El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desnudó dos realidades que el dictamen de la Procuraduría General de la República esconde: el conocimiento en tiempo real por parte de la Policía Federal y del Ejército Mexicano de todos los movimientos de los normalistas desde que salieron de la Normal hasta que fueron desaparecidos; y la existencia de un quinto autobús que fue totalmente ignorado en la investigación. El primer hecho ya había sido denunciado por diversos medios de comunicación; el segundo, sí fue novedad.
Pero especialmente demuestra la imposibilidad de que los cuerpos de los 43 normalistas hayan sido cremados en el basurero de Cocula, como afirma el dictamen oficial. La fuerza del informe del GIEI es que tiene un dictamen de un experto en el tema y hace un análisis muy pormenorizado que evidencia lo absurdo siquiera de haber planteado tal hipótesis, que por cierto ya había sido desmentida por diversos expertos y medios de comunicación.
El GIEI solicitó un dictamen independiente al Dr. José Torero, experto mundialmente reconocido en materia de incendios, quien acudió al basurero, recolectó muestras, obtuvo fotografías y evidencias e inspeccionó tanto dicho sitio como todos los alrededores del mismo. El dictamen es contundente: "…no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014".
Y continúa "Toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula sólo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida".
En el estudio señala que para haber logrado la cremación de los 43 cuerpos, al nivel legalmente aceptable, que fue el grado de deterioro que mostraban los restos óseos analizados en la Universidad de Innsbruck, para calcinar los 43 cuerpos, basado en el cálculo más conservador y favorable a la hipótesis, tuvieron que disponer 30.1 toneladas de madera; 13.33 toneladas de neumáticos; 13.33 toneladas de diésel; y el fuego debió durar 60 horas.
Torero no es el primer científico que desmiente la versión de la PGR, antes lo hicieron el Dr. Jorge Antonio Montemayor Aldrete, Investigador Titular del Instituto de Física de la UNAM y Pablo Ugalde Vélez, Investigador Titular de la UAM Atzcapozalco.
Y, en la víspera de que el GIEI diera a conocer su informe el portal de Aristegui Noticias, difundió que "La Procuraduría General de la República tergiversó investigaciones científicas para afirmar que el incendio en el basurero de Cocula llegó a mil 600 grados centígrados, los cuales fueron suficientes para incinerar los cuerpos de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa". El portal afirma que "Los peritos de la PGR se respaldaron en el estudio "Valoración Energética de neumáticos fuera de uso", del académico Olegario Martínez Morán, del Departamento en Química y Física Aplicadas de la Universidad de León, España. La investigación científica determina que tal temperatura sólo se puede alcanzar bajo condiciones industriales o controladas en un laboratorio".
El equipo de investigación de Aristegui Noticias obtuvo los peritajes de la investigación a través de una solicitud de información y tras compartirlo con el científico, señaló al ser entrevistado: "…el segundo párrafo…no dice toda la verdad. Es una parte de la verdad porque esa temperatura…sólo se puede alcanzar en condiciones controladas de oxígeno".
Así los únicos que todavía hoy sostienen que los cuerpos de los normalistas sí fueron cremados en el basurero es la misma PGR, aunque todos los expertos independientes lo nieguen, pues al día siguiente de que los expertos dieron a conocer su informe, Felipe de Jesús Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, lo reiteró en una entrevista en Radio Fórmula.
Hasta antes del informe la PGR podía argumentar que las opiniones de los expertos se emitían sin haber realizado un peritaje en el lugar de los hechos; pero una vez que el Dr. Torero realizó in situ un muy exhaustivo y detallado peritaje es imposible utilizarlo para intentar desacreditarlo. No se está hablando en función de experimentos científicos, nada más, sino de vincular precisamente lo que indica la ciencia con las evidencias que el experto pudo recoger en el presunto lugar de la cremación y sus alrededores.
Aunque oficialmente, tanto el presidente Enrique Peña Nieto como la Procuradora Arely Gómez, han aceptado el informe y se comprometieron a incorporar al expediente sus observaciones y abrir las nuevas líneas de investigación que surgen del mismo, altos funcionarios de seguridad ya lo están descalificando sin siquiera conocerlo. El primero fue Muñoz, en la entrevista ya referida; y Reforma, publicó en su edición del jueves 10 de septiembre, que altos mandos de la Comisión Nacional de Seguridad, le indicaron que la Policía Federal no tiene acreditada la intercepción del quinto autobús, como señala el informe.
Todo indica que la PGR, tal como hizo con la primera averiguación, mantendrá la línea de exculpar a las corporaciones federales (Policía Federal y Ejército) y sostendrá la versión de la cremación en el basurero. Y, como han hecho con los escándalos de corrupción y conflictos de interés, pretenderán ignorar el enorme descrédito nacional e internacional que esto les ocasiona, especialmente cuando en este caso el desmentido lo están emitiendo expertos internacionales reconocidos por una organización internacional, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
