Harta confusión ha generado entre el respetable la postura, digamos “esquizofrénica” asumida por la administración mude Torreón frente a ciertos temas. Por un lado está la planta tratadora de aguas residuales que durante los 11 años que tiene en operación ha resultado un fracaso y, de paso, una onerosa carga para el sistema de aguas que aunque ha pagado tres veces su precio, aún debe varias decenas de millones. Y la confusión no es propiamente por el proceso que ha iniciado el Simas para rescindir el contrato a Ecoagua, lo cual, a la luz de todos los incumplimientos y fallas expuestas, resulta lo más lógico, sino porque la administración municipal no ha puesto el mismo celo en otros casos en donde parecen estar afectándose los intereses de la ciudadanía.
Tal es el caso del servicio de limpieza, concesionado a la empresa PASA, por el cual el ayuntamiento de Torreón -o sea, usted y todos los contribuyentes- está pagando mensualmente 11.7 millones de pesos cuando originalmente se dijo que no se iban a erogar más de 8.5 millones. También está el caso de la concesión de alumbrado público por la que, según las cuentas de Fomec, la autoridad municipal pudo ahorrarse alrededor de 500 millones de pesos por varios conceptos que, a decir del organismo empresarial, fueron aplicados de forma incorrecta en la corrida financiera. Así pues, queda la suspicacia sobre por qué en unas concesiones se muestra un rostro duro mientras en otras se dejan sin aclarar muchas dudas.
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Cuentan que todo el entusiasmo inicial que generó el anuncio de que Torreón será la sede del II Encuentro Nacional de Danza del 26 de abril al dos de mayo se ha convertido en angustia. Y sí, como seguramente adivina usted, aguzado lector, se trata por asuntos de dinero. Resulta que para llevar a cabo este tipo de magnos acontecimientos, si bien la organización corre por cuenta del Instituto Nacional de Bellas Artes, se requiere del apoyo del gobierno provincial. Apoyo que, claro está, se debe traducir en recursos económicos. Pero según nuestros subagentes disfrazados de tramoyistas, en el caso del encuentro que deleitará a los amantes de los cuerpos en movimiento de La Perla de La Laguna, la Secretaría de Cultura de Coahuila informó recientemente a sus colegas de Torreón que, con la pena, pero “no hay”. Como era de esperarse, esta tremenda declaración puso a temblar a la directora del Instituto Municipal de Cultura, Ruth Idalia Ysáis, quien comenzó a cuestionarse de dónde va a salir el dinero que le correspondía a la provincia aportar. La respuesta de la Urbe de Adobe no se hizo esperar y fue contundente: “háganle como puedan”. Así que para salir del apuro, todo el personal del Instituto anda sacando dinero de hasta por debajo de las piedras para poder pagar el compromiso que asciende a una media docena de millones de pesos. Este penoso asunto vuelve a poner en la palestra la difícil situación económica por la que atraviesa la dependencia de Sofía García Camil. Lo que resulta más extraño es que el actual gobernador Rubén Moreira decidió elevar el antiguo Instituto Coahuilense de Cultura a la categoría de secretaría bajo el argumento de darle mayores recursos, cosa que, como hemos visto, no ha sido así. Dicen los que dicen saber que esto se debe a que en el sexenio del hermano incómodo se crearon nuevos centros culturales y museos, pero nunca se pensó en cómo mantenerlos. Y ahí está la bronca que por pagar gastos operativos y nóminas abultadas, la zarina de la cultura estatal sufre la gota gorda.
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Múltiples y deslumbrantes chispas salieron en la reunión de la comisión de Equidad de Género del Centro Recreativo más suntuoso de Torreón, mejor conocido como Cabildo. Nuestros subagentes disfrazados de moños naranjas nos reportan que Dulce Pereda, directora del Instituto Municipal de la Mujer, sostuvo una agria discusión con Mayela González, regidora de Movimiento Ciudadano y presidenta de la comisión de marras. Y es que en los pasillos del Invernadero Mayor es de todos conocido que ambas funcionarias tienen su carácter además de que no son del todo afines. Como ya se había informado en estas páginas, doña Dulce había pasado por alto a los regidores en dos proyectos que pretendía iniciar sin el aval de la máxima autoridad del municipio (así le dicen). Pues ayer, no conforme con ello, en la sesión de la equitativa comisión, la directora respondió con lanzas encendidas a las flechas envenenadas que le arrojó doña Mayela en forma de cuestionamientos. Incluso Pereda dijo que no consideraba necesario que el programa de Seguridad para la Mujer pasara por la aprobación de los ediles de la comisión, a pesar de que ésta debería ser la supervisora principal. Comentó que el asunto sólo se verá en la comisión de Seguridad Pública, presidida por la regidora priista Olivia Martínez, a la que también pertenece el perredista más priista de Torreón, Roberto Rodríguez. Con estos ediles cómodos y amigos, la directora del Instituto de la Mujer evitaría meterse en problemas a la hora de solicitar la autorización del programa. No sería la primera vez que la funcionaria se brinque a la comisión de Equidad de Género, que es con la que más de cerca debería trabajar. A propósito de Olivia Martínez, hace poco tildó de “amarillistas” a los medios que “irresponsablemente” difunden temas relacionados con los homicidios de mujeres en esta ciudad, como si el asunto no fuera lo suficientemente grave para hacerlo visible. Así que ya se imaginarán cómo estará el mentado programa de prevención de violencia de género, aprobado por quienes no creen que el asesinato de una mujer sea cosa para tomarse en serio.
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Bien dicen que donde hay dinero y poder, aunque sean pocos, habrá discordia. Y esto viene a colación por las travesuras que siguen ocurriendo en el sector de servicios turísticos (sí, existe) de la capital lagunera. Nuestros subagentes vestidos de chaleco de inspector nos comparten la especie cada vez más fuerte de que ciertas personas andan acarreando agua al molino del exdirector de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Gabriel Cornú Máynez. Como recordará usted, memorioso lector, don Gabriel se ostentó durante casi 16 años como dirigente de ese organismo que maneja recursos propios, que a veces son públicos, y se adjudicó, dicen, un sueldazo y hasta se compró una Suburban, supuestamente para el transporte de ejecutivos de empresas que vinieran a Torreón en plan turístico (como si vinieran todos los días). El hecho es que Cornú “fue renunciado” por motivos de salud y, como ya lo habían reportado nuestros subagentes, demandó a la OCV por la friolera de 6 millones de pesos ya que asegura que nunca le dieron las prestaciones de ley y exige además su reinstalación, aunque nunca dio cuentas del recurso que ejerció. Lo que los maldicientes aseguran ahora es que Ángel de la Campa, quien no salió muy bien de la administración del Aeropuerto Internacional de Torreón, así como José Antonio Sifuentes, de la Cámara de la Propiedad Urbana, son los principales asesores de don Gabriel en el pleito que sostiene para “hacerse justicia”. Y cuentan que ayer, muy tranquilo y quitado de la pena, se presentó en la reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada como representante del sector hotelero de la región, para sorpresa de propios y extraños. Al margen de esto, se dice que los honorarios para el despacho que defiende a Cornú en su pleito con la promotora turística será jugoso, pero que lo más extraño es que la OCV está haciendo muy poco para defenderse. ¿Será que habrá más rebanadas del pastel? Que conste que es pregunta.
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El caso del hospital general es para los escépticos del poder en La Laguna de Durango un claro ejemplo de la falta de apoyo del gobierno de Jorge Herrera Caldera hacia el golpeado municipio de Gómez Palacio, pues se trata de una obra que se ha venido postergando desde hace años y que, incluso, fue uno de los principales compromisos de campaña por parte del gober. Y es que tras el anuncio de que el inicio de la construcción se dará hasta agosto próximo (a ver si ahora es cierto), fueron numerosas las reacciones en contra, sobre todo si se toma en cuenta que el hospital general que presta servicio a la población abierta lleva años rebasado por el crecimiento en la demanda y ya no responde a las necesidades de atención médica. Pese a que a la mitad de su gestión el gobernador aseguraba que “vendrían los tres mejores años para Gómez Palacio”, la situación es distinta no sólo en el caso del hospital; basta señalar las obras que se ejecutan con recursos del Fondo Metropolitano, que llevan semanas abandonadas porque el recurso de este año aún no se aplica, misteriosamente. Otro caso es el del parque La Esperanza, donde se han efectuado siete ceremonias de inauguración (sí, siete), pero todavía no inicia la tercera y última etapa de construcción, como tampoco se han atendido todos los ofrecimientos que se hicieron en un inicio en unas maquetas muy bonitas que quedaron totalmente alejadas de la realidad, pues hasta se decía que tendría un aviario, mariposario y otros grandes atractivos. Para colmo, el alcalde José Miguel Campillo aseguró estar muy contento tras el anuncio del gobernador de que la construcción del hospital iniciará en el octavo mes del año, habría que recordarle al presidente municipal que se tenía programado para marzo o abril, incluso desde mediados de 2014. Pobre Gómez.
