Situación. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional en los penales se debe dar seguimiento a los protocolos de seguridad. (ARCHIVO)
Con relación a la llegada de todos los sentenciados del país por el delito de secuestro al Cefereso de Gómez Palacio, el Observatorio Ciudadano Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad apuntó que si el penal tiene las características de seguridad, si cuenta con autoridades capacitadas y si se siguen los protocolos de actuación, esta podría ser una buena medida.
Sin embargo, señaló que en la actualidad, existen algunos pendientes en el Sistema Penitenciario y particularmente en la prevención y administración de justicia. "Desafortunadamente el mezclar las poblaciones nos lleva a graves problemas, hoy tenemos en los penales del país mezclada a la población del fuero común con la del fuero federal y con los que ni siquiera han obtenido una sentencia", refirió Francisco Rivas, director del Observatorio.
Lo anterior, podría ocasionar que aquella persona que cometió un delito menor, pueda salir como un "experto en secuestro, en extorsión".
"Porque desafortunadamente en nuestros penales no rehabilitan, no son más que un centro de concentración de delincuentes, y tampoco previenen que ellos puedan seguir delinquiendo", afirmó.
De acuerdo con Rivas, los problemas del Sistema Penitenciario, se empiezan a gestar desde que ocurre un evento delictivo.
Desde un policía que no sabe hacer el resguardo de la evidencia, la cadena de custodia y hasta los peritos y ministerios públicos "que no tienen la capacidad para investigar y los jueces que dan sentencias sin rendir cuentas, sin sustento".
Estadísticas
Centros penitenciarios, en cifras.
⇒ De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional, el 40 por ciento de la población penitenciaria no ha sido sometida a un juicio.
⇒ En las cárceles de México existen 177 mil camas para más de 235 mil internos.
⇒ A nivel nacional, se han registrado eventos violentos "graves" en estados como Veracruz, Tamaulipas y Michoacán. Esto pone en evidencia la debilidad de las instituciones locales para combatir el delito.
