Desalojo. Los civiles armados que combatían al crimen organizado se retiraron tras negociar.
El estado mexicano de Guerrero vive una escalada de violencia rumbo a las elecciones del 7 junio marcada por el secuestro ayer de una aspirante a diputada estatal y el asesinato el 1 de mayo de un candidato a la alcaldía de Chilapa, una ciudad tomada por civiles armados desde hace una semana.
El citado grupo se retiró ayer de la ciudad tras un acuerdo con las fuerzas armadas.
"En las elecciones contaremos con todas las autoridades del Estado, pero no podemos apostar por el uso de la fuerza y se está trabajando en el manejo de la inteligencia y el análisis de información", aseguró ayer en entrevista con Imagen Radio Miguel Ángel Godínez, el fiscal general de Guerrero, el sur de México.
De este modo -prosiguió el procurador de este estado del sur de México- se pretende identificar posibles focos rojos y lograr un "ejercicio sano" de las elecciones.
La candidata a congresista por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Silvia Romero fue secuestrada el martes junto a otras tres personas cuando se dirigía a la zona de Tierra Caliente.
Tras más de 24 horas desaparecida, ayer fue hallada en buen estado de salud, informó la fiscalía.
Sobre el caso, Godínez pidió que a pesar de su gravedad "no se magnifique", habló de desaparición y no de secuestro y afirmó que un operativo desplegado en las zonas más calientes del estado ha logrado bajar el índice de criminalidad.
Estos actos de violencia tienen un efecto directo sobre la contienda según se desprende de las declaraciones realizadas ayer por el hijo de Romero, José Antonio Villalobos, quien explicó a la radio que la candidata suspenderá sus actividades de campaña varios días.
Villalobos relató que, en otro suceso reciente, Romero fue encañonada cerca del municipio de Chilapa, tal y como aconteció el 25 de abril con el candidato a gobernador del partido Movimiento Ciudadano, Luis Walton, y su equipo de campaña.
Esa población, que se disputan las bandas de Los Ardillos y Los Rojos, es uno de los puntos más candentes de un Guerrero todavía conmocionado por la desaparición el pasado septiembre de 43 estudiantes, en el municipio de Iguala, a manos de autoridades corruptas y miembros del Cártel Guerreros Unidos, según la versión oficial.
Chilapa estaba tomada desde el 9 de mayo por un grupo de 300 civiles con armas de fuego que controlaban los accesos del municipio tras desarmar y retener el sábado a policías y tomar varios edificios oficiales.
Ello, a pesar de la masiva presencia de fuerzas de seguridad. El alcalde municipal, Francisco García, dijo ayer temer por su vida y no ha regresado a Chilapa.
Además, el pasado 1 de mayo fue asesinado a tiros el candidato a esta alcaldía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Ulises Fabián Quiroz.
En marzo fue hallado el cadáver decapitado de la precandidata del PRD a la alcaldía de otra población guerrerense, Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, cuyo esposo, exalcalde de la misma localidad, fue asesinado en 2014, lo que enfatiza el peligro del ejercicio político en la región.
"Los políticos tenemos la responsabilidad de transformar profundamente las condiciones de Guerrero, y una de esas condiciones es justamente la impunidad, que tiene que ver con la violencia y es mucho más grave cuando se trata de la población en general", dijo ayer la candidata a gobernadora de Guerrero Beatriz Mojica del PRD-PT, quien recibe protección de la Policía Federal mexicana. Porque estos cruentos actos no sólo afectan a la clase política.
Sin ir más lejos, el 7 de mayo aparecieron tres personas decapitadas e incineradas en la carretera Chilapa-Ahuacotzingo, donde hallaron una manta con un mensaje de una banda del crimen organizado.
Las elecciones de junio -en las que se elegirán 1,996 cargos, incluidos 500 diputados federales y gobernadores de nueve estados- no son aceptadas por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, que amenazan con boicotear los comicios en Guerrero por considerar que los políticos tienen nexos con el crimen organizado.
Por ahora ha habido actos vandálicos como los ocurridos en la capital del estado, Chilpancingo, por los siete meses de la desaparición, que se saldó con el incendio de varios vehículos.
