La ardua disputa legal que ayer terminó con la posesión por parte del Simas Torreón de la fallida planta tratadora de aguas residuales que administraba la concesionaria Ecoagua, sacó a relucir algunos detalles que dan a pensar que en estas tierras, de alguna u otra forma, todo tiene tintes partidistas. Nuestros subagentes disfrazados de partículas coliformes nos reportan que detrás de cada una de las partes hay personajes muy conocidos del ambiente político local. Resulta que el despacho legal externo que asesora al Simas es la firma Nassar-Nassar, cuyo representante en Torreón es nada más y nada menos que Pablo Chávez Rossique, antiguo guardián de las arcas municipales y quien, por cierto, tiene algunos asuntos pendientes por el caso del cobro indebido del ISAI en la administración priista de Eduardo Olmos, lo cual no ha sido impedimento para que el gobierno de Miguel Riquelme lo mantenga cerca.
Se sabe que don Pablo fue quien se aventó toda la justificación legal y administrativa para que la empresa descentralizada pudiera recuperar la planta de la discordia. Por el lado de Ecoagua, el apoderado legal y defensor de los intereses de esta compañía es Ulises Hernández Torres, conocido abogado que trabaja con el mismísimo diputado federal panista Guillermo Anaya. Esta situación deja ver que las disputas que en esencia parecen meramente legales también tienen un trasfondo político con conocidos rivales en la cancha de juego y posibles futuros contrincantes en la carrera por la gubernatura. ¿Qué tal?
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Cuentan que el Instituto Municipal de Planeación que dirige el excrítico Eduardo Holguín, delegado del eje Medina-Hernández Velez, enfrenta serios problemas para concretar sus proyectos y convertirse en referente de la competitividad, no sólo de Torreón sino de toda la Comarca. Y no nos referimos sólo al recorte presupuestal anunciado por el jefazo Miguel Riquelme, que podría afectar al Implan en sus afanes, sino a los obstáculos que tiene al interior del propio ayuntamiento. Nuestros subagentes vestidos de tazas de desabrido café nos dicen que en la administración municipal se ha enquistado una triple entente conformada por el primer cobrador -perdón, regidor- Miguel Mery, el contralor Javier Lechuga y el director de Urbanismo, Gabriel Calvillo, quienes un día sí y otro también se han encargado de poner freno a varios de los proyectos impulsados por don Eduardo para mejorar la competitividad del municipio, objetivo que hasta ahora no ha conseguido. Según las especies que corren, los tres personajes referidos por una parte buscan aprovecharse de los planes lanzados y, por la otra, detener los que no les convienen. Por ejemplo, la reestructura de la Ventanilla Universal representaría para don Gabriel un golpe bajo debido a que la última palabra en la liberación de trámites y licencias para nuevos negocios en la ciudad ya no la tendría él, con lo cual perdería la primera mano que tiene en esos enjuagues. Con todo esto es posible deducir que el panorama no pinta muy prometedor que digamos para el excrítico del poder.
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Aunque el director de Servicios Públicos de Gómez Palacio, Antonio Chincoya, ha decidido asumir una postura de silencio al más puro estilo del director técnico santista, luego de despertar con la administración municipal de la hermana ciudad de Torreón con sus declaraciones sobre los proyectos de alumbrado, no ha logrado dejar de ser noticia. Y es que nos han llegado preocupantes informes de subagentes disfrazados de pájaros en el alambre, de que de este lado del Nazas no van a olvidar tan fácilmente los dardos envenenados que lanzó para agregar -más- dudas sobre la pertinencia financiera de la concesión del servicio de alumbrado y toda su modernización. Resulta que, dicen, detrás del movimiento de recolección de firmas en contra de la solicitud del crédito a Banobras que pretende hacer el ayuntamiento de José Miguel Campillo hay gato encerrado, un gato que parece haber sido liberado por la puerta trasera del edificio más caro de Torreón, o sea, la Presidencia Municipal. Comentan que la intención es depositarle algunas piedritas en el zapato a la administración gomezpalatina, en particular a Chincoya, y generar el suficiente ruido en su proyecto con ayuda, eso sí, de algunos panistas que de pronto han comenzado a asumir una postura crítica contra el ayuntamiento. Es decir que el Municipio de Torreón estaría aplicando la vieja ley del talión. Pero eso no es todo. Cuentan que los ánimos de venganza son tantos que algunos funcionarios torreonenses tienen la consigna de no descansar hasta que don Antonio sea destituido de su cargo, cosa que no va a estar fácil ya que el director de Servicios Públicos es uno de los consentidos de don Pepe. Habrá que ver hasta dónde escala esto. Por lo pronto algunos asesores ya la sugirieron a Chincoya que cambiara de teléfono celular, por aquello de las sorpresas cibernéticas, y le advirtieron que tal vez su foto se encuentre en la pared de alguna oficina del séptimo piso del Invernadero Mayor.
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Y en más sobre el peliagudo asunto del alumbrado, los subagentes informan que Miguel Pérez García, además de ser el administrador de la Expoferia de Gómez Palacio, está trabajando con algunos representantes de la polémica empresa Construlita de Torreón, la concesionaria encargada de instalar las lámparas de alumbrado público con tecnología Led. Supuestamente esto es con la intención de que el exdirector de Servicios Públicos Municipales adquiera la “experiencia” suficiente en el tema y se vaya empapando para cuando se llegue el momento de desarrollar el proyecto de conversión tecnológica en el municipio de Gómez Palacio que, como hemos visto, no está exento de controversia. Miguel Pérez es uno de los más allegados a los hermanos Rebollo Mendoza, pues desempeñó ese cargo público en la pasada administración municipal, con Rocío, actual candidata del PRI-Verde a la diputación federal por el Distrito 02 y, dicen los que saben, fueron éstos quienes pusieron todas las condiciones para que se adentrara en el tema de las luminarias, por lo que sus manos aún mecen algunas cunas dentro del ayuntamiento.
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Mientras que desde el Palacio Rosa de la Urbe de Adobe se presume lo mucho que se invierte para la seguridad y procuración de justicia en La Laguna, los policías investigadores se quejan de que ese apoyo se ve muy poco. Según los subagentes que se hacen pasar por unidades oficiales chatarra, ante la falta de parque vehicular en la Policía Investigadora de la Procuraduría de Justicia los detectives públicos se han visto en la necesidad de usar sus autos particulares e incluso carros recuperados por contar con reporte de robo, de esos que nadie reclama. Pero para acabarla de amolar, como no existe un programa de mantenimiento de las unidades, al menos uno que funcione, los propios policías deben pagar las refacciones y el servicio cuando los vehículos cometen la “imprudencia” de descomponerse. Además, reportan que en estos tiempos de crisis la gasolina la tienen contadita. Antes, según cuentan, siempre tenían el tanque lleno para atender las emergencias y participar en operativos, pero luego la ración bajó a 40 litros diarios por camioneta y 20 litros por carro, y desde inicios del presente mes se les redujo a la mitad. Como podrá suponerse, esto ha propiciado que los agentes se vean “obligados” a pedir un “apoyo” a los afectados por hechos delictivos para poder completar la gasolina. Pobrecitos. Los maldicientes dicen que esta falta de dinero se debe a que el gobierno de Rubén Moreira se está viendo cada vez más apretado en recursos por la megadeuda y que, como son tiempos de campañas, lo poco que hay se destina a las necesidades de las clientelas electorales, que ahorita son asunto prioritario. ¿Será?
