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Verdades y rumores

EL AGENTE 007

Todo apunta a que los desencuentros entre las autoridades de las provincias de Coahuila y Durango continúan en el espeluznante asunto de la seguridad. Al menos así lo dejan ver las declaraciones que ayer hizo el flamante secretario de Gobierno de Coahuila, Víctor Zamora, en Sabinas. Resulta que, según el funcionario, existen dos cárteles, de los cuales no mencionó su nombre, que están disputándose el control de las rutas y territorios en La Laguna de este lado del lecho seco del río Nazas, y que dichos grupos operan y tienen su asiento en la parte de Durango.

Pero dicen los que saben que esta aseveración trae “jiribilla”, ya que, con ello, las autoridades coahuilenses pretenden achacar el repunte de la violencia que se ha vivido en el arranque del año -con un asesinato al día en promedio en la zona metropolitana- a que los cárteles en cuestión se mueven a sus anchas en aquél lado de la Comarca sin que las corporaciones (bueno, las pocas que existen, porque municipales aún no hay en forma) hagan algo por detenerlas. Más allá de que esta situación sea cierta, lo cual no resultaría extraño, la postura del gobierno coahuilense se mantiene en el tenor de que los delincuentes “no viven en la región”, sino que “vienen de fuera”. No obstante, se les olvida que La Laguna abarca ambos lados y que lo que ocurre en uno afecta al otro, además de que los criminales que siguen haciendo sus fechorías también ocupan territorios en Torreón y Matamoros. Ojalá que la reunión de seguridad que los altos mandos sostendrán hoy en la región no quede en el consabido reparto de culpas y responsabilidades, ya que el sufrido pueblo sigue sufriendo por la falta de coordinación. Y mientras las autoridades se ponen de acuerdo, parece que los únicos que entienden -y muy bien- la lógica metropolitana son los delincuentes.

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Con tanto cambio que se ha hecho en el gobierno provincial, ya no se sabe cuáles son los criterios de selección de los integrantes del gabinete de Rubén Moreira. Y esta duda salta al observar el desempeño de algunas de las “nuevas contrataciones” del equipo estatal. Un ejemplo es el de la exbecaria de Coahuila en la capirucha del esmog, Norma González, quien hace unas semanas tomó las riendas de la Secretaría del Trabajo, aunque se desconocen sus méritos para ocupar el cargo. Nuestros subagentes disfrazados de grabadoras nos informan que en la rueda de prensa que sostuvo doña Norma ayer en Torreón, una sola respuesta tuvo para todas las interrogantes de los ávidos reporteros de la fuente: “no tengo el dato”. Cosa que llamó por de más la atención ya que propios y extraños consideran que la secretaria ha tenido el tiempo suficiente para empaparse de los temas más importantes que acontecen en la entidad en el rubro al que fue asignada. Pero al menos González se para al frente de la prensa, porque hay otros que ni eso se han dignado a hacer. Tal es el caso del comisionado de Seguridad, Hugo Gutiérrez, quien cada vez que ve una grabadora o una cámara se esconde para no ser entrevistado. Cuentan que es raro ver a don Hugo en los actos públicos y que cuando asiste, se arranca en una carrera a campo traviesa para evadir las preguntas. Parece que al comisionado no se le da eso de la comparecencia ante la opinión pública y las malas lenguas dicen que lo que pasa es que le ganan los nervios. Esperemos que no le ganen a la hora de tomar decisiones para meter en cintura a los agentes estatales, sobre todo los famosos Gates, quienes andan muy sueltos haciendo travesuras y asustando a la ya de por sí asustada ciudadanía.

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Una vez más, de poco le sirvió al gobierno mexicano enviar a Ginebra una abultada delegación para comparecer ante la ONU por el tema de los derechos humanos. Nuestros subagentes vestidos de traductores nos cuentan que la delegación estuvo compuesta nada más y nada menos que por ¡28 funcionarios públicos!, entre los que se encontraba el gobernador Rubén Moreira en su calidad de comisionado de Derechos Humanos de la asamblea de virreyes -perdón, Conago-. En serios aprietos se vio la comitiva azteca cuando los integrantes del Comité para Desapariciones Forzadas de la trasnacional de la buena voluntad cuestionaron insistentemente sobre el número de personas desaparecidas que existe en este mágico país. Y por más que revisaban y revisaban sus tabletas y sus carpetas, ninguno de los comparecientes atinó a dar una cifra. Lo cual resulta harto extraño ya que el año pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró ante el Senado, muy quitado de la pena y con mucha seguridad, que en México había poco más de dos decenas de miles de desaparecidos pero que todos ya habían sido localizados, aunque, claro, luego se supo que dicha estadística no tenía sustento alguno. Pero el caso que más incomodidad causó fue el de Iguala, el cual, a pesar de la “verdad histórica” de la PGR, sigue despertando dudas. Quien terminó de hundir la espalda en el lomo fue el ombudsman Luis Raúl González, quien exhibió al estado mexicano por su falta de atención y prevención en el terrible tema de las desapariciones forzadas. Pero en medio de los amargos sinsabores que dejó la participación de la delegación mexicana, don Rubén no quiso desaprovechar la ocasión para presentar los “avances” que en la materia se han tenido en Coahuila, particularmente con la ley de desaparecidos, la cual, ciertamente, es la primera de la República que busca hacer un poco de justicia a las familias afectadas por este fenómeno. Por supuesto que el señor gobernador no habló de la inconformidad que existe entre el empresariado coahuilense que considera que se le está endosando una responsabilidad que en esencia es del estado. En suma, los maldicientes opinan que la delegación mexicana que fue a Ginebra se pareció más a las que nuestro país envía a las olimpiadas, en donde, a pesar de contar con un gran número de integrantes, muy pocas medallas cosecha aunque sí muchas vergüenzas.

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Tal parece que luego de tener que reconocer a regañadientes que la deuda de Torreón sí había subido en 2014 en comparación con el último año de administración de Eduardo Olmos, el guardián de las arcas municipales, Enrique Mota, va a tener que pasar otro trago amargo, pero ahora no como deudor, sino como acreedor. Y es que esta semana se dio a conocer que el gobierno provincial sigue teniendo varios pagos millonarios pendientes con el ayuntamiento y el Simas desde la pasada administración. Lo novedoso del caso no es que el ejecutivo estatal deba dinero, ya que le debe a medio mundo, sino que le está haciendo de agua el adeudo a la Presidencia Municipal. Como excusa, la Secretaría de Finanzas que encabeza Ismael Ramos le está exigiendo a la Tesorería que le muestre todos y cada uno de los documentos y convenios que avalan dicha deuda. Y esto ha puesto a don Enrique a parir chayotes, ya que no tiene a la mano los comprobantes, y en una reciente entrevista de radio dijo que “los iba a buscar”. A decir de los malpensados, este hecho pone en evidencia dos cosas: uno, que el proceso de entrega-recepción del año pasado no fue tan ordenado como se dijo; y dos, que el ayuntamiento no está dispuesto a ser tan implacable con el gobierno estatal como con los atribulados contribuyentes torreonenses. Y mientras encuentran los mentados documentos, la administración estatal parece dar un giro a la célebre frase juarista: “debo... compruébalo; pago... ya veremos”.

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Quien se quedó como novio de rancho, vestido y alborotado, es el exsuspirante a la candidatura del PAN por el distrito II de Gómez Palacio y Lerdo, Hassan Chaúl García. Nuestros subagentes disfrazados de operadores electorales nos informan que el regidor gomezpalatino ya se veía contendiendo en la campaña para conseguir una curul con bono en San Lázaro, al grado de que había mandado a hacer todos sus artefactos de mercadotecnia política: gorras, banderines, matracas y playeras. Pero cuál fue su sorpresa cuando, al más puro estilo del madruguete, los dirigentes de su partido decidieron mandar a la contienda a otro gallo, o gallina, mejor dicho. Se trata de María del Carmen Ávalos, que nada tiene que ver con el eterno candidato panista Augosto Ávalos ni mucho menos con el diputado priista Juan Ávalos. La voces maliciosas dicen que la cúpula blanquiazul de Durango vio que el perfil de don Hassan no era el más apropiado para hacer frente a Rocío Rebollo, virtual candidata del tricolor por es distrito, ya que considera que el edil es un panista de nuevo cuño, sin mucha trayectoria en el partido. Por el contrario, de doña Marycarmen se dice que es panista de prosapia con larga historia en el instituto blanquiazul. Pero la versión oficial del comité directivo estatal es que por cuota de género, en el distrito II debía ser designada una mujer. Ávalos dejó en el camino también a Sandra Alvarado Torres, cuyo registro no fue aprobado al ser declarado improcedente. De cualquier forma, la virtual candidata panista la tendrá muy difícil frente a la exalcaldesa de Gómez Palacio, quien, se comenta, ya tiene muy bien aceitada la maquinaria y hasta ha hecho las paces -temporalmente, se entiende- con la gente de don Carlos Herrera, quien controla buena parte de la clientela priista en La Laguna de Durango.

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