aquí funciona la ley del más
violento, del más cruel."— José Navarro Díaz
Parece increíble. Las autoridades guerrerenses y federales permitieron que un grupo armado tomara una población, Chilapa, durante cinco días, del 9 al 14 de mayo, sin hacer nada. Las propias autoridades señalan que detener a esa banda, la cual se presentó como policía comunitaria de otra región, habría generado una confrontación violenta que había que evitar. En otras palabras, le tuvieron miedo.
Más inquietante es que el grupo haya secuestrado a cuando menos 15 personas sin que nadie se atreva a hacer algo. Las autoridades de Guerrero les dicen a los familiares que sus seres queridos no están "secuestrados" sino simplemente "retenidos". No tienen por qué preocuparse. Estarían secuestrados si los captores hubieran pedido rescate; pero como nada más se los llevaron, están simplemente retenidos. No es un delito grave.
Los familiares saben que es un secuestro masivo. José Navarro Díaz, vocero de las familias, dice que ya no quiere que el gobernador Rogelio Ortega vaya a Chilapa: "Finalmente, nos mintió". Pide que intervenga la federación, y en particular el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, para localizar a sus familiares, los cuales pudieran ya haber sido ejecutados.
Una de las excusas para no hacer nada ni durante la toma violenta de Chilapa ni después del secuestro masivo es que en Guerrero, por asombroso que parezca, es "legal" la operación de grupos criminales armados que se presenten como "policías comunitarios" bajo el sistema de usos y costumbres en sus territorios. Por eso la "comandante" Nestora Salgado pudo secuestrar y extorsionar a tanta gente ante la impasividad de las autoridades de Guerrero hasta que la Procuraduría General de la República actuó en su contra.
No sólo el gobierno de Guerrero quedó paralizado ante la incursión del 9 al 14 de mayo en Chilapa. La Policía Federal tampoco quiso enfrentar a ese grupo de entre 60 y 150 personas armadas. Unos y otros dicen que no sabían que los supuestos autodefensas estaban privando de la libertad a lugareños.
Los pobladores de Chilapa narran, en cambio, jornadas de pesadilla. José Navarro Díaz, quien tiene dos hermanos desaparecidos y es vocero de las familias afectadas, afirma que fueron "cinco días… de meterse a las casas, de amenazar a las familias". Los secuestros se hicieron al azar. Los supuestos comunitarios no estaban deteniendo a delincuentes sino levantando a "policías, panaderos, camiseros, campesinos". No eran autodefensas sino miembros del grupo de "Los Ardillos del municipio de Quechultenango", los cuales se han estado disputando el territorio con "Los Rojos" desde hace tiempo.
"Los Ardillos", dice Navarro Díaz, "son la banda de Antonio y Celso Ortega Jiménez". No tienen mucho de qué preocuparse, dice, ya que cuentan con protección política. "Son hermanos de Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la comisión de gobierno del Congreso de Guerrero."
Catorce familias se han presentado a hacer denuncias a pesar de las amenazas recibidas. Otras tienen miedo de denunciar a pesar de que sus familiares siguen secuestrados. En nada ayuda que la Fiscalía del Estado afirme que va a negociar con el grupo armado y pedirle que ya no secuestre gente fuera de su territorio. Menos confianza genera la insistencia de la Fiscalía de decir que los secuestrados no están secuestrados sino retenidos.
Para Navarro Díaz el asunto es my sencillo: "Acá la ley no funciona. Aquí funciona la ley del más violento, del más cruel." Se entiende su exasperación ante un gobierno estatal que no se atreve a enfrentar a "Los Ardillos". Con razón vuelve los ojos hacia la ciudad de México y pide: "Ojalá nos escuche el gobierno federal."
EXTORSIÓN CAPITALINA
Tercer día consecutivo de caos vial en el centro de la ciudad de México. Ahora fue Antorcha Campesina la que paralizó la zona. Quizá habría que suspender de manera definitiva toda actividad económica en la ciudad. Al fin que todos podemos vivir de los subsidios del gobierno.
Twitter: @SergioSarmiento
