Tal parece que los ánimos privatizadores del actual ayuntamiento de Torreón están llegando un poco más lejos de lo previsto. Luego del polémico contrato de alumbrado público, del controvertido arrendamiento de vehículos para uso oficial (aunque a veces también personal) y de la posible concesión de parquímetros y del mantenimiento de parques y jardines, ahora la administración local está vendiendo vías públicas a particulares. Es el caso de la calle Arocena, ubicada en la colonia Los Ángeles, cuya enajenación y venta fue aprobada esta semana con el clásico mayoriteo priista en el Cabildo. Al respecto, hay algunos “detalles” que llaman la atención. Nuestros subagentes disfrazados de aparatos de refrigeración del edificio más caro de la ciudad nos comentan que los dos vecinos interesados en comprar la calle, Roberto Jaidar y Miguel Papadópulos -a quien dicen que ya le rindió frutos pertenecer a la mesa directiva de la colonia-, dialogaron directamente con el alcalde Miguel Riquelme para acordar adquirirla en dos millones de pesos, a razón de un millón por cabeza.
No obstante, de forma harto misteriosa, el costo quedó en 923 mil pesos, poco menos de la mitad, ya que se basó en el valor catastral. Pero eso no es todo. Hace algunos meses la comisión de Patrimonio Inmobiliario le solicitó al Instituto Municipal de Planeación que realizara un dictamen técnico sobre si era viable la compra-venta de la calle. La respuesta del Implan fue un rotundo no, porque la Ley de Asentamientos Humanos no permite el cierre de vías; porque atenta contra el derecho de libre tránsito; porque se obstaculiza el acceso y salida de servicios de emergencia y de los propios colonos; porque sentaría un mal precedente para que en otros sectores en donde se toleraron los cierres surgieran iniciativas para comprar calles, y porque, en suma, la enajenación no tiene utilidad pública alguna. Pero los regidores del PRI se pasaron por el arco del triunfo este dictamen bajo el argumento de que el Implan “sólo emite opiniones”, con lo cual los mismos promotores de ese pretendido instituto rector de la planeación lo están relegando al nivel de mero órgano consultivo y, por lo visto, desechable. A lo anterior hay que sumar la incógnita del destino que tendrán esos recursos que ingresarán a las urgidas arcas del ayuntamiento que, a la luz de lo observado, bien podría cambiar su razón social por la de “Torreón y Asociados, SA de CV”.
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En donde las travesuras no cesan es en la Dirección de Inspección y Verificación, a cargo de Sergio Ayala, en donde algunos de los inspectores ven en cada restaurante o bar que se abre una oportunidad más de negocio... pero no para la ciudad, sino para ellos mismos. Nuestros subagentes disfrazados de garroteros nos comentan que uno de los corredores predilectos es el bulevar Independencia a donde personal de la citada dependencia acude a revisar que estén al corriente con sus permisos y licencias. Hasta aquí todo bien. El problema es que las visitas son constantes y que éstas son acompañadas de mensajes amenazantes para los dueños de dichos negocios apoquinen “a la causa”, de lo contrario podría caer sobre ellos “todo el peso de la ley”. A estos reclamos se han sumado por lo menos dos hechos en los que se percibe un endurecimiento de las medidas coercitivas de la autoridad municipal en el rubro de la venta de bebidas espirituosas. Resulta que la semana pasada dos dueños de conocidos antros de la localidad se convirtieron en inquilinos de la ergástula municipal por 24 horas, debido a que los inspectores detectaron faltas al reglamento de alcoholes en los establecimientos. Y no es que esté mal que se sancione a quienes no cumplen con las normas, lo que resulta extraño es que no se sigan los procedimientos debidos, como lo es la aplicación de multas o, en caso de reincidencia, la clausura temporal o definitiva, pero no el arresto del propietario. Las malas lenguas dicen que esta medida tiene la oscura intención de, vía el susto, exprimir un poco más a los dueños y encargados de bares y restaurantes, pero sólo a los que no pertenecen al boyante gremio de funcionarios antreros que sigue en expansión.
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Los que ayer armaron tremendo escándalo en el colegio Carlos Pereyra, ubicado en los alrededores del ejido La Unión, fueron los agentes de la Procuraduría de Justicia de Coahuila. Y es que, según nuestros subagentes disfrazados de pupitres, los elementos estatales ingresaron al plantel muy temprano sin decir agua va y como Juan por su casa en busca de un padre de familia que tenía una orden de presentación. Cuando el susodicho fue encontrado, los agentes lo invitaron a acompañarlo para atender la orden. Lo que generó malestar entre la comunidad escolar fueron las maneras poco sutiles de los “guardianes del orden” para proceder en este tipo de casos, sobre todo tomando en cuenta la presencia de niños y padres de familia quienes de inmediato se alarmaron por la situación. Y es que aunque las autoridades juran y perjuran que la inseguridad ya no es tema en la región, la sociedad sigue muy sensible en este aspecto debido a que hay varios delitos que se siguen cometiendo, como secuestros y robos violentos. Frente al hecho, los directivos del colegio presentaron una queja ante el delegado de la Procuraduría, Gerardo Márquez, para que aclarara la situación y ofreciera una disculpa por andar asustando de tan mala manera. Vamos, que el horno todavía no está para bollos.
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A quien se le siguen acumulando los asuntos pendientes sobre el escritorio es al secretario de Finanzas, Ismael Ramos. Cabe recordar que el tesorero estatal, quien no ha tenido empacho en presumir la supuesta transparencia que reina en Coahuila, ha optado por darle la vuelta a un buen número de cuestiones que mantienen intrigado a un amplio sector del respetable, entre ellas el destino de la megadeuda del Profe Moreira, la lista de acreedores, sus obras y servicios realizados, y el manejo del Impuesto Sobre Nóminas. Pues bien, a estos casos se agrega ahora el fondo de contingencia creado en el sexenio pasado para atender de inmediato desastres naturales en lo que llegan los recursos del famoso Fonden. La bolsa destinada para dichos menesteres llegó a ser de 20 millones de pesos, pero simplemente desapareció sin que se sepa en qué se gastó, algo que ya se hizo costumbre por estas tierras.
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Todo indica que el excandidato del PAN en el distrito 06, Jorge Zermeño, no quiere que su contrincante del Priver, Refugio Sandoval, se vaya tranquilo de vacaciones luego de haber recibido su constancia de mayoría como diputado electo. Don Jorge ya presentó su impugnación solicitando la anulación de la elección por todas las dádivas que repartió el Verde durante el proceso, con lo cual habría rebasado el tope de gastos de campaña. Dicen que el exembajador está decidido a pelear hasta la últimas consecuencias y, mientras se da alguna resolución, seguir atosigando a don “Cuquis” quien ya hasta canceló su cuenta de twitter para que no lo estuvieran molestando con los mensajes de que ganó a la mala la elección. Al parecer esta es su forma de “darle vuelta a la página” y concentrar la mirada en la curul que ya le espera. Otros que también ya le dieron vuelta a la página son los legisladores panistas Marcelo Torres y Luis Fernando Salazar, quienes ya están velando armas para pelear por la candidatura a la alcaldía de Torreón. Lo que no saben es que con la fiebre desatada por el “Bronco” de Nuevo León, un grupo de empresarios laguneros ya se está moviendo por debajo del agua para impulsar a un candidato independiente que podría ser un viejo conocido de los legisladores. Se trata nada más y nada menos que de Carlos Bracho, quien fue director de Atención Ciudadana en la administración de Guillermo Anaya.
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Del otro lado del Nazas, la que ya está en campaña es la senadora Leticia Herrera. Luego de sacudir la tierra de los alacranes con su declaración de que sí quiere ser gobernadora de Durango, en redes sociales su equipo de porristas lanzó una campaña con el lema “Yo sí quiero”. Pero lo que más ruido ha generado es la posibilidad de que doña Lety se vaya por la libre, es decir, en candidatura independiente, si el gober Jorge Herrera se empeña en poner a su delfín, Esteban Villegas, lo que provocaría un cisma que pudiera dejarle la puerta abierta al senador neopanista José Rosas Aispuro. Pero la decisión no va a ser fácil, ya que el alcalde de Durango no ha logrado despertar el ánimo de las bases y la lista de calefactos sigue creciendo. Entre ellos suena también Héctor Vela, secretario de Educación, quien realiza frecuentes visitas a La Laguna con fines promocionales. No obstante, nuestros subagentes comentan que alguien en la capital provincial ya le dijo que se está excediendo y que tiene que medirse en su anticipada campaña, no vaya ser que le apliquen la máxima priista de que “el que mucho se mueve, no sale en la foto”.