Los privilegios de los que goza la llamada clase política en México en nada abonan a mejorar la confianza de la ciudadanía en sus representantes y gobernantes. La semana pasada se dio a conocer que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) autorizó para el año próximo un incremento de 2.9 pesos a los minisalarios. Mientras tanto, en este y otros diarios se consignó en una serie de notas periodísticas los ingentes recursos que diputados y gobernadores recibirán en estas fechas. Esta realidad no puede ser más contrastante y refleja un problema sistémico que si bien no puede decirse que sea el causante de todos los males de la República, al menos si obstaculiza el desarrollo de parte de sus soluciones al abonar a la desconfianza y el divorcio entre los grupos en el poder y el grueso de los ciudadanos.
Los avances impulsados recientemente para dar un mayor valor al ingreso de los mexicanos -como lo son la desindexación del salario mínimo que permite que los impuestos, multas y recargos dejen de estar vinculados al incremento salarial, y la unificación del mismo en todo el país- quedan opacados por la pérdida constante del poder adquisitivo, que en 25 años acumula un 76.3 por ciento a la baja de acuerdo con estudios de la UNAM, y la gran disparidad que existe en relación con los sueldos de los servidores públicos.
Respecto a este último punto, vale mencionar unos cuantos datos. El monto total que percibirán 30 gobernadores mexicanos casi alcanza los 4 millones de pesos, siendo el mandatario estatal de Tabasco quien recibirá la prestación más alta, casi 490 mil pesos, es decir, poco más del 10 por ciento e incluso por encima del que recibirá el presidente de la República. Y el más bajo es de 98 mil pesos, del gobernador de Tlaxcala. No obstante, todas estas prestaciones están muy por encima de las que recibe el grueso de los mexicanos. Se estima que en México el 50 por ciento de los trabajadores recibe en promedio 5 mil pesos de aguinaldo.
Pero quizás el caso más escandaloso esté en la Cámara de Diputados, el órgano que debe vigilar y llamar a rendir cuentas al Poder Ejecutivo. A los 167 millones de pesos que se repartieron entre los legisladores por conceptos de aguinaldos y otras prestaciones se suman 180 millones de dos bonos extraordinarios que se asignaron las bancadas luego de haber aprobado varias iniciativas enviadas por la Presidencia de la República. Por si fuera poco, la semana pasada se dio a conocer que entre 2012 y 2016 el Congreso de la Unión habrá gastado en asesores la friolera de 8,678 millones de pesos, es decir, más de cuatro veces el presupuesto de un municipio como Torreón.
No se trata de que los servidores públicos tengan sueldos poco dignos, sino más bien de equilibrar los ingresos, disminuir las diferencias y poner las prerrogativas acorde a la realidad de un país que no ha logrado dar el gran salto hacia el crecimiento económico, que será lo único que permita mejorar el ingreso de las familias mexicanas. Mientras esto se da, la clase política debería actuar con mayor sensibilidad y congruencia y respetar en realidad el principio de la austeridad republicana, sobre todo en estos tiempos de recorte presupuestal debido a la caída de los precios del petróleo.
