La partida del año no provoca el suspiro de alivio que suscita la superación de una dificultad... aunque la reactivación y participación social en asuntos de importancia marcaron la diferencia.
A los tres grandes problemas -corrupción, inseguridad pública y violación de derechos humanos- que, desde finales de 2014, vulneran dentro y fuera del país a la administración, se sumaron o agravaron otros: economía, educación y diplomacia. Compleja circunstancia que, al provocar el desbocamiento de la carrera sucesoria al interior del gabinete, generó la pérdida del control de éste hasta fracturarlo. Todo sin mencionar el revés electoral que sufrió el partido en el poder.
A lo largo de los doce meses transcurridos, la administración no mandó una señal clara y contundente de la intención de acortar la distancia con la sociedad ni de enmendar alguno de los errores cometidos. En esa tesitura, el año entrante pondrá a prueba su temple, carácter e inteligencia ante el nuevo gobierno estadounidense y, a la vez, determinará su suerte y la de su partido en la próxima contienda por la Presidencia de la República.
Los sucesos del año reflejan no el desafío supuesto al encarar nuevos problemas, producto de la superación de otros. No, reiteran el deseo de administrarlos sin proponerse resolverlos, a través de medidas reactivas sin consecuencia cabal.
En el campo de la corrupción, la administración y su partido en paralelo con la oposición echaron mano del juego doble. Aceptaron la participación ciudadana limitada en la configuración de un sistema nacional anticorrupción, sin dejar de rasurar su reclamo -incluso, en la declaración 3de3, intentaron revertirlo-. Cedieron, ahí, donde dominan el terreno: crear un sistema de tal complejidad y dimensión, cuya efectividad está por verse, pero no pudieron reprimir la tentación -hasta ahora, conjurada parcialmente- de intentar colocar en posiciones claves de ese sistema a personajes dependientes del régimen sujeto a vigilancia. Y, claro, dejaron pendiente la legislación secundaria, fundamental en la instrumentación del combate a la corrupción.
Sin embargo, en la política, la administración no mostró una actitud consonante con la presunta disposición de ajustar la ley para combatir la corrupción. Los indicios de prácticas corruptas en la licitación de contratos públicos no fueron objeto de indagatoria. Asimismo, pese a la evidencia del desastre financiero legado por los gobiernos recién relevados en Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua, la administración no dio muestra de actuación firme y oportuna frente a los presuntos saqueadores.
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En materia de seguridad pública, la administración y los partidos no concretaron la legislación ni los instrumentos -a su parecer imprescindibles- para garantizar ese derecho. La inseguridad prevaleció.
No se legisló en lo relativo al mando policial único y mixto o a la seguridad interior. Se insistió en realizar operativos temporales de seguridad a toro pasado, ahí, donde el agravamiento de la situación exhibía la negligencia de la autoridad federal o estatal y no se replanteó en serio una estrategia distinta a la seguida durante la última década.
La delincuencia repuntó y, periódicamente, la sociedad fue testigo de tragedias inaceptables: secuestrados asesinados pese al pago del rescate, crecientes actos de "justicia por mano propia", violación de mujeres en autobuses asaltados, descarrilamiento de trenes, "ordeña" de ductos en la que ahora se justifica el desabasto de combustible.
Todo conspirando en contra del Estado de derecho y a favor de la subcultura de la barbarie y la violencia. Resuena aún la petición hecha en Acapulco pidiendo una tregua al fisco, a fin de cumplirle al crimen con la cuota de protección.
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En cuanto a derechos humanos, si bien destacó un cierto cuidado en la interlocución con las víctimas o los familiares de éstas en la atención de su desgracia, en el ámbito internacional y nacional la administración falló.
Rodaron por los suelos las versiones oficiales de lo ocurrido con los normalistas desaparecidos en Iguala o con los masacrados en Tanhuato. No sólo eso, se incurrió en nuevos errores: Nochixtlán. Y, otra vez, la resistencia a asumir el dislate provocó, a la vuelta de los días, el relevo sin más del mando de la Policía Federal y de la Policía Ministerial. Cambios operados como si nada tuvieran que ver con aquellos acontecimientos.
Luego, la pesadilla de las fosas. El remover la tierra que reabre las heridas y, ante la cual, la administración no acaba de fijar una postura.
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Esos problemas se mantuvieron como causa de la debacle de la administración y, al no ser resueltos, agravaron otros.
La violencia oficial en Nochixtlán echó por tierra la Reforma Educativa en Michoacán, Guerrero, Chiapas y, sobre todo, en Oaxaca, donde la disidencia magisterial presume estar exenta de aquella. La inacción ante la manifiesta corrupción en Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua... y otros estados se tradujo en la derrota electoral del partido tricolor. La adversidad económica y la pusilanimidad política, acompañada de la debilidad de la administración, hizo presa a México en la campaña electoral de Estados Unidos. La falta de liderazgo precipitó el desbocamiento de la carrera sucesoria al interior del gabinete hasta fracturarlo y debilitar a los precandidatos del partido en el poder.
Se fue el año sin resolver problemas y, por lo mismo, se agravaron otros. Por fortuna, la participación ciudadana atemperó algunos de ellos y, quizá, evitó que otros empeoraran. Sin embargo, si esa participación no se fortalece, acrecienta y articula, el año por venir puede ser mucho más complicado.
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