Nuestros subagentes disfrazados de operarios de elevador privado nos informan del tremendo berrinche que hizo el inquilino del séptimo piso del edificio más caro de la ciudad, Miguel Riquelme, debido a la balconeada que le dieron los Gates de Armando Luna, exsecretario de Gobierno y flamante candidato a diputado federal. Y es que la semana pasada, los famosos policías de élite del Estado protagonizaron tremenda riña con los muchachos del jefazo de la Policía Municipal, Adelaido Flores. Los elementos municipales fueron agarrados con las manos en la masa luego de que, dicen, le pidieron dinero a una exempleada doméstica que a su vez fue acusada de hurto por su patrona.
Cuentan los bien enterados que como los Gates traen tremendo pique con los polis del teniente, aprovecharon la oportunidad para poner en acción de inmediato todo el equipo de inteligencia, lo que rara vez ocurre con las denuncias de los atribulados ciudadanos. Más raudos que veloces investigaron y detuvieron a los traviesos agentes a los que, de paso, retrataron para “quemarlos” en las redes sociales. Esto provocó que el pasado domingo, durante la reunión de evaluación de índices delictivos, don Miguel se la hiciera de tos al comandante de los Gates por la exhibida y hasta le recordó lo que el ayuntamiento gasta en mantener las operaciones del cuartel donde comen y viven, allá por el oriente de la ciudad. Posteriormente, circuló por ahí la versión de que fue el alcalde de Madero, David Flores Lavenant, quien supuestamente le hizo el “favorcito” de “quemar” a los municipales, y ahora no sabe como componer las cosas. ¿Será?
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En donde el agarrón se hace cada vez más fuerte es en las agrupaciones que se ostentan como protectoras del patrimonio familiar (pero de sus líderes, seguro pensará usted). Los subagentes disfrazados de ventanas del Invernadero Mayor señalan que la lideresa Verónica Corral y su coordinadora operativa, conocida como Tania, fueron las artífices de la huelga de hambre de Sandivel Sosa, afectada por el decomiso de su auto “chueco” y que el miércoles decidió poner fin a su protesta. Dicen que las representantes del membrete Alerta Patrimonio Lagunero (Apal) pretenden a toda costa desbancar a José Guadalupe Barrio Nuñez, dueño -perdón, presidente- de la Onappafa, para quedarse así con el pastelote de la afiliación de miles de propietarios de estos carros sabor chocolate. Muestra de esta lucha de poder es que la Onappafa ha tenido que hacer manifestaciones por su lado, por ejemplo, promoviendo el voto en contra del PRI, partido que otrora los acogió y toleró y que ahora, como Bruto a Julio César, quieren apuñalar (“¿Tú también, hijo mío?”, dirán los priistas). Y para ponerle más sabor al caldo, se sabe que quien orquestó la quema del vehículo afuera del edificio Coahuila fue Apal y el hermano de Barrio Núñez, que representa una organización competidora, la Conappafa. Así que el negocio de los “chuecos” está muy competido y todos quieren arreglarse con la autoridad estatal para que no les quiten sus jugosos dividendos, aunque hasta hora a los únicos que han recibido en el Palacio Rosa de la urbe de adobe son a los de Apal.
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Dicen las malas lenguas con humor negro que los letreros de bienvenida de las entradas de la Perla de la Laguna serán modificados. Que donde se lee “La ciudad de los grandes esfuerzos”, ahora dirá “La ciudad de los grandes... topes”. Y es que para cualquier conflicto vial que existe en esta bella urbe, nuestros H. Funcionarios aplican la misma fórmula: bordos, moderadores y boyas, la mayoría puestos como Dios les da a entender, sin que eso sea garantía de resolver el problema, que tiene que ver más con la falta de cultura vial y de equipamiento urbano adecuado. Lo que llama la atención es que cuando los directivos de alguna escuela ubicada en una colonia popular solicitan la aplicación de medidas por parte de la autoridad para regular la velocidad, los jefazos de Tránsito, Ricardo Hamdan y Urbanismo, Gabriel Calvillo, de quien depende el departamento de Ingeniería de Tránsito que encabeza Carlos Manjarrez, hacen como si la virgen les hablara y se tardan meses en actuar. Pero cuando los pudientes habitantes de una colonia residencial piden que se les pongan sus topes, monumentos al tercer mundo, atienden de inmediato al llamado. Tal es el caso de la avenida Madrid, en San Isidro, en donde no es uno sino diez los moderadores de velocidad autorizados. Esto sólo confirma que para las autoridades de Torreón hay ciudadanos de primera y... todos los demás.
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Versa el dicho que más vale tarde que nunca. Y esto viene a propósito de la entrega -por fin- de la sagrada nómina municipal de Lerdo, la cual el ayuntamiento la tenía bajo llave, cerrada con tres candados y remachada, como dice el corrido. Entre los detalles que surgen de la misma hay dos en particular que seguro provocarán el asombro del respetable. Uno es la confirmación de que Luis de Villa es el mejor pagado de los alcaldes de la Comarca Lagunera, por encima incluso de los dos Migueles, Riquelme y Campillo, quienes encabezan los municipios con mayor presupuesto de la región. Al respecto, dicen los subagentes disfrazados de secretarias que don Luis alega que si bien es cierta esta situación, él no cuenta con compensaciones ni un aparato de seguridad como el de sus homólogos (sería interesante conocer la opinión de éstos). El otro asunto tiene que ver con los asesores de De Villa. Según la nómina, uno de los consejeros estrella del munícipe es nada más y nada menos que el exalcalde Luis Fernando González Achem; sí, aquél cuya silla terminó en el patio de la Presidencia al finalizar su mandato (por ahí hubieran empezado). Pero respecto al tema del manejo de la nómina se dice que tanto José Francisco Torres, jefe de Acceso a la Información, como José Enrique Uribe, del Departamento Jurídico, le apostaron a utilizar aquella vieja estrategia que usan con los ciudadanos de entablar un pleito legal y hacer las cosas más burocráticas. El Ayuntamiento, a través del señor Uribe, entregó la información como si se tratase de un secreto de estado, con candados y casi encriptada. Pero bueno, hay que reconocer que al menos la entregó, una vez que el vicealcalde -perdón, el secretario técnico- Mario Saucedo comprendió que les estaba saliendo más caro el caldo que las albóndigas y que los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto ganan sus H. Autoridades. Algo que no le vendría mal imitar al Ayuntamiento de Gómez Palacio, donde el alcalde José Miguel Campillo se ha mostrado renuente a dar a conocer todo lo que tiene que ver con la remuneración mensual de su gente. Así estarán los suelditos de quienes cobran en la nómina, que no necesariamente son los mismos que trabajan en el ayuntamiento.
