La conservación de ecosistemas naturales y la biodiversidad que albergan, es una cuestión que ha adquirido relevancia internacional debido a que la pérdida de esta última es reconocida como uno de los problemas ambientales que afectan a la naturaleza y la sociedad a nivel global, reconocimiento que destaca particularmente a partir del cinco de junio de 1992, cuando 163 países firman el Convenio sobre Diversidad Biológica en el que se comprometen a establecer legislaciones y aplicar políticas públicas en ese sentido. México es una de las naciones suscribientes.
Sin embargo, no basta que se legisle cuando en la práctica continúan realizándose acciones que amenazan el capital natural que forma parte del patrimonio de una nación y del conjunto de la humanidad, parece ser común observar cómo se atenta contra éste por el simple hecho de disponer de dinero y poder que derribe todos los blindajes normativos y contravenga las políticas públicas que se aplican para protegerlo y conservarlo.
Un ejemplo de esto ocurre en un pequeño espacio protegido local, el Parque Estatal Cañón de Fernández, en el municipio de Lerdo, Durango, declarado como tal por el Congreso del Estado desde 2004, en cuya gestión se han involucrado un grupo de ciudadanos que constituyen una asociación civil, Prodefensa del Nazas, a la cual el gobierno estatal transfiere su administración desde 2005.
La gestión ciudadana también ha tenido que enfrentar acciones como la que surge de la iniciativa de un empresario local que adquiere concesiones de la franja federal sobre las que levanta construcciones recreativas trasladando el modelo de finca urbana a un espacio destinado a proteger y conservar vida silvestre, uno de los pocos lugares que aún nos quedan a los laguneros.
Debido a los señalamientos y demandas que ProdeNazas efectúa por las prácticas indebidas que realiza dicho empresario, éste no sólo las continúa, sino que emprende acciones de desprestigio a los integrantes de la asociación civil que tiene la custodia del Parque Estatal, utilizando para ello la figura de otra asociación civil que crea como cara pública, llegando incluso a realizar acusaciones que publica en diarios locales y otro de circulación nacional. Ante la falsedad de dichas acusaciones, es necesario dar respuesta puntual a ellas:
Señala que ProdeNazas y su presidente, Francisco Valdés, "han engañado a la sociedad lagunera y autoridades locales para obtener recursos económicos y puestos públicos para el beneficio personal", acusación temeraria porque para sustentarla se requieren pruebas, ya que los cargos en oficinas locales de medio ambiente que han ocupado algunos miembros de esta asociación civil no tienen que ver con la gestión del espacio protegido; que se muestren las pruebas de tal engaño, los recursos obtenidos y los beneficios personales adquiridos.
Indican que durante el tiempo que se ha administrado el parque, "no ha rendido cuentas sobre el uso y aplicación de los recursos públicos y privados", de entrada la rendición de cuentas sobre estos últimos sólo se tiene que hacer a los donantes, mientras que de los primeros se han entregado informes financieros y técnicos anuales a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Durango (SRNyMA), misma que no ha emitido observación u objeción a ellos, prueba de esto es que el 11 de junio pasado se firmó el convenio que renueva la colaboración entre dicha dependencia y el organismo civil, incluyendo la asignación de fondos públicos para este año. Tal acusación involucra a la Secretaría puesto que si hubiese malos manejos sería cómplice de ellos y por tanto ésta no tendría por qué renovar dicha colaboración.
Una tercera acusación es la no publicación del Plan de Manejo del Parque Estatal, cuestión que se les aclaró en forma directa y en presencia de un subsecretario de la SRNyMA y otros funcionarios federales y municipales en una reunión del Comité de Ecología de Lerdo celebrada el 18 de mayo pasado: la no publicación del Plan de Manejo no es responsabilidad única de ProdeNazas, ya que ésta lo entregó a la SRNyMA misma que lo avaló, y sería a través de su conducto que se solicitaría su aprobación por el Congreso del Estado y su publicación en el Periódico Oficial de Durango, lo cual hizo, pero el Congreso no lo incluyó en la sesión en que aprobó el decreto de declaratoria del Parque Estatal.
Lo mismo se les informó sobre la integración del Consejo Asesor, órgano de consulta del área natural protegida conformado por especialistas de universidades locales, representantes de oficinas federales, estatales y municipales de medio ambiente y de organismos civiles conservacionistas, así como representantes de las comunidades que dieron el aval para integrar sus terrenos dentro del polígono del área, y de concesionarios de la franja federal ubicados en él; si bien este Consejo no ha sesionado regularmente como lo indican, ha sido reconocido por la propia SRNyMA cuyo presidente honorario es el titular de ésta, ha tomado acuerdos como los adoptados en su última sesión del 22 de mayo pasado, a la cual fueron invitados los integrantes de EcoCañón, misma que no entraron, pero estuvieron fuera del recinto donde se celebró.
Tal parece que poseer dinero y relaciones de poder otorgan la facultad de realizar acciones irregulares como las que se vienen practicando en el Parque Estatal, donde las instituciones responsables de regular dichas prácticas asumen posturas pasivas ante estos hechos, incluso de difamar a ciudadanos que se involucran en la gestión de este espacio protegido utilizando firmas de lugareños y representantes de comunidades sin su consentimiento o sin informarles de qué se trata, como lo declaró ayer el comisariado ejidal de Graceros, realizando gastos ostentosos al pagar inserciones en medios locales y nacionales. Habrá que preguntarse ante qué situación estamos y que derivará de esto.
