Localización. Sitio donde fueron localizados los restos de la joven, enterrada junto a otros cuerpos.
El 31 de julio de 2011 sonó el timbre del teléfono en la casa de la familia González Solís. Era una llamada de Brenda Damaris para informar que había tenido un accidente vial, que se encontraba bien y que en ese momento estaba llegando una patrulla de policías de tránsito. Esa noche, la joven de 25 años desapareció.
Casi cuatro años después, la familia pudo enterrar los restos con la certeza de que eran de su hija, pero la recuperación fue tortuosa, llena de irregularidades y sin que a la fecha se haya hecho justicia por su asesinato.
Parientes de la joven y organizaciones no gubernamentales presumen que se trata de un caso de desaparición forzada, pues una de las hipótesis es que fue asesinada por policías viales de Santa Catarina, Nuevo León.
Un día después de que desapareció Brenda, su camioneta apareció en la carretera Monterrey-Saltillo, con al menos cinco balazos, pero no había rastros de la joven. Ahí comenzó el calvario para la familia. Juana Solís y Juan Antonio González, padres de la joven, encabezaron la búsqueda por las vías formales e informales, colocaron mantas, repartieron volantes, recorrieron hospitales, agencias del Ministerio Público; hicieron todo lo que estuvo a su alcance para encontrarla con vida.
LAS IRREGULARIDADES
En octubre de 2012 recibieron otra llamada, pero en lugar de ser de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, una organización civil les informó que el cuerpo de Brenda había sido hallado en una fosa clandestina.
Ahí comenzó un nuevo calvario. La familia acudió al paraje La Huasteca en Santa Catarina, ante la información de que se había encontrado una fosa con cuerpos humanos.
Entonces exhumaron los restos y del lugar extrajeron al menos 116 huesos, entre los que estaban dos cráneos, por lo que su familia se negó a aceptar que eran los restos de su hija. Exigieron nuevas pruebas de ADN.
En todo el proceso, la familia ha estado acompañada por el equipo jurídico del organismo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).
A través de éste, en octubre de 2014 lograron que se realizara un peritaje independiente del Equipo Peruano de Antropología Forense, quien entregó los resultados en febrero, pero hasta marzo de este año pudieron enterrar los restos de Brenda, pues parte de las irregularidades estaban en el acta de defunción, en la que se estableció que la joven falleció en su domicilio.
Ahora, los González Solís seguirán pugnando por que se haga justicia, debido a que no hay personas detenidas con relación a este crimen, y además consideran que deben ser sancionados los responsables por este caso de negligencia, y violaciones a los derechos humanos que, desde la administración estatal, revictimizaron a los deudos de Brenda Damaris, asegura Jesús González Ramírez, vocero de Fundenl.
Juana Solís y Juan Antonio González, acompañados por el vocero de Fundenl y el perito peruano, Franco Mora, recuerdan el caso.
Hablan del percance vial, de la llamada a su casa para informar del accidente y del aviso de que en ese momento estaba llegando una patrulla de tránsito municipal, así como del momento en que se cortó la comunicación sin que hubiera un adiós.
"Desde entonces no había certeza de su paradero y las investigaciones del caso por parte de la Procuraduría Estatal han sido insuficientes para esclarecer los acontecimientos. No existe ningún detenido en las averiguaciones a pesar de que se tiene identificados a dos policías de Tránsito que estuvieron presentes en el lugar del accidente".
El vehículo de la joven fue encontrado fuera de la cinta asfáltica y con cinco impactos de bala, señaló González.
En la primera semana de octubre de 2012, la familia de Brenda Damaris acudió al paraje La Huasteca. Ahí Juana mostró una manta con el rostro y el nombre de su hija desaparecida con la leyenda "Se busca"; militares que estaban en la zona amenazaron con detenerla por portar una "narcomanta".
Días después, Juana Solís fue informada de que los restos de su hija habían sido localizados. Sin embargo, ante las irregularidades en la entrega de los restos, la Fundenl solicitó a la Procuraduría de Justicia autorizar un peritaje independiente para que la familia tuviera certeza.
El 10 de septiembre de 2014 inició el peritaje por el Equipo Peruano de Antropología Forense -que han realizado este tipo de trabajos en Perú, El Salvador, Brasil y en la región de los Balcanes en Europa Oriental- apoyado por un perito del Equipo Mexicano de Antropología Forense.
Ese día se realizó la exhumación, custodia, traslado de restos, toma de muestras y su envió al Laboratorio Bode Technology en Washington, Estados Unidos, donde el análisis de ADN fue supervisado por la organización Gobernanza Forense Ciudadana.
González Ramírez comenta que la Procuraduría de Nuevo León incurrió en una serie de actos de negligencia que provocaron serias dudas en la familia, al grado de creer que no eran los restos de Brenda Damaris los que se les entregaron como tales.
Desde su punto de vista, esas prácticas configuran violaciones a los Derechos Humanos y probables delitos por lo que se daría parte a las comisiones, estatal y nacional de los Derechos Humanos para que determinen el grado de responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados y se establezcan los posibles delitos cometidos y las sanciones respectivas.
PROTOCOLOS SIN CUMPLIR
Entre otras cosas, Jesús González Ramírez detalla que la recuperación de los restos humanos en el lugar del hallazgo fue realizada sin seguir los protocolos de preservación, al ser mezclados con los de una segunda persona, entregándose de forma incompleta a la familia González Solís.
Además, la notificación sobre el hallazgo no fue informada por una autoridad de procuración de justicia sino por una organización de la sociedad civil, en tanto que la entrega de los restos se hizo en una bolsa de plástico negra y no en un ataúd.
El personal del Servicio Médico Forense (Semefo) le exigió a la familia que los restos fueran incinerados inmediatamente después de ser entregados, sin ningún sustento técnico aparente, ya que las pruebas genéticas entregadas por la Procuraduría son poco claras.
Asimismo, la autoridad que emitió el certificado de defunción de Brenda Damaris González Solís colocó información falsa al redactar que "murió en su domicilio", cuando fue en la vía pública y un testigo firmó en lugar del padre de la joven, Juan Antonio González.
Todos esos elementos provocaron la desconfianza de la familia, por lo que exigieron a la Procuraduría de Justicia una investigación más rigurosa.
Los resultados de los análisis de los restos que realizó el equipo independiente fueron positivos y correspondieron con Brenda Damaris, por lo que se solicitó a la Procuraduría la restitución digna de los restos, así como la cobertura total de los gastos funerarios y de inhumación en base al artículo 31 de la Ley General de Víctimas.
En principio, la agencia número uno de Homicidios de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León se negó a entregar de manera inmediata el cadáver, con el argumento de que sólo sería posible hasta que se corrigieran los datos falsos contenidos en el acta de defunción, trámite que podría tardar hasta tres meses, de acuerdo con la titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), Aixa Alvarado.
La Fundenl, ante ello, presentó una denuncia el 18 de febrero para que les entregaran los restos de Brenda a su familia y ya en marzo pudieron sepultarla. Todos los gastos de inhumación corrieron a cargo de la CEAV, como establece la Ley Estatal de Víctimas.
El siguiente paso de la familia será exigir a la Procuraduría que esclarezca el asesinato, defina el grado de participación de los elementos de Tránsito Municipal de Santa Catarina y obtenga las sentencias condenatorias para todos los involucrados.
