Clave. La CIDH argumentó que testimonios de los militares son fundamentales en la averiguación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió ayer al Gobierno mexicano que sus expertos tengan "las condiciones necesarias" en su nuevo mandato de seis meses, hasta el 30 de abril de 2016, para continuar investigando la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El pleno de la Comisión anunció ayer, día en que concluyó su 156 período de sesiones, que el grupo designado para investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa hace un año en Iguala (Guerrero, México) continuará trabajando en el caso hasta el 30 de abril de 2016, con posibilidad de renovar el mandato.
Uno de los puntos clave que deberán seguir negociando los expertos con el Gobierno mexicano es la exigencia del grupo de poder entrevistar personalmente a los militares del Batallón 27 con sede en Iguala.
NECESARIO CUESTIONAR
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado para el caso asegura que esos militares estuvieron presentes en el lugar de los hechos y, por eso, considera indispensable hacer entrevistas directas con ellos.
James Cavallaro, relator para México de la CIDH, defendió ayer que tanto los comisionados como los expertos entienden que el acuerdo suscrito el pasado 19 de octubre entre el grupo y el Gobierno mexicano permite esas entrevistas.
"Nosotros exigimos que el grupo tenga las condiciones necesarias para cumplir con su mandato, y si entiende que entre ésas hay el tema de las entrevistas a los militares, entendemos que corresponde facilitar esa solicitud", afirmó el comisionado.
"Entre las recomendaciones del grupo están las entrevistas a los militares del batallón 27, se entiende que se van a hacer esas entrevistas, entendemos que ese acuerdo nos facilita esas entrevistas", subrayó Cavallaro.
La semana pasada, en una audiencia de la CIDH sobre el caso, el subsecretario de Derechos Humanos de México, Roberto Campa, se limitó a decir que "la diligencia que tiene que ver con el Batallón 27 puede desarrollarse en los términos del acuerdo a través del Ministerio Público".
La Comisión decidió finalmente ayer extender el actual mandato de este grupo de expertos creado en noviembre de 2014 por un periodo de seis meses, como pedía el Gobierno mexicano, aunque las familias de las víctimas querían que esta investigación se prolongara indefinidamente.
