Vista por el país. El presidente de Barack Obama durante una vistita que realizó a Iowa. (EFE)
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer el proyecto de ley para dotar de fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) supeditándolo a retirar los recursos destinados a las acciones ejecutivas en materia migratoria impulsadas por el presidente Barack Obama.
Con una votación final de 236 votos a favor y 191 en contra, el texto legislativo logró el beneplácito de la Cámara baja y pasa ahora a consideración del Senado, donde se enfrentará a la oposición demócrata y a las reticencias de algunos republicanos, lo que podría prolongar el debate sobre la financiación del DHS hasta que expire su haber, el próximo 27 de febrero.
De todos modos, aunque el texto prospere en la Cámara alta, es prácticamente imposible que logre el apoyo de dos tercios de los cien senadores, suma necesaria para evitar el veto presidencial con el que ya ha amenazado el mandatario.
"En vez de aprobar una reforma migratoria integral, la Cámara ha votado para tumbar el progreso. Es tiempo de soluciones, no de política", reaccionó inmediatamente Obama en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, los republicanos argumentan que la propuesta legislativa para acabar con las medidas ejecutivas del presidente responde a su responsabilidad por proteger los valores constitucionales.
"No tomamos esta acción a la ligera, simplemente no tenemos otra alternativa. Esto no es una controversia entre los partidos, o incluso entre las ramas de nuestro Gobierno. Esta extralimitación del ejecutivo es una afrenta al Estado de Derecho y a la propia Constitución", dijo el presidente de la Cámara baja, el republicano John Boehner, antes de la votación.
Sin embargo, alrededor de una decena de republicanos votó en contra de la propuesta, ya que sus distritos tienen un importante número de población latina.
Así, el proyecto de ley de presupuesto destinado a la seguridad nacional lleva adjuntas dos enmiendas que revocarían los fondos para la acción ejecutiva anunciada por Obama en noviembre, además de los destinados a la conocida como Acción Diferida (DACA), que desde 2012 ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes indocumentados criados en el país.
Los demócratas han acusado a los conservadores de "jugar" con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses para hacer política, ya que el DHS también es el encargado de ejecutar toda la estrategia antiterrorista.
La directora de Política Nacional de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, dijo horas después en una conferencia telefónica que "no hay razón en absoluto para jugar con las acciones ejecutivas", en referencia a un posible acuerdo intermedio con los republicanos para poder financiar el Departamento.
De todos modos, el voto de ayer también evidencia el creciente poder del ala ultraconservadora de los republicanos en el seno del partido, ya que la continua afrenta contra la comunidad latina puede costarles muy caro en las elecciones presidenciales de 2016.
"El liderazgo republicano de la cámara y su caucus pueden creer que hoy votaron en contra del presidente, pero en realidad han votado en contra de los millones de familias estadounidenses cuyos seres queridos están trabajando muy duro para cumplir con la ley", dijo la directora del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), Janet Murguía, tras conocerse el resultado de la votación.
Controlan giros de negocios en EU
Los inmigrantes controlan varios giros de negocios en Estados Unidos, como gasolineras, tintorerías y comercios de abarrotes, pese a que sólo representan el 16 por ciento de la fuerza laboral en este país, reveló un informe publicado ayer.
Los inmigrantes crean negocios pequeños y medianos en los sectores de los bienes y servicios dirigidos al consumidor final en una proporción muy por encima del porcentaje que representan de la población en Estados Unidos, indicó el estudio elaborado por la Sociedad de las Américas. En este grupo de negocios, como comercios minoristas, de industria de la hospitalidad y establecimiento que ofrecen servicios, los inmigrantes constituyen 28 por ciento de los empresarios establecidos, pese a que sólo cuentan por el 16 por ciento de la población en el país.
