Gran revuelo ha ocasionado el “agarrón” que sostuvieron en redes sociales el coordinador de enlace legislativo del PAN, Marcelo Torres, y el empresario Julio Villalobos, férreo defensor de la concesión de alumbrado público de Torreón. Resulta que don Julio cuestionó duramente en un mensaje el comparativo que han estado haciendo los panistas entre los proyectos de reconversión tecnológica de luminarias de la Perla de La Laguna, gobernada por el PRI, y el municipio de Saltillo, gobernado por el blanquiazul. En pocas palabras, Villalobos los acusa de querer engañar a la opinión pública al decir que el proyecto de la Urbe de Adobe es más barato cuando en realidad, según él, va a salir más costoso por el uso de luminarias de aditivos metálicos que sólo duran tres años, mientras las de led aguantan hasta 10, por lo que tendrán que invertir y hasta pedir prestado en el futuro inmediato.
Además, arguyó, los ahorros de energía en el primer caso son menores a los que tendrá Torreón. En suma, el empresario dijo que el proyecto de Saltillo será “un mugrero” (así dijo) y que el alcance del mismo es “una burla”. ¡Zas! La respuesta de don Marcelo no se hizo esperar, obviamente. Y el exdiputado federal, con mucha mano izquierda, invitó a don Julio a un debate en el cual, “de frente, cara a cara”, se resolvieran todas las dudas que existen sobre la concesión de casi 3,000 millones de pesos que el ayuntamiento de Torreón le otorgó a la empresa Construlita a 15 años. Incluso le dijo que le pusiera fecha, hora y lugar y que confiaba con que iba a encontrar la apertura para debatir, puesto que él era la persona indicada para explicar y despejar sospechas. Y, pues, la apertura no se dio, ya que Villalobos le contestó que no, que él no es quien debe dar esas explicaciones. O sea que, mejor, ahí muere.
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Con el cambio en la presidencia del Tribunal de Justicia se ha desatado en La Laguna una serie de enroques y reacomodos más que “convenientes” para algunos servidores públicos, ante la proximidad de la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que inicia -en teoría- en marzo del próximo año, cuando habrá nombramientos de jueces de control o de primera instancia y toda la cosa. Y en medio del ajetreo de los cambios, existe temor por la posible liberación de algunos secuestradores y extorsionadores ya sentenciados dentro del sistema tradicional, por medio de apelaciones que podrían ser facilitadas o “arregladas” por magistrados de la localidad ya que, según los subagentes disfrazados de malletes, un abogado del estado de Querétaro anda muy activo y tiene ascendencia con un magistrado aquí en La Laguna, lo cual incluso ya ha causado algunas fricciones con el personal de los juzgados penales por motivo de apelaciones tramitadas. Como antecedente, dicho abogado fue el que sacó del Cereso de esa ciudad a “El Sammy”, jefe de una banda de secuestradores, años atrás. Incluso se habla también en los corrillos de los juzgados sobre casos de narcomenudeo, toda vez que, se dice, una secretaria del Juzgado Segundo, de nombre Elizabeth, se encarga también de “coordinar” algunos arreglos para tramitar la libertad de personas sentenciadas. Así que la nueva presidenta del Tribunal, Miriam Cárdenas Cantú, tendrá que ponerse “trucha” con lo que está sucediendo en La Laguna de Coahuila para evitar los arreglos que pudieran sacar a la calle a los citados malandrines. Por otra parte, ahora se dice que los juzgados familiares podrían ser habilitados para realizar las audiencias bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero del nuevo edificio ya se olvidaron por falta de dinero. Todo parece indicar que doña Miriam tendrá bastante cosas que resolver una vez que asuma el cargo en forma a partir de enero.
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Por cierto, dicen que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, Gregorio Pérez Mata, no quiso meterse en problemas y optó por evadir las preguntas de la incómoda prensa en su último informe. Resulta que don Gregorio no convocó a los medios, invitó a muy pocas personas y hasta el gobernador Rubén Moreira dejó de asistir, cuando en años anteriores el evento se hacía en grande. Cuentan las malas lenguas que la causa de tanto sigilo fue que estaba preocupado porque al terminar su informe fuera duramente cuestionado por el truculento caso de la inversión en la financiera traviesa Ficrea que abrió un boquete de 126 millones de pesillos en las finanzas del Tribunal. Y aunque sí tocó el tema en su discurso, se lavó las manos como Poncio Pilatos al decir que las inversiones eran legales y que prácticamente fueron víctimas de la empresa. Pero no sólo eso. Don Gregorio exculpó a sus subordinados por haber metido dinero bueno al malo y que todo fue culpa de Ficrea. No obstante, desde antes de 2010, cuando comenzaron las inversiones, se sabía que la financiera no tenía permitido recibir dinero público y aún así los funcionarios del Tribunal le entregaron los recursos que, dicho sea de paso, no eran de ellos sino de los coahuilenses. Ante esto, en cualquier país que se precie de ser serio (que no es el caso) los servidores públicos involucrados deberían ser llamados a rendir cuentas e incluso tendrían que hacerse acreedores a sanciones administrativas. Pero no, optimista lector, los responsables se salvaron por haber renunciado a tiempo (fiú para ellos) y no se les aplicarán castigos. ¡Qué belleza!
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A quienes les supieron amargos el ponche y los buñuelos en la posada que se llevó a cabo esta semana en Saltillo fue a los once delegados de dependencias federales en Coahuila. Dicen los subagentes disfrazados de bolos y premios de rifas que en el festejo navideño fueron informados de que lo que había sonado hasta ahora como un rumor no es tal, sino una orden que deberán cumplir una vez que se reincorporen a sus actividades normales, luego del maratón Guadalupe-Reyes. La orden se refiere al recorte de personal que todas las delegaciones tendrán que aplicar para cumplir las metas de la tan cacareada austeridad, necesaria para sortear la baja presupuestal ocasionada por los bajos precios del petróleo. Así que varios trabajadores de esas oficinas probablemente gozarán este diciembre de su última Navidad prendidos del erario y se verán obligados a vivir en el error. Aunque dicen que no por mucho tiempo. Y es que, según cuentan, ya se está preparando una estrategia de compensación para no dejar sin trabajo a tanto burócrata y no abrir huecos que los que se queden no están dispuestos a llenar haciendo más labores (no se vayan a cansar). La estrategia consiste en contratar a personas fuera de la nómina oficial, por el régimen de honorarios y, por supuesto, con menos prestaciones. El asunto es que, como es de todos sabido, la nómina de honorarios suele ser un agujero negro por el cual se van millones de pesillos sin que se pueda comprobar a quién se le paga y por qué servicio, esto debido a que la pregonada transparencia no alcanza a echar luz sobre las oscuridades de estas listas. A ver si por querer tapar un hoyo no terminan abriendo otro.
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Del otro lado del Nazas, corren fuertes y alarmantes versiones en radiopasillo de que el ayuntamiento de Gómez Palacio no se encuentra del todo sano en sus finanzas y que, prueba de ello, todavía no ha pagado facturas del mes de enero de este año a varios acreedores que empiezan a desesperarse con el rezago. Es decir, algo similar a lo que han denunciado los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción respecto a su deudor el ayuntamiento de Torreón, denuncia que, por cierto, les generó un regaño del alcalde Miguel Riquelme por andar quejándose en los medios en vez de irle a cobrar directamente a él. Faltaba más. En el caso de Gómez Palacio, nuestros subagentes disfrazados de proveedores aseguran que la Presidencia a cargo de José Miguel Campillo, ha pagado sólo el 10 o el 15 por ciento de lo facturado en esos meses, situación que ya está incomodando a los proveedores que hacen antesala con el tesorero municipal, Jesús Loza, quien ya no halla qué decirles además del famoso “debo, no niego; pago, no tengo”.
