Una vez pasada la indigestión provocada por las fiestas navideñas y las calificaciones sobre el desempeño de quienes gobiernan en estas provincias internas, nuestros subagentes vuelven a los pasillos del poder y se topan con interesantes novedades en el Palacio Rosa de la urbe de adobe. Contrario a lo que dijo el gobernador Rubén Moreira al principio de su administración, de que su gabinete no sería usado como trampolín de candidaturas, todo está casi listo para los relevos en el equipo del Gobierno de Coahuila ante la salida de varios suspirantes. Como ya lo habíamos comentado en columnas anteriores, es cuestión de días para que el secretario de Gobierno, Armando Luna, abandone la nave provincial en pos de su hamaca con bono en San Lázaro. Se sabe que don Armando ya solicitó su carta de residencia en la Junta de Reclutamiento de Saltillo, uno de los requisitos para apuntarse como candidato.
Nuestros subagentes disfrazados de tazas de café nos informan que Víctor Zamora, actual secretario del Trabajo, será quien sustituya a Luna. Y para ocupar la silla que dejará Zamora, don Rubén piensa cortarle la beca a Norma González, “embajadora” de Coahuila en la capirucha del esmog, y ponerla en la senda del trabajo en la secretaría ídem. Hasta el momento se desconoce quién será el afortunado que se quede con la beca de la que gozó González durante la primera mitad del sexenio. Con la salida de Luna, las malas lenguas comentan que María Esther Monsiváis ya no tendrá sombra para hacer y deshacer en el gabinete estatal, en donde mantenía una disputa con el virtual suspirante a diputado federal por el control de los secretarios. No obstante, se habla que doña “Marucha”, como la conocen, dejará la jefatura de la Oficina del Gobernador para ocupar el cargo que abandonará -y con él, las obras pendientes- Francisco Saracho en la Secretaría de Infraestructura. Y es que Saracho también va -otra vez- tras una hamaca con bono en San Lázaro. El que ya también solicitó su carta de residencia fue el exalcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso, quien actualmente está exiliado en Nayarit como delegado del CEN priista. Algunos conocedores opinan que, en caso de ganar, Abramo Masso se pondría de nuevo en la carrera por la candidatura a la gubernatura de Coahuila, para hacerle mosca al munícipe de Torreón, Miguel Riquelme, que emite fuertes suspiros porque se le haga, y al subsecretario de Sedesol y zar antipobreza de Guerrero, Javier Guerrero. Vamos a ver cómo se ponen las cosas en la segunda mitad del gobierno de don Rubén.
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Y a propósito de candidaturas, quien parece andar ya en plena campaña de reconocimiento del terreno y la clientela electoral es la exalcaldesa de Gómez Palacio, Rocío Rebollo. Resulta que su jefe, el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, le encomendó en diciembre pasado la tarea de repartir colchonetas y cobijas para el frío a personas de escasos recursos en varias comunidades rurales de La Laguna como Picardías, Nazareno, Juan E. García y Juárez. Llama la atención que se le asignen a doña Rocío este tipo de labores cuando su cargo como directora del Instituto para el Desarrollo Municipal del Estado supone un trabajo más de escritorio y no de asistencia social. Los mal pensados murmuran que la encomienda es para que los habitantes del área rural la vayan conociendo y sepan por quién tachar la boleta en caso de que se confirme su candidatura por el distrito II, que abarca Gómez Palacio y Lerdo.
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Ya encarrerados en la senda electoral, varios ciudadanos de La Laguna se quedaron chiflando en la loma con sus pretensiones de ser candidatos independientes a diputados federales. Entre ellos se encuentran Gustavo Oteo, presidente de la Coalición de Organizaciones Ciudadanas Laguneros Unidos y Federico Sáenz Negrete, exintegrante de la organización ELLA, que preside el temperamental Pedro Luis Martín Bringas. Y es que en la lista que dio a conocer recientemente el Instituto Nacional Electoral sobre la entrega de constancias a suspirantes independientes, no aparecieron los nombres de ningún coahuilense o duranguense. En total fueron 122 los que aspiraban a ser candidatos y el INE terminó por entregar sólo 52, con lo cual se deduce que la caballada de los independientes está por demás flaca. Dicen los que saben que el Instituto fue demasiado quisquilloso a la hora de decidir quién sí y quién no podría entrarle a la precontienda. Y ahora los que quedaron tendrán dos meses para conseguir firmas del 2 por ciento de los inscritos en los padrones de los distritos por los cuales pretenden competir, lo que se antoja harto difícil. Los mal pensados creen que todo esto es plan con maña del INE para acotar el peso de la reforma político electoral y dejar prácticamente intacto el status quo en el que los partidos siguen siendo los ganones del gran negocio que son las elecciones. Los más conservadores opinan que los candados del INE son para evitar que se cuelen en la contienda personas “non gratas” que puedan estar respaldadas por capos y mafiosos, aunque para eso deberían empezar por aumentar la lupa sobre la lista de los partidos, porque, como hemos visto, no son pocos los hampones que han llegado a convertirse en alcaldes y gobernadores en esta República de folletín.
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Quien no haya ni dónde esconderse es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Gregorio Pérez Mata, luego de que se diera a conocer que la institución a su cargo invirtió 90 millones de pesillos en la desaparecida casa financiera Ficrea, que es investigada por un fraude de “nada más” 2,700 millones. El magistrado acudió a la toma de protesta del nuevo Congreso de Coahuila, acompañado de su amigo el señor gobernador. Al terminar la ceremonia, los dos altos funcionarios salieron a toda velocidad por la puerta trasera del Palacio Legislativo para evitar las incómodas preguntas de los medios de comunicación. Aún así, uno de nuestros subagentes logró alcanzarlo, aunque el juez supremo del estado sólo se dignó a conceder una entrevista de 38 segundos sobre el caliente tema en cuestión. Dicen los conocedores de los entresijos del aparato legaloide que el presidente del Tribunal no está seguro de poder recuperar el dinero y que, en caso de conseguirlo, no serían restituidos los 90 millones en su totalidad, millones que, dicho sea de paso, salieron de las agujereadas arcas estatales. Es por eso que Pérez Mata prefiere no hablar del tema y dicen que ya hasta el pidió ayuda a don Rubén para que pueda amortigar el golpe mediático que este nuevo escándalo representa. Tal parece que nuestras H. Autoridades quieren que los coahuilenses nos acostumbremos a los desfalcos y fraudes que desde el sexenio pasado se han hecho frecuentes por estos lares.
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Al que le llegó su Navidad recargada fue al director de Obras Públicas del Municipio, Gerardo Berlanga, también conocido como “Big Daddy”, por aquello de patrocinar bodas millonarias. Resulta que el funcionario aprovechó la baja actividad en el Gran Invernadero de la Plaza Mayor por las fiestas decembrinas para comenzar una obra. Pero no se emocione usted, optimista lector, ya que no se trata de una obra en beneficio del respetable, sino de la ampliación de las oficinas de Berlanga en el primer piso de la Presidencia Municipal. Nuestros subagentes disfrazados de cajeras nos cuentan que, al más puro estilo de la edil panista Verónica Soto, quien el año pasado se agenció un espacio mayor al que le correspondía en el área de regidores, el director de Obras está ampliando su oficina porque él asegura que no cabe con su gente, aunque el edificio sea nuevo. Dicen que don Gerardo tendrá vista a la Plaza Mayor, como su jefe, el inquilino del séptimo piso, puertas eléctricas y hasta cocina, aunque para ello tenga que reducir las dimensiones de la salida de emergencia (a ver qué dice “Tito” Porragas, de Protección Civil). Parece que el funcionario no se quiso quedar atrás en la ola de remodelaciones de oficinas que inició el exalcalde Eduardo Olmos en el cuatrienio pasado, cuando construyó casi una suite en el antiguo Banco de México, y que ha seguido en el actual con las ampliaciones de los despachos de Mario Cepeda, de Desarrollo Social, y David Fernández, de Servicios Públicos, que costaron cada una por ahí de tres millones de pesillos, según nuestros subagentes. Si estos esfuerzos y recursos los destinaran en obras para la comunidad, otro gallo nos cantaría, ¿no cree?
