Oscuros días por los que atraviesa la vida pública en México. En las dos primeras semanas de julio la agenda informativa ha sido cimbrada por tres hechos que exhiben una vez más la fragilidad y extravío del Estado mexicano en su conjunto. Y a pesar de lo mucho que acontece, al final lo que pasa en las instituciones es poco.
El miércoles 1 de julio se da a conocer que el acuerdo de culpabilidad del empresario coahuilense de medios de comunicación, Rolando González Treviño, involucra al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en un presunto esquema fraudulento para robar dinero del erario e invertirlo en Texas. En el acuerdo se describen transacciones, uso de cuentas bancarias y compra de medios, todo investigado por los fiscales federales de Estados Unidos que han ido fortaleciendo su hipótesis de la operación de una red de corrupción en el sexenio pasado. En ella habrían participado por lo menos siete personas, exfuncionarios y empresarios allegados al exmandatario estatal. Además, sugieren las indagatorias, 17 exsecretarios estatales habrían tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo con el manejo de los recursos públicos. Sobre ello Estados Unidos cuenta indicios, registros y confesiones de tres personajes, dos empresarios y un exservidor público de alto nivel -Javier Villarreal-, y acusaciones contra el exgobernador Jorge Torres López, el interino del sexenio que se encuentra en calidad de prófugo de la justicia norteamericana.
Pero en México, nada de lo que las autoridades estadounidenses han dado a conocer es suficiente para investigar o citar a declarar a exfuncionarios. Tampoco ha sido suficiente el hecho de que en las cuentas públicas del sexenio estatal anterior no esté justificado el destino de 18,000 millones de pesos de la deuda, cantidad similar a la de los créditos contratados sin la autorización del Congreso local.
El martes 7 de julio se publica que los gobiernos de al menos siete estados de la República, entre ellos Durango, además de dependencias federales de seguridad, contrataron los servicios de una empresa italiana para presuntamente realizar tareas de espionaje en diversas plataformas de comunicación. La información pudo ser conocida debido a la intervención de los archivos electrónicos de la compañía, Hacking Team, en los que se revelan montos, cobros, facturas por la supuesta utilización de equipos para escuchar conversaciones telefónicas y hurgar en correos electrónicos y demás sistemas informáticos.
En el caso de Durango, la información exhibe que el gobierno habría pagado alrededor de 7.3 millones de pesos en 2014 por este servicio, además de contar con un contrato vigente hasta noviembre de 2015. Pero el gobierno de Jorge Herrera Caldera, como otros gobiernos, ha negado tener vínculo alguno con la empresa, sin explicar por qué en los documentos revelados los ejecutivos de Hacking Team se establece lo contrario.
Las portadas de los periódicos del domingo 12 de julio dan cuenta de un hecho que parecía increíble: Joaquín Guzmán Loera, considerado el criminal mexicano más peligroso en el mundo, había escapado por segunda ocasión. Ya lo había hecho durante el gobierno de Vicente Fox en el penal de Puente Grande, Jalisco. Esta vez burló la vigilancia del penal de máxima seguridad del Altiplano I, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Lo hizo a través de un túnel de 1.5 kilómetros, equipado con todo lo necesario para su escape que se presume se dio en una casa en obra negra en el que dicha construcción desemboca. Nadie vio, o quiso ver, los trabajos que durante meses debieron llevarse a cabo para crear semejante estructura. La evasión ocurrió mientras el presidente Enrique Peña Nieto volaba hacia Francia para participar, acompañado de un contingente de 400 funcionarios, empresarios, académicos y militares, en una visita de Estado considerada como "histórica". Imperdonable, dijo el mandatario en febrero de 2014, sería que se diera otra fuga del capo. Cierto, imperdonable es ahora que "El Chapo" esté una vez más prófugo. ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué pasará con ellos? Porque resulta difícil creer que nadie desde el poder político haya ayudado al narcotraficante a escapar.
Oscuros días por los que atraviesa un país en donde el presunto saqueo del erario de un estado no es investigado por las autoridades mexicanas. Oscuros días en los que se exhibe que el gobierno supuestamente espía a ciudadanos, mientras los delincuentes, a los que debería vigilar, se fugan sin que "nadie" se dé cuenta.
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