El tiempo presente de México, se ha caracterizado por la protesta de sus ciudadanos, cansados de padecer injusticia, inseguridad, abusos de poder político y pobreza.
Ante tal fenómeno social, la respuesta de los administradores públicos, ha sido con el discurso político desgastado, de extensos informes repletos de promesas que de antemano no convencen al ciudadano por saberlas estériles y con resultados de investigaciones, que además de ociosas parecen manipuladas. El "sospechosismo" nos ha hecho presa con la incertidumbre e incoherencia de las declaraciones y ya no creemos en nada de lo dicho, luego de tantas decepciones repetidas.
Una de las formas de protestar y mostrar tal inconformidad son las marchas y manifestaciones públicas, derecho que la sociedad tiene, entre otros medios, para expresarse pública y libremente. El "hartazgo" ya llegó a límites intolerables.
También es evidente el uso de la oportunidad del desorden, por grupos anarquistas y otros más agresivos y violentos.
Quienes pertenecen a tales grupos saben aprovechar el anonimato escondiéndose entre la multitud para agredir y generar caos, aún cuando sea a costa de graves ilícitos, del incremento del peligro a la integridad física de los marchistas y con la destrucción premeditada de la propiedad privada.
A mayor sea la destrucción y provocación para la confrontación con las autoridades, creen que mejores serán los resultados obtenidos por esos antisociales que no tienen límites y lo mismo pueden atacar a la propiedad privada, a las instituciones de gobierno y hasta al ejército mexicano.
Entre esos antisociales también se confunden y se suman grupos de protesta de causas diferentes, particularmente aquellos que piensan obtener ganancias y recuperar terreno en sus luchas perdidas. Incluya a los partidos políticos que en minoría detectan la oportunidad de crear caos y generarse adeptos.
Le recuerdo una anécdota histórica: en mayo de 1911, los revolucionarios maderistas tomaron la ciudad de Torreón y en una manifestación de alegría, los habitantes de la ciudad se manifestaron públicamente desfilando por el centro de la ciudad, oportunidad que algunos vándalos aprovecharon para asaltar comercios, antecedente remoto que demuestra no ser nuevo el abuso del derecho a la libertad de expresión y el uso de la oportunidad de los rebeldes y anarquistas para agitar y provocar.
De lo anterior tenemos muestras recientes, tal es el caso de la lucha dada por los universitarios del Politécnico Nacional que de pronto vieron sumados a grupos radicales de maestros o líderes de Atenco, que ante la incompetencia de las respuestas buscaban "agua para su molino", aún a costas de la desestabilización nacional.
En el otro extremo están los métodos ilegales utilizados por algunas autoridades de partidos políticos que envían a grupos de choque a confrontar a los protestantes o provocadores de la violencia. Un ejemplo útil es el conflicto generado por lideresas que acudieron a "reventar" la protesta que en la Plaza Mayor de Torreón, que efectuaban estudiantes y grupos civiles en apoyo a los familiares de normalistas desaparecidos. Vale la pena anotar que el manejo de la situación, con uso de la inteligencia y la prudencia de los universitarios que no permitieron que los vándalos lograran sus propósitos, evitaron una confrontación deseada por los reventadores del movimiento, dándonos una clara muestra del cómo actuar.
Otros métodos inhumanos, utilizados en distintas ocasiones por las fuerzas de seguridad, son aberrantes e inaceptables.
Los Derechos Humanos y otras agrupaciones civiles han documentado violaciones sexuales, agresiones físicas, levantamientos y secuestros, intimidación con toma de fotografías o registro de datos de los manifestantes, mismos que han sido efectuados por autoridades con el propósito de asustar a los protestantes y obligarlos a suspender sus reclamos. Recuerde la violación a la autonomía de la UAdeC, que de pronto pasó al olvido sin mayor explicación, sólo un "disculpen, investigaremos qué sucedió".
Desgraciadamente, en muchos de los casos logran su objetivo y permanecen impunes los anarquistas y los interesados en beneficios particulares, a quienes temen las autoridades y los administradores públicos, que a su vez ordenan actos de barbarie a elementos policiacos disfrazados. En Ayotzinapa hubo muchos de ésos.
Hay mucho por hacer y debemos empezar por enterarnos y hacer conciencia de tales realidades para prepararnos y saber defender la libertad de expresión en cualquiera de sus modalidades, pero también para luchar contra la opacidad política y las injusticias sociales.
Ya es tiempo de decidirse y participar, conforme a la ley y la civilidad, en promover el cambio, protestando por la violencia a la que somos sometidos los gobernados y buscar el bien común como remedio para los dolores sociales que nos aquejan.
La solución es simple, pero difícil de hacerla realidad: que se cumpla la ley y se ejerza el poder público con honestidad e imparcialidad, eligiendo políticos embebidos en el servicio a la comunidad que los eligió. ¿Habrá de ésos?
ydarwich@ual.mx
