Amnistía Internacional (AI) consideró que las negligentes investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, exponen un escandaloso encubrimiento en los más altos niveles del Gobierno mexicano.
Mediante un comunicado, la organización defensora de derechos humanos calificó el caso de los estudiantes como uno de los peores escándalos de derechos humanos de la historia reciente de México.
"A menos que el presidente Peña Nieto tome acción real, ahora va a continuar siendo visto en todo el mundo como el facilitador de estos horrores", sostuvo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Ayer miércoles los padres de los jóvenes desaparecidos iniciaron un ayuno de 43 horas, mientras que hoy se reunirán en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto, y el sábado realizarán una marcha al mediodía hacia el Zócalo capitalino.
En el comunicado, Guevara-Rosas considera que es un distractor la versión de que los normalistas fueron asesinados por narcotraficantes que los incineraron en el basurero de Cocula, Guerreo.
"En particular, deberían explorar el rol de los militares y agencias responsables de hacer cumplir la ley en la tragedia después de que no tomaron acción a pesar de ser conscientes de los abusos contra los estudiantes mientras se estaban llevando a cabo", agrega.
Según el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes, tanto la Policía Estatal como la Federal, e incluso el Ejército, estuvieron al tanto de los movimientos de los estudiantes desde que dejaron la Normal Rural de Ayotzinapa.
"Si el gobierno está convencido que los militares no tienen ninguna información relevante que proporcionar, ¿de qué están tan preocupados?, proteger a los soldados de las investigaciones genera alarmantes preguntas".
'No se reprime'
Tras el enfrentamiento del martes entre policías y presuntos normalistas en Tixtla, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, aseveró que su gobierno no reprime manifestaciones, sino que sólo aplica la ley.
El mandatario hizo énfasis en que todas las personas tienen derecho a la libre manifestación, pero no a circular con artefactos que ponen en riesgo tanto su vida como la de terceros.
Dijo que la estrategia del diálogo sigue, pero la de la tolerancia extrema ya llegó al límite; "ya ni bloqueo de calles, ni bloqueo de autopistas, ni acciones de radicalización y de violencia en contra de edificios públicos o en contra de particulares".
— Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI