Clave. Luis Raúl González Pérez dijo que el papel de la instituciones defensoras de derechos humanos es servir de puente.
Los ombudsman de 53 países, incluido el de México, se comprometieron a vigilar que sus Gobiernos rindan cuentas por un progreso deficiente o irregular en la implementación de la Agenda 2030 de la ONU.
El compromiso se formalizó al firmar la Declaración Mérida "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ¿Qué papel tienen las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos?", al terminar ayer la 12 Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en la capital yucateca.
Mediante un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó también que observarán el respeto a tratados de derechos humanos firmados a niveles nacionales, regionales e internacionales.
Otro compromiso firmado, señaló el organismo, es que los ombudsman proporcionarán a los gobiernos nacionales y locales asesoría para la implementación y medición de la Agenda 2030, mediante la evaluación del impacto de las leyes.
Además buscarán que haya un proceso inclusivo en las distintas etapas para la implementación de la Agenda 2030 y realizarán compromisos con agencias gubernamentales, oficinas nacionales de estadística, la sociedad civil y otros socios internacionales.
"Colaborarán con asistencia técnica en la elaboración de indicadores nacionales globales y complementarios y sistemas sólidos de recolección de datos para asegurar la protección y promoción de los derechos humanos en la medición del progreso de la Agenda", indica el boletín.
"Este manifiesto, firmado por los ombudsman de los 53 países participantes, permitirá cumplir con perspectiva de derechos humanos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre".
Los trabajos del encuentro en Mérida fueron encabezados por el Ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, quien dijo que el papel de la instituciones defensoras de derechos humanos es servir de puente entre las partes interesadas en los procesos con las instituciones gubernamentales, oficinas nacionales de estadística, la sociedad civil y las personas en mayor vulnerabilidad.
