Como botón de muestra sobre la podredumbre que impera en el Gobierno de Coahuila bajo el moreirato, se presenta la detención ocurrida el lunes pasado del titular de la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEC), con sede en la ciudad de Monclova.
De acuerdo a la información aparecida el día de ayer en El Siglo de Torreón, el licenciado Genaro Azkary Soto Flores fue detenido en cumplimiento de una orden judicial de aprehensión, por el delito de secuestro que se le imputa como autor material en perjuicio de una persona a la que se le acusa de haber secuestrado y liberado posteriormente, mediante el pago de veinte mil pesos de rescate.
Lo anterior resulta inusitado si consideramos que por definición legal, la CDHEC tiene por objeto regular el estudio, promoción y protección de los derechos Humanos en el Estado de Coahuila, y el funcionario implicado en el secuestro que es objeto de comentario, en su carácter de Visitador, era titular y principal responsable del órgano ejecutivo de la Comisión, en la Cuarta Región que abarca los municipios del centro de la entidad con sede en la ciudad de Monclova.
La acusación en comento resulta desconcertante, porque Soto Flores entró a trabajar a la CEDHC desde 2004, y desde el puesto de notificador ascendió en el escalafón hasta la posición más importante del área territorial en la que desempeñó el referido cargo de Visitador los últimos dos años. El perfil de la función corresponde al de un profesional altamente calificado y comprometido en vigilar a las autoridades de los niveles estatal y municipal, en cuanto al respeto a los derechos humanos entre los que se encuentra el derecho a la vida, la libertad, la legalidad y la seguridad jurídica, cuyo cumplimiento riguroso exige el desarrollo de toda función gubernamental, por lo que el presunto secuestrador trabajaba en una de las áreas de la administración pública, que por naturaleza son más sensibles.
Cabe decir que el funcionario de que se trata se ha distinguido durante su trayectoria por hacer señalamientos frecuentes en relación a la desaparición y tortura de personas, allanamiento de domicilios y abuso de autoridad en contra del Grupo de Armas Tácticas Especiales (GATE), así como de la Policía Investigadora y el Ministerio Público dependientes de la Procuraduría de Justicia de Coahuila.
El hecho de que el personaje en cuestión sea señalado hoy día como responsable material de un hecho criminal tan grave como lo es el secuestro, plantea dos hipótesis. La primera que implica que la infiltración del crimen invade todo nivel y rincón del gobierno de Moreira y la segunda, que lleva a sospechar de una persecución política como respuesta y escarmiento a la trayectoria de un funcionario comprometido con la defensa de los derechos humanos, que ha hecho lo correcto frente a la propia estructura policiaca y ministerial del régimen.
Lo anterior quiere decir que si el funcionario de que se trata es culpable, los coahuilenses debemos preguntarnos en manos de quién estamos, si un defensor institucional de los derechos humanos es capaz de cometer semejante felonía, con el descaro que supone haber participado de manera personal en el secuestro como indica la acusación.
Si por el contrario la acusación resulta infundada, estamos frente a un estado policiaco que desvía los recursos que tiene asignados para la seguridad pública y la procuración de justicia, y los dedica a perseguir a los ciudadanos disidentes y hasta a los mismos funcionarios que luchan por el respeto a los derechos humanos y porque prevalezca el estado de derecho.
El juicio del funcionario en cuestión no debe quedar en manos de los jueces de Coahuila. El hecho y sus implicaciones son tan graves que por elemental sentido de objetiva imparcialidad, exigen que la investigación y el juicio correspondientes sean atraídos por la Procuraduría General de la República.
