En un hecho sin precedente la CNDH podría determinar que se les violaron los derechos a elementos de las fuerzas armadas. (ARCHIVO)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja para investigar la actuación de las autoridades de Sinaloa para determinar si hubo omisión y se les negó el derecho a la justicia a los militares emboscados el pasado 30 de septiembre en Culiacán.
En un hecho sin precedente la CNDH podría determinar que se les violaron los derechos a elementos de las fuerzas armadas.
La queja fue aceptada y radicada en la segunda visitaduría quien enfatizó que las guerras armadas en su actuación de apoyo a las policías de los estados, requieren certeza jurídica y reiteró el reconocimiento a los elementos de las fuerzas armadas para propiciar seguridad en distintas zonas del país.
El pasado 9 de octubre, el abogado César Gutiérrez Priego, hijo del general fallecido Jesús Gutiérrez Rebollo, presentó una queja ante la CNDH respaldada por 2 mil firmas de familiares y militares en retiro desde sargentos hasta generales, por actos de omisión de las autoridades locales al no brindar apoyo de manera inmediata al convoy militar.
En días pasados el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, explicó que se analizaba si era de su competencia, y que en caso de que se les negará acceso a la justicia a los militares emboscados "se estaría hablando de violaciones a sus derechos".
De acuerdo con Gutiérrez Priego, lo que buscan es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligue al legislativo para que emita una ley que regule cómo debe ser el trabajo de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico.
La queja va enfocada a todas esas autoridades municipales, estatales y federales que no brindaron el apoyo después de las llamadas de auxilio y que vulneraron los derechos humanos del personal militar, según consta en el documento.
