La venta aprobada por el Cabildo de Torreón, de un tramo de calle en la colonia Los Ángeles, es un atentado en contra del patrimonio de nuestra ciudad, y una contribución del alcalde Miguel Riquelme, a la ruptura del tejido social.
Ante las propuestas generadas por la ilícita disposición de un bien público que es de uso común de los ciudadanos, Riquelme asegura que el caso no sienta el precedente de una secuencia en cascada de otras ventas similares, pero enseguida el propio edil reconoce que está en tratos con una pasteurizadora local, para venderle una superficie de vialidad que requiere para la ampliación de su planta ubicada en la calzada Cuauhtémoc.
Se ha pretendido justificar la venta, con el hecho de que la vialidad primeramente mencionada, que corresponde a la calle Arocena como acceso de la colonia Los Ángeles al bulevar Constitución, se encuentra cerrada desde hace tiempo por decisión de los vecinos de la colonia, para enfrentar la inseguridad.
Como es del conocimiento del público, el cierre de la citada colonia suscitó la protesta de algunos ciudadanos ante la Comisión de Derechos Humanos, cuyo organismo dispuso la reapertura de la vialidad mediante una recomendación que hasta la fecha permanece incumplida.
El escenario es complicado. Por una parte nuestras autoridades locales festinan haber abatido los índices de violencia e inseguridad, lo que de ser cierto justificaría la reapertura de la colonia Los Ángeles, sin embargo la venta de la calle contribuye a consumar el cierre definitivo de dicha colonia precisamente por razones de seguridad, lo que entraña una contradicción irresoluble. Por un lado la Comisión de Derechos Humanos recomienda la apertura de la calle y por otro, Riquelme la vende para que dos vecinos amplíen su jardín.
Sin embargo, tiene sentido que los vecinos inmediatos de la superficie en subasta acepten la oferta, porque si no lo hacen están en riesgo de que la calle sea vendida a una cadena comercial, que instale una tienda de conveniencia en el área en cuestión.
El absurdo múltiple que lo anterior supone, sólo se explica por la voracidad de nuestras autoridades locales, la quiebra del erario público y la percepción por parte del alcalde, de que los torreonenses nos hemos hecho al modo Moreira de mal gobierno.
El desconcierto desatado al interior de la administración municipal es para Ripley, increíble pero cierto. El Instituto Municipal de Planeación pintado en la pared, dice oponerse a la venta de la calle, en tanto que al secretario del Ayuntamiento se le escapa una revelación impresionante: el precio de la calle se pagará a valor catastral de los terrenos aledaños, pero habrá la entrega de otra cantidad adicional que sin determinar ni su monto ni su destino, será cubierta por el comprador.
Lo peor de todo es que el cierre de la colonia, la venta de la calle y el sainete en sí, son factores con los que juega el sistema para vulnerar el tejido social, puesto que después de cada uno de tales acontecimientos, surge la división.
La siembra de cizaña ocurre en este caso en la colonia más antigua de la ciudad, en la que viven familias privilegiadas que por su formación en valores, por su grado de ilustración y por su posición económica tienen una mayor responsabilidad social y al mismo tiempo, están en la mira de la estrategia de degradación social emprendida por el moreirato, precisamente porque tales ciudadanos en su condición de independencia de criterio y solvencia, son vistos como riesgo por el sistema.
Ciudadanos contra ciudadanos que disputan el cierre y la apertura de la colonia; bandos de unos contra otros que se forman en torno a la venta o la conservación de la calle y a la postre, el despojo de un bien público que favorece a alguien que sin ninguna necesidad, queda expuesto a la vergüenza pública.
