Agua: ¿derecho o mercancía?
En pleno estío, en un año con un clima fuertemente influido por El Niño y en un proceso de calentamiento global que se ha acentuado, los mexicanos estamos obligados a pensar en el tema del agua. Los políticos ya han demostrado su incapacidad de entender los incentivos que condicionan el comportamiento económico y han tomado medidas que sólo agravan la situación. Este es el caso de la decisión política de incluir en el artículo cuarto de la Constitución “el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para uso personal y doméstico”.
La creación de un “derecho constitucional al agua” no aumenta en una sola gota la disponibilidad de líquido en un país árido o desértico en dos terceras partes de su territorio. Tampoco genera recursos para construir y pagar la infraestructura para extraer, transportar y entregar agua en los hogares, ni para darle el saneamiento adecuado una vez que se usa. La única consecuencia práctica, fuera de dar a los políticos la posibilidad de presumir que se preocupan por los pobres, es impedir que se corte el servicio a quienes no paguen por el agua. El resultado es descapitalizar los servicios de distribución, lo que a la larga deja a más gente sin agua.
Este es claramente un enfoque fallido. El primer requisito para una política pública es que pueda lograr lo que busca. Crear un derecho constitucional artificial que reduce los incentivos y recursos para resolver los problemas vinculados al agua, es contraproducente.
Para realmente enfrentar el problema de escasez de agua es necesario entender primero la forma en que funciona el ser humano. Durante décadas los mexicanos hemos escuchado anuncios que nos piden cuidar el agua. Algunos son memorables: “Ciérrale”, “El agua se agota”… Pero el consumo no ha tenido ninguna modificación.
La experiencia nos demuestra que el agua se maneja de manera más eficaz y sustentable si se trata como una mercancía de mercado más que como un derecho humano. Las mercancías tienen un precio que fluctúa según las condiciones de oferta y demanda. Cuando un producto se vuelve escaso, su precio sube y genera incentivos para aumentar la inversión y la oferta. Si la mercancía tiene un precio demasiado bajo, aumenta el consumo y baja la producción.
La Ciudad de México, por ejemplo, regala o vende el agua a precios excesivamente bajos, lo cual ha generado que el consumo sea tres veces superiores al de ciudades desarrolladas como Barcelona. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México no ha tenido los recursos para invertir en mejorar la infraestructura e impedir fugas. Mucha gente no tiene agua en consecuencia. Tener un sistema de precios realistas no sólo habría sido más justo sino que habría preservado de mejor forma este valioso recurso natural.
El problema es que las soluciones de mercado, aunque sean más eficaces, son rechazadas por los políticos. Para algunos es una cuestión de principios: el mercado es inaceptable aunque sea una forma más eficiente de manejar los recursos de una sociedad. Para otros es cuestión de conveniencia. Si el mercado le garantiza el agua a una familia, ésta no tiene que agradecerle a nadie el servicio. Pero si un político es el que lleva agua a un hogar, y además no cobra nada o la da a un precio artificialmente bajo, la familia le debe un favor a ese político. Y a los políticos les encanta cobrar favores.
Twitter: @SergioSarmiento
