Como otras fechas en México, el 19 de febrero de 2006 ha quedado grabado en la memoria colectiva nacional como sinónimo de tragedia y negligencia. Tuvieron que morir 65 mineros en Pasta de Conchos, en la Región Carbonífera de Coahuila, para que el país volteara a ver las condiciones en las que los trabajadores de la industria extractiva laboran. No obstante, con todo y la exposición mediática que ha tenido el caso, diez años después siguen ocurriendo muertes y el avance en el cumplimiento de los compromisos gubernamentales es escaso.
Más allá de la exigencia, legítima aunque para las autoridades inviable, del rescate de los restos de los 63 mineros que quedaron bajo tierra, existen otras demandas que tienen que ver más con sancionar las omisiones y la negligencia de la empresa y las autoridades, prevenir las muertes de mineros, mejorar sus condiciones laborales y de vida y aumentar la regulación, control y supervisión de la actividad minera. Una revisión de la realidad actual permite concluir que no ha habido la voluntad para avanzar de manera sustancial en el tema, a pesar de la insistencia de las familias de los trabajadores, activistas y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
De 2006 a 2014, luego de la tragedia de Pasta de Conchos, se han documentado 105 decesos de mineros en la región, es decir, en promedio uno al mes. Esto a pesar de que ha habido cambios en la legislación para aumentar las sanciones contra las empresas y dar más facultades a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para vigilar y obligar a la corrección de las anomalías. Pero esto es lo que tiene que ver con las compañías mineras debidamente establecidas, porque se sabe que existen explotaciones de carbón fuera de la ley, los llamados "pocitos", en donde, incluso, el crimen organizado ha tenido participación en colusión con las autoridades.
Uno de los compromisos realizado por el gobierno de Coahuila en tiempos de Humberto Moreira fue el de construir en la Región Carbonífera un hospital para dar atención especializada a los trabajadores de esta importante industria que contribuye a generar el 10 por ciento de la electricidad del país, además de proporcionar insumos para la producción de bienes de consumo. Es fecha que el nosocomio no ha podido entrar en operación por la falta de presupuesto para su equipamiento.
A diez años de la tragedia en la mina 8 de Pasta de Conchos resulta lamentable que los familiares de las víctimas no hayan satisfecho aún su demanda de justicia, pero más lamentable es que las autoridades no hayan avanzado lo mínimo necesario para brindar mayor seguridad y calidad de vida a los mineros, quienes siguen estando en el sótano de los derechos de los trabajadores, a pesar del alto riesgo de su actividad.
