El magistrado en retiro Gonzalo Vergara plantea que en la designación de los Ministros de la Suprema Corte que ocuparán las vacantes de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza en noviembre debe hacerse valer el criterio constitucional que establece que tienen preferencia los integrantes del Poder Judicial.
El jurista, quien preside la ONG "Proiudix", dedicada a defender a jueces y magistrado, indicó que el artículo 95 de la Constitución establece que la designación de los ministros del máximo tribunal debe recaer en personas con una reconocida trayectoria en el Poder Judicial y en el ámbito jurídico.
"Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica", citó.
En entrevista, el magistrado, sostuvo que de prosperar la postulación de perfiles partidistas en los asientos que quedarán vacantes el 30 de noviembre, se rompería el equilibrio que debe existir entre poderes, pues se vulneraría la independencia del Poder Judicial.
"El peligro es que uno de los poderes empezaría a controlar a los otros poderes, sería lastimoso e inconstitucional que el Poder Judicial quede mermado en su autonomía porque eso generaría desconfianza y descrédito por parte de la ciudadanía hacia uno de los poderes más importantes", sostuvo.
Hoy más que nunca, aseguró Vergara, es necesario garantizar la independencia de los tribunales del país, pues ya lo han señalado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
"El problema en México es un problema de seguridad pública, de impunidad generalizada, de falta de acceso real y efectivo a la justicia y una de las vertientes es precisamente la falta de autonomía e independencia judicial", señaló.
En marzo pasado, el senador panista Javier Corral denunció la existencia de un entre el PRI y el PAN para repartirse las dos posiciones que en noviembre se desocuparán en la Corte.
Pero en las últimas semanas aumentó la polémica al trascender que existe la intención del Gobierno federal de postular al senador priista con licencia, Raúl Cervantes, para una de esas vacantes.
