A los tres días de haber aceptado ante los integrantes de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que el gobierno del estado de Oaxaca estaba rebasado por los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), controlada por la Coordinadora Nacional (CNTE), el gobernador de dicha entidad, Gabino Cué, asestó un severo golpe a dicha organización al transformar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para arrebatarle el control del mismo al sindicato.
En su comparecencia con diputados y senadores de todos los partidos políticos, Cué destacó que desde 1992 más del 92 % del personal educativo de dicha entidad es sindicalizado, incluyendo a los mandos medios y superiores, por lo que enfatizó eso es "lo que ha impedido a los gobiernos estatales diseñar y operar una eficiente política que favorezca el desarrollo educativo de la entidad". El lunes 20 de julio emitió un decreto que dejaba fuera de las estructuras ejecutivas del organismo educativo estatal a los cuadros sindicales.
La medida era indispensable para acabar con el conflicto de interés que significa la dualidad de funciones de los maestros sindicalizados, ya que al mismo tiempo eran patrones y empleados, con lo cual, como lo señaló el mismo Cué en su comparecencia, era lo que imposibilitaba "…el registro de los controles de asistencia, la aplicación de descuentos y sanciones administrativas en el sistema educativo de la entidad".
Sin embargo, la transformación fue radical en dejar fuera de la administración del IEEPO a la dirigencia sindical, pero no para garantizar la "autonomía de gestión" de dicha instancia, como afirma el decreto que promulgó el gobernador, pues la junta directiva del nuevo IEEPO está totalmente controlada por el Ejecutivo estatal en turno: la integran el gobernador, que la preside; 6 titulares de las secretarías del gobierno del estado (los titulares de las secretarías de Gobierno, Finanzas, Administración, Desarrollo Social, Cultura y Salud); el delegado de la Secretaría de Educación Pública; y el director del mismo instituto, nombrado por dicha junta directiva.
Así la Junta Directiva depende totalmente de la voluntad del gobernador en turno, ya que además de presidirla, él designa a 6 de los 8 miembros adicionales y tiene plenas facultades para removerlos; el único que no depende de él es el delegado de la SEP. La instancia es una mera simulación, para legitimar las órdenes del gobernador de la entidad, que tiene el absoluto control sobre la dependencia.
Puede ser una alternativa funcional para recobrar la rectoría del estado en la educación, como afirmó Cué al anunciar la medida, pero no necesariamente permitirá elevar la calidad de los servicios educativos de la entidad y, mucho menos, garantizar que el esfuerzo que el gobierno estatal emprenda, en los 15 meses que le quedan a su mandato, continúen una vez que concluya este gobierno, pues todo dependerá de la voluntad política del nuevo titular del Ejecutivo Estatal.
La medida fue bien planeada y se cuidaron los tiempos y las formas para intentar asegurar su éxito, ya que se anunció en el momento en que los maestros están de vacaciones, lo que dificulta la articulación de la defensa de sus prebendas y privilegios; previamente se habían presentado denuncias penales en contra de los dirigentes de la sección 22, lo que se tradujo en que están en proceso de integración alrededor de 70 averiguaciones previas, lo que también es un distractor importante; y, en coordinación con el gobierno federal, se tuvo el cuidado de incrementar de manera importante la presencia de fuerzas de seguridad federales, para poder reaccionar ante las eventuales movilizaciones y protestas del gremio magisterial.
Un paso indispensable, pero no necesariamente suficiente para garantizar que la nueva etapa se traduce en beneficios para la niñez y juventud oaxaqueña, que tanto lo necesita.
Por otra parte, también es pertinente señalar que sin duda Oaxaca era la entidad que presentaba la situación más crítica y evidente sobre las deficiencias y carencias del sistema educativo; pero no es la única en la que son los líderes sindicales los que ostentan el control de las autoridades educativas. Ciertamente en el resto de las entidades no existen instituciones equivalentes al IEEPO, pero de igual forma la dirigencia sindical tiene el control de la autoridad educativa.
En octubre de 2009, publiqué en el número 1719 de la revista Proceso un texto en el que afirmé que en esos momentos la entonces presidenta nacional el SNTE, Elba Esther Gordillo, detentaba el control de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su yerno Fernando González, así como, "…las secretarías de Educación en al menos 11 de los 31 estados; más de medio centenar de subsecretarías; cientos de direcciones y 100 % de los inspectores y supervisores de zonas escolares y directores y subdirectores de escuelas de todo el país."
Si bien en estos momentos no tienen ninguna subsecretaría a nivel federal, la injerencia de la nueva dirigencia sindical seguramente sigue detentando el control de varias de las secretarías de Educación en los estados, ya sea a través de los mismos titulares o de los funcionarios de segundo y tercer nivel, que para efectos prácticos son los que verdaderamente controlan la operación y funcionamiento del sistema educativo nacional.
Sin necesidad de emitir decretos transformadores, ya que no existen organismos públicos descentralizados, los otros 30 gobernadores tendrían que tomar medidas similares si verdaderamente se quiere recuperar para el Estado mexicano la rectoría de la educación.
