Los motivos que tuvo el Gobierno Federal para realizar un recorte selectivo al Subsidio para la Seguridad de Estados y Municipios se ponen en evidencia, en el discurso del Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong, pronunciado el lunes pasado en la ciudad de Morelia, al atestiguar la firma de un convenio que determina la existencia de un mando policiaco único, celebrado por los Municipios de Michoacán.
Decimos que el recorte fue selectivo, porque como lo dijo en forma expresa el Secretario Osorio: "entidad que no demuestre, compruebe y evalúe esta formación (mando único) a nivel local, entonces el Gobierno (federal) ya no acompañará en el tema (de seguridad)…". Lo anterior implica un reproche al desorden que impera en los cuerpos policiacos en ciertos Estados y Municipios del país, en virtud de la forma autocrática con la que ejercen el poder muchos de los gobernadores de los estados, que en especial afecta a la coordinación con el Gobierno Federal en materia de seguridad.
En el caso de Coahuila los hechos están a la vista. Desde tiempos de Humberto Moreira los cuerpos policiacos de Coahuila han funcionado al margen de toda forma institucional como fuerza de choque y agencia de espionaje del gobernador, con un pie dentro y otro fuera del marco legal, en la frontera hoy difusa que separa o debiera separar, a Sociedad y Estado de la delincuencia organizada.
Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón los Moreira disfrazaron de disidencia política su postura de brazos cruzados en el combate a la delincuencia y hoy día aunque Moreira Rubén mantiene un discurso de colaboración con el gobierno de Peña Nieto, en la práctica los cuerpos policiacos de Coahuila se sustraen de las políticas públicas de evaluación y control y se ha llegado al extremo de operar un doble sistema: El de la "policía acreditable" con la que el gobierno estatal pretende justificar los subsidios recibidos en materia de seguridad y el universo de las policías a las por eliminación se les reconoce cínicamente como no acreditables, que se integran por numerosos cuerpos policiacos fuera de control institucional, que en realidad funcionan como fuerza pretoriana del gobernador.
En otras palabras, el moreirato que mantuvo un enfrentamiento descarado en contra de la política de seguridad del gobierno de Calderón, pasa a jugar a las vencidas y a la sorda en esta misma materia, con el gobierno de Peña Nieto. Lo anterior es suficiente para explicar por qué la Secretaría de Gobernación niega a los municipios de Coahuila, entre ellos a la ciudad de Torreón, los recursos del Subsemun.
Las quejas por violación a los derechos humanos en Coahuila por parte de los cuerpos policiacos son numerosas, pero para ilustrar bastan dos botones de muestra. El primero atañe a la presentación ante la Organización de las Naciones Unidas de una denuncia por la desaparición de una persona, que fue plagiada en la ciudad de Piedras Negras el 10 de junio de 2013. De acuerdo a información publicada por El Siglo de Torreón el sábado pasado, la denuncia está apoyada en testimonios que aseguran que personal del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) penetró por la fuerza en el domicilio del ciudadano Víctor Manuel Guajardo y lo sacó por la fuerza, llevándolo a las instalaciones de dicha corporación sin que hasta la fecha se conozca el paradero de la víctima.
El segundo de los ejemplos es noticia del día. Se trata de la detención y encarcelamiento del hijo del extitular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado Noé Garza, que en fecha reciente fue destituido del cargo por el propio Gobernador Moreira, por manifestar su deseo de contender como candidato a la gubernatura, en las elecciones del año 2017.
De acuerdo a la información disponible, el vástago del político es acusado del delito de corrupción de menores y tráfico de estupefacientes por tratar de vender marihuana a una adolescente, y hasta el momento se sabe que el inculpado fue exonerado del primero de los delitos mencionados y está pendiente de resolverse sobre el segundo, como si no fueran dos hechos que se implican uno al otro.
Con independencia de la culpabilidad o inocencia del inculpado, indigna el desaseo de la operación por parte de la corporación policiaca que realizó la captura, así como la ejecución de una aprehensión sin orden judicial, que tienen como consecuencia un obscuro manejo de la información. Tanto el Gobernador Rubén Moreira como el Procurador de Justicia, se muestran incapaces de articular una versión congruente sobre el tema, lo que termina por sembrar la sospecha de una venganza política en el caso.
