Tal parece que las “travesuras” relacionadas con Protección Civil trascienden el ámbito municipal y alcanzan al estado. Nuestros subagentes vestidos de rojo PRI nos informan que Humberto Rodríguez, subdirector de Protección Civil de Coahuila, trae asolados a los propietarios de grandes empresas, sobre todo las que manejan materiales peligrosos. Dicen que el hostigamiento es constante, pero no precisamente para hacer que cumplan con los lineamientos de ley, sino para obtener oscuros beneficios monetarios a cambio. Resulta que año con año los negocios de marras tienen que elaborar un plan de prevención de accidentes con la ayuda de un capacitador externo y debidamente autorizado. Lo que sigue es presentarlo ante el jefazo de Protección Civil en el Estado para que lo autorice. No obstante, cuentan que el funcionario estatal se saca de la manga “adiciones” que el empresario debe considerar para reforzar la seguridad.
Y así puede ocurrir que van una y otra vez con nuevos requisitos cumplidos, pero nunca es suficiente. Los quejosos indican que la amenaza de clausura es la terrible arma de don Humberto, pero que ésta se diluye con “propinas” de hasta 100 mil pesillos. Los subagentes nos informan que los empresarios afectados por la sangría de sus bolsillos, al ver que nadie le amarra las manos al funcionario estatal, pedirán directamente la intervención del mismísimo gober Rubén Moreira, a quien pretenden facilitarle un expediente bastante chonchito sobre todas las diabluras de Rodríguez.
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No es de extrañar que los agudos espectadores de la cosa pública local se miren frecuentemente unos a otros asombrados por la forma en como se repiten los errores en los gobiernos de estas tierras alejadas de la mano del Señor. Tal es el caso del curioso manejo que se da al parque vehicular de la Policía en Torreón. Cabe recordar que en la administración municipal del flamante embajador becario del gobierno provincial en la capirucha del esmog, Eduardo Olmos, el control fue el gran ausente, lo cual ocasionó que el actual munícipe, Miguel Riquelme, recibiera cuando mucho 30 patrullas en la calle y una enorme chatarra en los patios de Seguridad Pública. Y esta situación fue reconocida por el mismo don Miguel al asumir el mando de la nave municipal que surcaba los mares al garete. Y es que, como lo reportaron con oportunidad nuestros subagentes, en el cuatrienio pasado no se respetaban las bitácoras de uso de los vehículos, se desvalijaban la unidades supuestamente para arreglar otras y las patrullas sólo podían ser liberadas mediante el pago de jugosas “comisiones”. En fin, todo un catálogo de bellos enjuagues. El asunto es que, el presunto responsable de todo este desvarajuste, Raúl Quintero Subealdea, exjefazo de Control Vehicular, continúa cómodamente operando en el ayuntamiento sin que alguien le cuestione lo que ha hecho por el sueldo que ha cobrado a costa del erario. Los oficios con su firma siguen circulando por los pasillos del Invernadero Mayor y el edificio de la DSPM y a nadie -entiéndase al contralor Javier Lechuga- se le ha ocurrido auditar el tipo de trabajo que desempeña. Peor aún, dicen los subagentes que don Raúl fue premiado por su “eficiencia” con el puesto de administrador. ¡Qué bonito!
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Quienes no se quisieron quedar atrás en eso de hacer una demostración de músculo y unidad fueron los dueños de Acción Nacional en Coahuila. Y es que en un conocido restaurante que suele ser la guarida de los grillos en la Perla de La Laguna, el diputado Guillermo Anaya y el senador Luis Fernando Salazar se reunieron con el exembajador de México en España, Jorge Zermeño, acompañados del pastor de los blanquiazules en el Congreso local, Jesús de León, y el legislador federal, Marcelo Torres. Aunque el objetivo explícito de la reunión fue demostrar que el panismo coahuilense se encuentra organizado de cara al proceso electoral del 7 de junio, el motivo verdadero fue aparentar un cierre de filas en torno a la figura don Jorge y contrarrestar el peso del grupo opositor encabezado por los alcaldes de Saltillo, Isidro López, y Monclova, Gerardo García, quienes hace una semana exigieron equidad en la elección interna de candidatos plurinominales. Pero, según nuestros subagentes disfrazados de tazas de café, la supuesta unidad es sólo de discurso, ya que, dicen, Zermeño no está aún muy convencido de que no le vayan a hacer una “travesura” ahora que fue ungido desde el CEN del PAN como candidato al distrito VI. Además, se comenta que Torres y Salazar se encuentran ya velando armas para enfrentarse en duelo abierto por quedarse con la candidatura a la alcaldía de Torreón. Y si a esto le agregamos que no todos los panistas están conformes con la integración de la lista de plurinominales y que don Isidro cree que puede ser mejor suspirante a la gubernatura que don Memo en 2017, pues el panorama pinta para que los codazos y pisotones continúen a la orden del día en el principal partido de oposición en Coahuila. A ver cómo se pone esto.
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De la capirucha del esmog llegaron la semana pasada preocupantes misivas con sello de la Auditoría Superior de la Federación que representan piedritas en el camino de Rocío Rebollo, suspirante a diputada federal del PRI en el distrito de Gómez Palacio y Lerdo. Resulta que la exalcaldesa dejó varias cuentas pendientes por aclarar. El último año de su administración, 2013, fue uno de los que recibió más señalamientos por parte de los “Sherlock Holmes” estatales y federales. Y aunque el alcalde José Miguel Campillo, exsubordinado de doña Rebollo, “entró al quite” para tratar de minimizar las observaciones calificándolas de meros asuntos administrativos, dicen los que saben que los detalles señalados son para considerarse. La auditoría federal puso el dedo flamígero en el renglón del manejo de los fondos federales destinados a las zonas de alta marginación que se autorizaron para Gómez Palacio, donde se detectó, en suma, descontrol, ausencia de transparencia y falta de eficiencia. Pero la cosa no acaba ahí. La auditoría del estado, por su parte, observó que varias obras, que suman 25 millones de pesillos, fueron reportadas como ejecutadas cuando en realidad no se llevaron a cabo. Y la aclaración que se prometió sobre qué pasó con el dinero y con esas obras no ha llegado hasta ahora. Tal vez esa aclaración venga montada en burro.
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Confusión entre el respetable han generado las recientes declaraciones de las H. Autoridades provinciales y locales respecto a la situación de seguridad en el estado y la ciudad. Y es que mientras el gober Rubén Moreira y el alcalde Miguel Riquelme por un lado presumen la tranquilidad que se respira en la entidad y el municipio -lo cual, si se compara con el desastre de hace tres años, es relativamente cierto-, por el otro dan a entender que el crimen organizado sigue operando con fuerza en estas tierras. Y es que don Miguel ha tomado como recurso de escape el atribuir todos los delitos de alto impacto que se han suscitado en la Perla de La Laguna en los últimos días a los ajustes de cuentas entre bandas rivales, como si eso eximiera a las autoridades de responsabilidad en la prevención y la investigación. Estas aseveraciones parecen un eco de las que hicieran en su momento los celebérrimos exmunícipes José Ángel Pérez y Eduardo Olmos, cuando la cosa empezaba a ponerse fea en la región. Por su parte, la gente de don Rubén considera que el hampa es lo suficientemente fuerte para armar campañas “negras” contra su grupo de élite e, incluso, para controlar a uno que otro periodista. Así que con este discurso cuasi esquizoide, dicotómico, el respetable ya no sabe si creer que todo marcha sobre ruedas o si estamos frente a un posible nuevo riesgo de descomposición.
