Con el pasar de los días, se ha ido calentando el asunto de los autos confiscados a aquellos que en Coahuila han circulado con las placas irregulares. Hasta el día de antier, la autoridad estatal coahuilense había retirado de la circulación a 102 unidades en todo el estado, pero 74 de éstas habían sido confiscadas en Torreón.
Roberto José Díaz García, administrador fiscal general de Coahuila, declaró que este asunto se agrava debido a la presencia de organizaciones que se dicen defensores de todos aquellas unidades automotrices denominadas como "autos chuecos" que mayormente son todos esos carros y camionetas provenientes de los Estados Unidos con ya varios años en circulación y que debido a las condiciones del mercado norteamericano su precio se desploma a niveles mucho más bajos de los que comúnmente se pueden encontrar en la oferta de este tipo de vehículos, de similares características que fueron puestos a circular por primera ocasión en el país.
Las Onappafa como en términos generales se les conoce, son aquellas unidades que ingresaron abiertamente en forma ilegal a territorio nacional, cuando la importación para particulares estaba prohibida, para que después fuese permitida con algunas restricciones en tanto los años de antigüedad (pagando para ello el correspondiente pedimento aduanal de importación y cubriendo los aranceles e impuestos vigentes en cada época) hasta que en la actualidad y debido fundamentalmente al Tratado de Libre Comercio, casi todos - sino es que su totalidad- pueden ser importados legalmente pagando los requisitos mínimos que ahora impone la ley aduanera, en muchos casos es sólo el Impuesto al Valor Agregado y cargos menores.
El asunto en sí es que ciertamente la introducción de estos autos daba la oportunidad a gran parte de la población de contar con un mueble particular, simplemente por el precio, así fue que nació el campo fértil para que fueran creadas organizaciones como la Onappafa que no son otra cosa que agrupaciones totalmente ilegales que se atreven a expedir placas de su propia entidad (con lo cual en sí mismo es ya un delito) apoyados en la fuerza de los miles de agremiados que una vez organizados, se convierten en una masa social y sobre todo política-electoral que logran la fuerza material para que las autoridades correspondientes simplemente se acobarden y eludan su responsabilidad.
Ante estas circunstancias, el gobernador Rubén Moreira, decidió hacer valer la ley y ordenó montar operativos contra todas aquellas unidades automotrices que no hubieran cubierto sus derechos vehiculares (el pago de placas en lenguaje simple). Obviamente en este supuesto cayeron los Onappafos y de aquí se ha derivado el conflicto que pinta para subir de tono en cuanto transcurra el tiempo y el gobierno estatal mantenga su postura de hacer valer la ley.
Hasta pareciera entonces que el problema tiene algo así como un par de caminos: o hacer cumplir la ley (cosa rara en este país) o en su caso, transar con los ilegales Onappafos y llegar a arreglos político-electorales, por aquello de las próximas elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Además existe un elemento extra en este asunto que va más allá de la sola evasión del pago de los impuestos correspondientes: la seguridad misma, un tema en el que ciertamente el gobernador Moreira se ha comprometido y ha trabajado en ello, ya que en el caso de los carros que circulan con placas "patito", resultan ser herramientas ideales para delinquir sin riesgo de ser identificados.
Así las cosas, las fuertes declaraciones del señor Díaz García sonaban del todo congruentes, salvo por un par de elementos que si bien es cierto no le restan jurisdicción alguna, sí menoscaban la autoridad moral que todo ente gobernante deseablemente debe tener. Primero, es evidente que el endurecimiento en la postura del estado de Coahuila para que todo mundo pague las placas obedece fundamentalmente a que las arcas estatales están vacías producto de la deuda de miles de millones de pesos que nos endilgaron a dos generaciones de coahuilenses, sin que hasta el momento nadie haya pagado por ello. Entonces, primera pregunta: ¿se vale exigir que se paguen placas, pero al mismo tiempo se vale no hacer nada para capturar a los ladrones - quienes hayan sido- de Coahuila?, ¿eso es ético? Ya no se diga legal, porque no lo es.
El segundo elemento es que este impuesto de las placas, denominado tenencia, fue dejado por la federación a voluntad de los estados de seguir cobrándolo o no, ya que en el caso de La Laguna sólo se cobra del lado de Coahuila y de Durango no; aparte de la tenencia se pagan otros derechos como las propias placas, pero al final todo es un paquete. Esto es, una camioneta o un carro de un monto de 400 mil pesos en Torreón se le paga al estado alrededor de 13 mil pesos y en Gómez Palacio y Lerdo 3 mil ¿eso es justo?
Bajo estas circunstancias se hace difícil aplaudir la medida aplicada en Coahuila de forzar que se cumpla la ley en el asunto de la portación de placas legales y vigentes, para seguridad y justicia, por el asunto de la deuda. Tampoco es válido lo que hace Durango, donde sí se puede andar con láminas expedidas por cualquiera, con el riesgo de que en una unidad de ésas se cometan asesinatos sin miedo a ser ubicados. Ideal sería que se cobrara igual y que a todos se les obligara, pero en este país los intereses políticos están muy por encima de la ley. Este es un caso puntual.
