Cuentan allegados al presidente Enrique Peña Nieto que el mandatario concibe la designación de su eventual sucesor como la selección de su verdugo. Sólo esa idea explica por qué se le presta más atención y energía al pleito al interior del gabinete entre los precandidatos a sucederlo que al agravamiento de la emergencia nacional.
Los suspirantes tricolores están sueltos, el jefe de ellos no trae las riendas y el país se encuentra a la deriva.
Una doble y absurda paradoja encierra la circunstancia. La primera, aun cuando el favorito de Los Pinos alcanzara la postulación nada le garantiza alzarse con la victoria electoral. La segunda, la posibilidad del abanderado tricolor depende de la respuesta que se dé hoy a la circunstancia nacional, no mañana.
Por pura lógica, antes del 2018 está el 2016 y el 2017. Y, en este caso, el orden de los factores sí altera la suma. Incluso, puede arrojar por resultado una resta, si no es que un quebrado.
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Desde hace ya casi dos años se echa de menos al gobierno.
Como haya sido, después de sacar el marco jurídico que -desde la óptica presidencial- exigían las reformas estructurales, la administración perdió la iniciativa política, así como el impulso y el ritmo en la instrumentación de aquellas. Se entrampó hasta la inmovilidad en errores -el caso Iguala-, vicios -la corrupción impune- y problemas -la violación de los derechos humanos- que tenían solución y, por lo mismo, no se constituyó en gobierno.
De la virtud de anunciar sus intenciones y de la osadía de emprenderlas sin establecer prioridades, calcular las resistencias, ni valorar la condición y fuerza para afrontarlas, la administración hizo el vicio de aferrarse al dogma de creer que bastaban voluntad y deseo para concretar las reformas, y de abrir frentes innecesarios. De la intrépida aventura pasó a la locura sin destino.
La administración no apreció cómo las condiciones internas y externas variaban y, en su giro, vulneraban su anhelo. Renunció así a la necesidad de ajustar y rectificar la estrategia y, hoy, asediada por los problemas, en vez de determinar qué frentes cerrar y cómo hacerlo a fin de ampliar su reducido margen de maniobra, se precipita a resolver un problema que, aún, no se puede plantear: quién debe ser el muy eventual sucesor.
A la pérdida del liderazgo ante la opinión pública, el jefe del Ejecutivo suma un peligro: perder el liderazgo ante los suyos, el priismo que mira con recelo la intención de hacer de su partido, instrumento exclusivo de un grupo que no ha acreditado su prestancia política, su capacidad de gobierno ni su posibilidad de permanecer en el poder.
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A lo largo del sexenio, la administración en vez de acercarse a su principal objetivo se ha alejado de él: recuperar la rectoría del Estado en distintos campos.
El monopolio del uso de la fuerza ya no sólo se lo disputa el crimen, el desbordamiento de algunos movimientos sociales, así como el malestar de algunos sectores del PRI -señaladamente gobernadores aún en funciones y exgobernadores con ganas de reposicionarse- advierten la tentación de echar mano de la fuerza y, con ella, de la violencia. La administración no cuenta con la organización, la capacidad ni el despliegue policial necesario para abrirse más frentes y descuidar otros.
En el monopolio del tributo, el crimen también le compite. El cobro del derecho de piso, la extorsión, el pago del rescate de secuestrados, más de una vez ha orillado a las víctimas a pedir una tregua al fisco para poderle cumplir al crimen, apelando a la comprensión oficial frente a la barbarie criminal. Y, por si ello no bastara, el entorno económico advierte que frente al tamaño de la adversidad, no bastan las medidas postergadas por las elecciones y adoptadas después. Exige medidas más radicales y socialmente más dolorosas.
En el campo de la Reforma Educativa, la administración no está reculando, la está echando atrás el magisterio, desde el sindicalismo oficial y el disidente. En su concepto e instrumentación, absurdamente, esa reforma se planteó desde el inicio como una acción a pesar de los maestros y no con ellos. El resultado está a la vista y, por si éste no bastara, los secretarios involucrados en el problema lo usan a modo de ariete para golpearse entre ellos, a fin de ampliar sus posibilidades en el concurso por la candidatura presidencial.
En el terreno diplomático de las relaciones bilaterales y multilaterales, una y otra vez la administración ha patinado al punto de ser exhibido como un gobierno desatento ante los derechos humanos, afectado por la corrupción e incapaz de hacer valer el Estado de derecho o, bien, ha hecho de la diplomacia el ejercicio de viajar antes, durante o después de tener problemas en casa. A China después de Iguala, a Francia mientras "El Chapo" se escapa, a Canadá mientras el magisterio bloquea al país.
Y, en el colmo del absurdo, en vez de atender y cerrar frentes, abrir otros.
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Ante ese cuadro donde la estabilidad política se tambalea, la paz social se diluye, la violencia criminal repunta, el entorno mundial amenaza la economía y el nombre de México en el exterior es motivo de condena o protesta, asombra que la administración priorice como asunto a resolver qué grupo del gabinete debe tomar las riendas de su partido.
Si el desencuentro nacional siempre ha arrojado por resultado la polarización que amenaza fracturar la convivencia, el desencuentro al interior del priismo siempre ha arrojado por resultado la violencia política.
Queriendo resolver la sucesión, la administración y su partido anticipan su derrota y dejan el país a la deriva.
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