirse en un lacayo de Humberto. Lo anterior deterioró al tejido social de nuestra ciudad y de manera particular a los organismos representativos ciudadanos y empresariales, muchos de cuyos dirigentes abdicaron de su condición de ciudadanos dignos, para convertirse en comparsas.
El ejercicio de la función pública fue en la más completa opacidad y en un marco de desprecio absoluto a la transparencia y la rendición de cuentas. La corrupción invadió todos los ámbitos de la administración, alcanzando niveles de fraude y escándalo en casos como el de la construcción del actual edificio de la Presidencia Municipal y la Plaza Mayor, o la administración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, que generaron un lastre sobre las finanzas municipales que pesa hasta el día de hoy.
Llegada la sucesión del poder entre hermanos consanguíneos, a mediados del período de gobierno de Eduardo Olmos, algunos pensaron que Rubén Moreira metería en cintura al entonces alcalde, pero una vez que estalló el escándalo de la deuda de Coahuila, el gobernador cerró filas con su antecesor revelándose lo que es el moreirato, un megafraude, un proyecto político basado en el empleo de los recursos públicos, como herramienta electoral y de control político, a costa del desarrollo humano, social y económico de los coahuilenses en general y de los torreonenses en particular.
Como consecuencia natural, el régimen de Rubén se ha convertido en tapadera de su antecesor y hermano, y el manto de impunidad tendido para proteger a los responsables de la quiebra de las finanzas públicas que padecemos en Coahuila, alcanza a cobijar al exalcalde hoy designado como representante del Moreirato en la Ciudad de México. La designación no debe extrañar; es congruente y se basa en la pertenencia de todos ellos al mismo proyecto político.
