Nos informan nuestros subagentes disfrazados de bomba despachadora de gasolina que los intereses sobre la apertura de nuevas estaciones de servicio sigue inclinándose hacia exfuncionarios de la administración municipal de Eduardo Olmos, quienes dejaron un reglamento hecho “como traje a la medida” para evitar que se instalaran más gasolineras en la ciudad, y sobre todo, que estén cercanas a los negocios de su propiedad. Según dicen, un día después de que el flamante embajador del gobierno de Coahuila en la capirucha del esmog inició funciones, un personaje de todas sus confianzas hizo una “cordial visita” a la obra de construcción de una estación ubicada en la calle 32 y que, sin decir “agua va”, simplemente paró la obra.
Las voces cercanas a los representantes del supuesto grupo afectado refieren que con todo y que hay un fallo de un juez federal que autoriza la reanudación de la obra de marras, luego de un amparo, de la nada surgieron los muchachos de “Tito” Porragas, jefazo de Protección Civil, para suspender los trabajos. Ante las quejas del empresario, los empleados municipales explicaron que por la “denuncia de un vecino” acudieron y constataron que la gasolinera en cuestión no reúne los requisitos de seguridad, así que sin más dieron la orden. El detalle aquí es que si aplicara la misma vara para medir a todas las estaciones de servicio, no sería una sino varias las clausuradas.
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Gran revuelo provocó en la Perla de la Laguna un reportaje transmitido a nivel nacional en el que se habla del caso de éxito de la Policía Municipal de Torreón, que luego de haber sido una auténtica sucursal del hampa a inicios del cuatrienio pasado se ha convertido en una de las más confiables, junto con la corporación estatal. Además, se menciona como gran logro la disminución de homicidios y demás hechos de alto impacto en comparación con los aciagos días en que se registraban por lo menos tres asesinatos al día. No obstante, la necia realidad se empeña en abollar el optimismo de los gobiernos de Rubén Moreira y Miguel Riquelme. Y es que no pocos ciudadanos se mostraron extrañados por el discurso de la confiabilidad en los renovados cuerpos policiacos, ya que de todos es sabido que los muchachos del teniente Adelaido Flores, jefe de Seguridad Pública Municipal, y de Hugo Gutiérrez, comisionado estatal, continúan muy activos. Y no nos referimos sólo a la detención de malandros y malandrines, que sí se ha estado registrando, sino también a las travesuras en donde los ciudadanos son los que salen perdiendo. Este hecho se refleja en los datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien recientemente reportó un incremento en el número de quejas por presuntos abusos de agentes en toda la entidad, ocupando la Policía Municipal de Torreón el primerísimo lugar en este rubro. En cuanto a los homicidios dolosos en la capital de la comarca, si bien los números ya no son tan altos como en 2011 y 2012, sí son suficientes para ubicar a la zona metropolitana lagunera entre las diez más violentas del país y entre las 50 más hostiles del mundo, según la lista negra que acaba de dar a conocer el Consejo Ciudadano para de Seguridad Pública y Justicia Penal. Es decir que, aunque las cosas han mejorado, tampoco están todavía como para hacer repicar las campanas.
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A propósito de travesuras, nuestros subagentes disfrazados de luminarias dobladas nos reportan que quienes andan desatados son los agentes de Tránsito de Torreón. Dicen que los elementos de la corporación que comanda Ricardo Hamdan, conocido como “El Neófito” por su escaso conocimiento de los asuntos viales -reconocido por él mismo-, han aprovechado muy bien el aumento en las multas que se autorizó el año pasado y las comisiones que les pagan por cada incauto que es llevado al Tribunal de Justicia Municipal. Resulta que muchos agentes se la pasan “cazando” a los automovilistas en corredores como la Calzada Colón, los bulevares Independencia y Revolución y en la autopista a San Pedro, en vez de hacer su chamba de prevenir los accidentes y las faltas al reglamento. Cuentan que se inventan cualquier pretexto para detener a los conductores y bajo la amenaza de “que la multa le va a salir muy cara” le han subido a la tarifa de la “mordida” incluso por encima de los 500 pesillos. Y esto lo hacen con todo y el regaño que les puso el jefazo Miguel Riquelme el año pasado, regaño que, a la luz de lo visto, parece que los elementos lo entendieron como una motivación. Y ante el incremento de las quejas, a la Contraloría Municipal de Javier Lechuga no le quedó de otra que abrir una investigación que hasta el momento ha derivado en el interrogatorio de más de la mitad de los agentes de la corporación. Pero con los antecedentes que tiene el señor contralor, que fue duramente cuestionado por la oposición por la falta de resultados de las supuestas auditorías que realiza, como la de Ventanilla Universal, no queda mucho espacio para la esperanza de que algo vaya a cambiar en la Dirección de Tránsito. Ojalá que nos equivoquemos.
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En donde no cantan tan mal las rancheras es en la Fiscalía de Durango. El Consejo Cívico de las Instituciones Laguna detectó que la dependencia que está a cargo de Sonia Yadira de la Garza está aplicando el mismo “maquillaje” de cifras de homicidios dolosos que alguna vez aplicara el gobierno de Coahuila. Curiosamente, la Fiscalía está confundiendo averiguaciones previas con víctimas de asesinato, lo cual, para la lupa del Consejo es un error, ya que en un evento que deriva en una averiguación puede haber más de una víctima. Y con esta estrategia, los números oficiales de homicidios son menores a los que ocurren en realidad. Los mal pensados creen que este “retoque” se debe a que el gobernador Jorge Herrera Caldera no quiere quedarse atrás a la hora de presumir que los niveles de seguridad en La Laguna de Durango han disminuido. Lo que más llama la atención es que, según el Consejo, no es el único caso y hay otras siete entidades que hacen uso de sus maquillistas profesionales, con lo que es harto difícil confiar en las estadísticas que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en las que se basa el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para decir que con el preciso Peña Nieto la violencia va a la baja. Menudo lío.
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El que está pariendo chayotes en su relación con el gobierno del estado es el alcalde de la urbe de adobe, Isidro López, aunque se tomo la foto muy sonriente con el señor gobernador. Dicen que la nueva iniciativa de ley que castiga a las administraciones que contraten policías dados de baja o que reprobaron las famosas pruebas de control y confianza, se lanzó para que Jorge Salcido Urroz, exdirector del Centro Integral de Administración y Planeación de Saltillo, no pudiera ser recontratado por don Isidro. Como se sabe, Salcido fue dado de baja temporalmente el año pasado por reprobar un primer examen en medio de acusaciones diversas que van desde poner “pájaros en el alambre” hasta tener nexos con negocios turbios relacionados con combustibles. Pero cuentan que el alcalde López tiene toda la intención de volverlo a meter a su equipo, luego de que presentó otro examen de control y confianza que misteriosamente ahora sí aprobó. La especie que corre es que Salcido entraría como director de la Policía Municipal, en sustitución de Clemente Yáñez, quien es uno de los sobrevivientes de la nómina, ya que trabajaba en la administración del priista Jericó Abramo Masso. La gente de “Chilo” López sospecha fuertemente que el corazoncito de Yáñez sigue latiendo por el tricolor y, sobre todo, por el gobierno de Rubén Moreira. Se dice que él filtra la información de los operativos municipales a la administración provincial y que por eso siempre salen mal y nunca hay coordinación. La idea de los moreiristas, según los lopecistas, es que don Clemente no sea sustituido para que siga jugando con el equipo contrario. Lo cierto es que, en medio de todo este mitote, la administración panista de Saltillo luce más dividida que el propio PAN nacional.