La venta de niños en Sonora llegó a la La Cámara de Diputados. Mediante un punto de acuerdo promovido por la fracción del PRI por Sonora, los legisladores exhortaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) a abrir una investigación del caso, porque implica una "grave violación a los derechos humanos".
Al argumentar en torno de este punto de acuerdo, los legisladores dieron cuenta de la grave situación de los niños y niñas en México. Según la diputada panista Leticia Amparano y el diputado Jorge Álvarez, del Movimiento Ciudadano, hay entre 40 mil y 45 mil niños desaparecidos y 3 mil averiguaciones previas por menores robados durante el último año y medio.
Amparano afirmó que el tráfico de niños y personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial después del tráfico de armas y de drogas, cuyo mercado representa 32 millones de dólares anuales.
Por iniciativa de las diputadas Sylvana Beltrones y Susana Corella, y los diputados Próspero Manuel Ibarra, Héctor Ulises Cristopulos, Abel Murrieta, de la bancada priistas, los diputados avalaron solicitar a la CNDH que coadyuve en las investigaciones, intervenga en la reparación del daño causado a las víctimas y garantice la no repetición de estos hechos.
En tribuna, Sylvana Beltrones dijo que es urgente que la PGR investigue y proceda en contra de quienes resulten responsables por los delitos de trata y tráfico ilegal de personas, delincuencia organizada, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades, entre otros.
Es incomprensible, dijo, que la Procuraduría General de Justicia de Sonora no haya procedido en contra de los presuntos responsables, desde el momento en que se detectó el ilícito de tráfico de menores y que procediera a dejarlos en libertad aun cuando había pruebas en su contra.
"La existencia de una red que operaba bajo el amparo del DIF estatal y tenía vínculos internacionales exige una investigación más a fondo, ya que las autoridades locales han demostrado una franca incapacidad e indolencia", advirtió la legisladora sonorense.
Destacó que hay "una sospechosa omisión ante el hecho de que se han visto involucrados funcionarios públicos estatales", comentó.
Con ella coincidió la legisladora Norma Edith Martínez quien pidió al gobierno de Sonora "hacer públicos los resultados que guarda la investigación de este tema".
