Cuentan que en el Registro Público de la Propiedad de Torreón, encabezado por Víctor Severo Ortiz, las travesuras están a la orden del día. Nuestros subagentes disfrazados de escrituras archivadas nos reportan que desde que don Víctor asumió el control de la oficina están ocurriendo cosas más extrañas que las que ya de por sí normalmente ocurrían. Para empezar, comentan que los trámites de inscripción de escrituras se están tardando dos meses o incluso más, cuando de acuerdo con la ley no deberían demorar más de 10 días. La causa de esa tardanza es que el titular de la oficina ha creado hasta tres instancias más dentro del procedimiento por lo que tantas manos lo único que está haciendo es retardar el proceso.
Dicen que detrás de esta estrategia de aumentar el burocratismo está la de obligar a los notarios públicos a “aceitar” la maquinaria para agilizar el “impulso procesal”, es decir, soltar ayuditas económicas para que las cosas marchen un poco más rápido. Aún así, con todo y el “aceitito”, los trámites tardan cuando menos un mes. Pero la cosa no para ahí. Comentan que misteriosamente dentro de la oficina de registro se están dando fugas de información de los clientes a quienes de pronto les llegan oficios de solícitos despachos externos que les comunican que los notarios que inician los trámites están pasando por alto la posibilidad de que sus clientes exijan la devolución de impuestos que el Estado está cobrando de más. Y como los notarios no realizan ese trámite, los despachos, muy vivos, les dicen a los clientes que ellos los pueden realizar, claro, cobrando hasta el 30 por ciento del monto reclamado. Qué tal. Pero hay más. Cuentan también que don Víctor se está tomando otras atribuciones que no le corresponden, como es la de cancelar gravámenes de forma discrecional, a petición y “oferta” de parte, por supuesto, en detrimento de los ingresos de la Secretaría de Hacienda. Y aunque existe inconformidad por parte de los notarios por estas travesuras, no se han puesto de acuerdo para hacer un reclamo como gremio ya que, dicen, tienen miedo de que haya represalias, además de que consideran que en Saltillo no existe el interés por resolver este problema. Mientras tanto, los encargados del Registro Público y sus despachos amigos siguen haciendo un boyante negocio. Qué chulada.
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Aunque el Partido Acción Nacional ha intentado mostrar en los últimos meses que existe unidad dentro del mismo y que los pleitos ya son cosa del pasado de cara al proceso electoral de 2017 con el que se renovará la gubernatura, el Congreso y las alcaldías, lo cierto es que sigue habiendo visos claros de que por debajo de la mesa se andan dando patadas. El caso más reciente salió a relucir en la posada que llevaron a cabo los panistas esta semana en el Museo de Coahuila y Texas en Monclova, edificio histórico que se renta a precios nada baratos, por cierto. Los subagentes disfrazados de bolos y piñatas comentan que a la posada asistió el exdiputado federal, Guillermo Anaya, suspirante de la gubernatura, con su gente, la cual no fue bien recibida por el equipo del “anfitrión”, es decir, Gerardo García, alcalde de Monclova, quien también es calefacto. Dicen los que saben que detrás de esta fricción está el celo que sienten ambos personajes debido a que se ven como contrincantes en la carrera por la ansiada candidatura. A pesar de ello, el alcalde García declaró un día después que en el PAN hay unidad y que eso les permitirá encarar con éxito el proceso electoral que se avecina. A propósito, se dicen que los panistas ya están llevando a cabo encuestas de posicionamiento para ver cuál de los numerosos perfiles que hasta ahora han levantado la mano es el que cuenta con mejor vista de parte de la ciudadanía, y que será en base a dichos sondeos que se decidirá al aspirante a la Silla Máxima de la provincia. Por ahora son cuatro los tiradores. Además de don Memo y don Gerardo, están el senador Luis Fernando Salazar y el alcalde de Saltillo, Isidro López, de quien, dicen, se encuentra en la mejor posición hasta ahora. A ver si no terminan exhibiendo sus trapitos como es costumbre.
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Los que se pusieron en evidencia a la hora de opinar sobre el bajón de casi el 50 por ciento que tendrá Torreón en 2016 en el rubro de inversión pública, fueron los regidores del PAN, Ángela Campos, y del PRI, Miguel Mery, éste último presidente de la Comisión de Hacienda. Resulta que cuando fueron cuestionados de las causas y efectos que tendrá la disminución del recurso, contemplado en el Presupuesto de Egresos del próximo año, ambos reconocieron que “no habían tenido la oportunidad de revisar” qué áreas sufrirían por la reducción del dinero para obras y programas. Lo curioso del caso es que primero la comisión de marras y luego el Cabildo en pleno autorizaron la propuesta de Presupuesto la semana pasada y la turnaron al Congreso de Coahuila. Es decir, los ediles pasaron la iniciativa sin haber hecho una revisión a detalle del impacto que tendría en la ciudad. Aunque cabe aclarar que algunos ediles del PAN, entre ellos doña Ángela, se abstuvieron de votar bajo el argumento de que les habían entregado la información apenas unas cuantas horas antes de ser sometido a votación. Tal parece que los demás, quienes levantaron el dedo para aprobar la propuesta, ya les urgía irse de vacaciones. Ahora bien, la queja de que el tesorero Enrique Mota entrega al 20 para las 12 la documentación que debe ser sometida a la autorización el Cabildo, parece ser la constante por parte de varios ediles blanquiazules, quienes luego denuncian que no tienen tiempo suficiente para revisarla. El problema es que ni siquiera pasada la aprobación realizan observaciones, como si todo lo que propone la Presidencia Municipal estuviera libre de sospecha. Por lo que respecta a los priistas, ellos sólo se concretan a cumplir órdenes y si la orden es que pase, pues pasa. Curiosa forma de representar y velar por los intereses ciudadanos.
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Todo parece indicar que los municipios de Torreón y Saltillo se van a quedar como los chinitos, “nomás milando”, con eso del reclamo para que les sean entregados los recursos que no llegaron del programa Subsemun. Nuestros subagentes de la Urbe de Adobe aseguran que, contrario a lo ocurrido en otras ciudades, los ayuntamientos de las dos ciudades coahuilenses no verán reintegrado el subsidio por algunas observaciones que se hicieron en el ejercicio de los dineros que sí llegaron. Es decir que al parecer los recursos no fueron del todo bien invertidos. Y mientras en Torreón aún no se resignan a esta situación, en Saltillo ya comenzaron a aplicar el plan B para sacar de debajo de las piedras recursos para no descuidar el renglón de seguridad. Tal es el caso del fuerte recorte de personal que están programando y que alcanzaría a 350 trabajadores que pasarían a vivir en el error para poder contratar a un número similar de policías. Lo cierto es que ambas nóminas, la de Torreón y de Saltillo, requieren de un programa urgente de adelgazamiento porque están varios kilos pasadas de peso.
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Ya salió el peine en la disputa por el control del agua de riego en el módulo X, conocido como Masitas, en el municipio de Gómez Palacio. Por la forma en la actúan, quienes sostienen el estira y afloja confirman que el control de los módulos sigue siendo un gran negocio, a costa -claro está- de los sufridos campesinos que sólo son utilizados (qué raro). Por una parte, hay quienes acusan al jefe del Distrito de Riego 017, Alfredo Ordaz, exdiputado local, y al pequeño propietario Norberto Galindo de imponer falsos delegados para echar abajo la ratificación de un juez y con ello, hacer que el regidor Ringo Manuel Enríquez deje de estar a cargo de ese módulo. Según señalan, hasta dinero en efectivo les han ofrecido a esas personas que no son delegados, con tal de que voten contra la resolución judicial para, ya sin Enríquez al frente, poder destinar el agua a usuarios particulares. El regidor acusó a Ordaz y a Antonio Rodríguez de cometer irregularidades como servidores públicos, al ofrecer a los comisariados ejidales hectáreas de tierra y cinco mil pesillos por hacerse pasar como delegados de ese módulo, para que apoyen a Galindo. Las acusaciones del edil alcanzan incluso a la actuaria del juzgado, María Yolanda Ortiz, a quien señalan de trabajar en contubernio para desestimar su ratificación como encargado del módulo de riego. Según el propio don Ringo, él “no está aferrado al cargo” (ajá) pero los productores quieren que siga al frente, y presume, como si hubiera sido de su bolsa, haber gastado un millón y medio de pesotes en construir unas oficinas para la asociación civil, así como la rehabilitación de 30 kilómetros de canales y la construcción de tres megatanques. No obstante, hay quienes se pronuncian abiertamente porque el regidor Enríquez suelte la administración del módulo, pues lo acusan de robarse el agua y manejarla para beneficio de sus amigos y familiares (de esas cosas extrañas que pasan) con lo cual está dejando sin este vital recurso a más de cien productores del ejido San José del Viñedo. Menudo lío. También señalan que el edil suele revender los derechos de agua y dicen estar cansados de sus atropellos, además de lamentar que cuente con el consentimiento de la Comisión Nacional del Agua para cometer toda esa clase de abusos. Total que los campesinos no tienen santo al cual encomendarse mientras siguen quejándose por la falta de agua.
