En México no existe la responsabilidad política; los gobernantes mexicanos siempre encuentran a los chivos expiatorios en los niveles más bajos de la administración pública y les atribuyen todo tipo de responsabilidades formales: económica, administrativa y penal, pero se olvidan que de la existencia de la responsabilidad política atribuible únicamente a los servidores públicos electos directamente por la ciudadanía o a los designados directamente por éstos, es decir, secretarios y subsecretarios, integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Superiores de Justicia en los Estados, integrantes de los órganos de gobierno de los organismos autónomos, entre los principales.
La responsabilidad política es en función del ejercicio del poder que hace el servidor público electo o designado en los niveles más altos a través de diversos mecanismos y, en todos los casos, existen vías jurídicas para evaluar dicho ejercicio, como puede ser a través del juicio político; pero va más allá de la responsabilidad jurídica, que ejerce directamente el ciudadano a través de su voto o a través de la llamada rendición de cuentas social, es decir, de la construcción de una opinión pública exigente, crítica y demandante del cumplimiento de los deberes y obligaciones de dichos servidores públicos.
Es esta responsabilidad política la que conduce a los servidores públicos a renunciar a sus cargos, incluso si fueron electos, sin esperar los veredictos de las instancias jurisdiccionales competentes o inclusive en algunos casos, antes de que se inicien los procedimientos o sin que exista la posibilidad de iniciarlos, pues no existen responsabilidades formales que atribuir.
Entre los casos más sonados de renuncias por responsabilidad política se encuentran el de Richard Nixon, el 9 de agosto de 1974, tras el famoso escándalo de Watergate, antes de llegar al impeachment (el juicio político norteamericano) el entonces presidente norteamericano prefirió renunciar; y el de Willy Brandt, primer ministro alemán, quien renunció a dicho cargo el 7 de mayo de 1974, tras de que se descubrió que Günter Guillaume, uno de sus asesores, era miembro del Stasi (servicio secreto de la Alemania comunista), en este caso difícilmente se le podría haber fincado una responsabilidad formal, sin embargo, él sintió que le había fallado a sus electores al haberse equivocado en la selección de uno de sus colaboradores directo y haber puesto en riesgo la seguridad nacional.
Ante la escandalosa y vergonzante fuga de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", por supuesto que debe haber muchos servidores de los niveles medios y bajos que tienen responsabilidades formales de tipo administrativo y penal; pero también los hay que tienen responsabilidad política y no son los que están en los niveles de directores, sino a nivel del mismo presidente de la república, secretario de gobernación, subsecretarios de dicha dependencia y comisionado nacional de seguridad.
La renuncia a sus cargos no es evadir los problemas como señaló Monte Alejandro Rubido, Comisionado de Seguridad Nacional, cuando fue cuestionado por la conductora Adela Micha, si había pensado en renunciar a su cargo; ni tampoco es una muestra de enojo o una expresión de ira, como pretendió dar a entender Peña Nieto a su regreso al país, tras su gira por Francia. No, la renuncia o separación de sus cargos de los más altos funcionarios del gobierno es una muestra de vergüenza y responsabilidad por el mal uso que hicieron del poder y el daño que le infringieron a la nación.
Esto es precisamente lo que ilustra el caso de Willy Brandt, quien al tener conocimiento de que una de las personas con las que interactuaba personalmente era un espía de uno de los países enemigos, simplemente asumió su responsabilidad y renunció a su cargo; no eludió o evadió el enorme problema, al contrario lo enfrentó en toda su dimensión.
Sin embargo, como ha sido la constante en el actual gobierno federal ante la fuga del Chapo todo se quiere resolver con el sacrificio de funcionarios menores: el lunes 13, dos días después de la fuga y cuando recién regresó al país el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de inmediato dio a conocer la destitución de Celina Oseguera Parra, coordinadora general de centros federales de readaptación social; Juan Ignacio Hernández Mora, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; y Valentín Cárdenas Lerma, director del penal del Altiplano.
Si se considera al presidente, como el primer nivel; a los secretarios, como el segundo; y a los subsecretarios, como el tercero, son gente que mínimo se encuentra en el cuarto nivel de la administración pública federal, que por supuesto pueden tener eventualmente responsabilidades formales o haber cometido errores que propiciaron la fuga del capo; pero ninguno es de los niveles en los que recae la responsabilidad política.
El viernes se dio a conocer que fueron consignados formalmente 7 trabajadores del penal federal del Altiplano acusados del delito de evasión de un preso que estaba siendo procesado por delitos contra la salud, para evitar que puedan solicitar su libertad bajo fianza. Seguramente son custodios y personal operativo, sin ningún tipo de responsabilidad directiva.
El presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya dejaron claro que ese es el nivel en el que piensan dejar la atribución de responsabilidades, ellos cínicamente, como también hicieron cuando se les imputó el conflicto de interés por sus bienes inmuebles, no aceptan su incapacidad para gobernar ni ningún tipo de responsabilidad por el daño que le infringen al país por sus errores.
