Tranquilo. Virgilio Andrade afirma que no hay urgencia por resultados.
La investigación sobre si existió conflicto de interés en la compra de la llamada "Casa Blanca" de la primera dama, Angélica Rivera, y de un inmueble en Malinalco por parte del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no está sujeta a plazo alguno, aseguró Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública.
En conferencia de prensa, el funcionario indicó que el resultado de la indagatoria se dará a conocer una vez que se haya integrado debidamente y todos sus aspectos hayan sido colmados a plenitud.
"Los plazos son en algún sentido superados por la necesidad de tenerla en plenitud e integridad, y es la plenitud e integridad lo que honra el interés de la opinión pública por tener una investigación y el expediente debidamente integrado.
"Esa es la razón por la cual, en todas las investigaciones en general de la materia que sea, y más si son especializadas, no se establece un plazo específico", indicó.
Andrade dijo que una vez que se tenga lista la investigación se convocará al panel de expertos ante quienes se someterá a revisión, el cual será integrado a partir de perfiles adecuados en la materia.
La investigación, iniciada el 3 de febrero pasado, tras haber sido Andrade nombrado titular de la SFP, indaga si existen irregularidades en los contratos asignados durante la actual administración a Grupo Higa, que fue intermediario en la venta de los inmuebles a Rivera y Videgaray.
Ninguna de las tareas a las que se comprometió Andrade cuando asumió el cargo se ha cumplido, a 50 días de haber tomado protesta.
Andrade aseguró que la Secretaría, además, está trabajando en las otras acciones ejecutivas que el presidente Enrique Peña anunció para combatir la corrupción y que la primera de ellas fue la firma de ayer con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para trabajar conjuntamente con la sociedad civil.
Cinco acciones, de las diez encomendadas por el presidente, explicó, comenzarán a implementarse a partir de mayo, debido a que están sujetas a plazos legales y entre ellas están vinculadas.
Estas acciones son la declaración de conflicto de interés de los servidores públicos; el padrón de los funcionarios vinculados a compras y adquisiciones; la emisión de nuevos protocolos de contacto entre funcionarios y contratistas; una lista más completa de empresas sancionadas; y la creación de una unidad de integridad y ética dentro de la SFP.
