El gobierno de Guerrero está legalizando el secuestro. Es una medida realmente peligrosa, pero no parece que el gobernador Rogelio Ortega esté siquiera consciente de las consecuencias.
Este jueves 19 de febrero por la madrugada se llevó a cabo un lastimoso intercambio de seres humanos en Chilpancingo. Un grupo de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) liberó a dos directivos de la embotelladora de Coca Cola que había secuestrado previamente. A cambio la empresa retiró una denuncia por robo de unidades de transporte y las autoridades liberaron a tres normalistas acusados de robarlas.
Parecería que el gobierno de Guerrero piensa que las cosas terminaron en un empate. Se hizo un intercambio de rehenes. Cada una de las partes obtuvo la libertad de los prisioneros que tenía la otra. En una guerra entre ejércitos rivales, los intercambios de prisioneros son bastante usuales.
Sólo que ni la Ceteg ni el gobierno de Guerrero son ejércitos en guerra. Una parte es un sindicato de maestros y la otra, presuntamente, la autoridad en el estado. El gobierno de Ortega está demostrando una vez más que está dispuesto a negociar la ley. Si los normalistas eran culpables de robo, es ilegal e irresponsable ponerlos en libertad por presiones extrajudiciales. Si no cometieron los robos, entonces habría que castigar a las autoridades que los detuvieron.
El robo de vehículos por normalistas y activistas para presionar al gobierno, sin embargo, es una práctica cotidiana en Guerrero. En los patios de Ayotzinapa hay varios vehículos de reparto y de transporte robados. Incluso se encuentra ahí una camioneta blindada propiedad pública y asignada al gobernador. No se sabe que se haya presentado denuncia por su robo.
Los líderes del movimiento de Ayotzinapa dicen que no se roban los vehículos sino que los toman "prestados". Pero esta es una gran mentira. Los vehículos son tomados por la fuerza y contra la voluntad de conductores y dueños. Con frecuencia son dañados o destruidos. A veces se devuelven, a veces no.
A los robos hay que añadir hasta ahora la impunidad por este delito. Pero pasar de permitir el robo de vehículos al secuestro de personas para que sean negociadas como rehenes hay una gran distancia. Al aceptar esto, la autoridad está generando incentivos para que se multipliquen los secuestros. De hecho, se está convirtiendo en cómplice.
Los gobiernos de países con estado de derecho mantienen la regla de no negociar con secuestradores. No lo hacen siquiera en casos en que esto significa la ejecución de los rehenes. Un gobernante responsable sabe que ceder en una negociación ante un secuestrador equivale a abrir las puertas a nuevos secuestros.
El episodio de estos últimos días en Chilpancingo parece garantizar que seguiremos viendo robos de vehículos y que éstos se seguirán realizando con impunidad. Las empresas que distribuyen productos de consumo o que transportan pasajeros en Guerrero tendrán que sumar a sus costos normales el de la inseguridad y la impunidad. Se verán obligados así a aumentar sus precios. Al final los costos siempre los paga el consumidor.
Lo que más preocupa, sin embargo, es que el gobierno de Guerrero está mandando la señal de que los secuestros son una forma aceptable de presión política. Los líderes de la Ceteg podrán prometer a las autoridades que ya no recurrirán a esta práctica, pero los incentivos hablan con más claridad que las palabras. Si los secuestros quedan impunes, y llevan incluso a la cancelación de órdenes de aprehensión de quienes han robado vehículos, no hay duda de que se volverán cotidianos.
DESAPARECIDAS
Según la Auditoría Superior de la Federación el 78.6 por ciento de las empresas pequeñas y medianas que reciben apoyos de la Secretaría de Economía desaparecen en menos de 37 meses. ¿Cuándo aprenderemos que los subsidios no sirven para nada? ¿Queremos realmente que prosperen las empresas pequeñas y medianas? Bajemos impuestos y eliminemos trámites.
Twitter: @SergioSarmiento
